Los problemas hídricos son más serios en el Perú que en otras partes del planeta, y aunque varios han empezado a resolverse, requieren mayor acción concreta
por HECTOR COLLANTES
Decenas de niños del colegio Nuestra Señora de los Dolores del distrito de Cerro Colorado marcharon el sábado 21 de marzo en Arequipa. Su motivo era simple: reclamaban un uso racional del agua en la víspera del día mundial de ese recurso.
Probablemente pocos les hicieron caso. Para algún apresurado, esto equivale a esnobismo educativo, a una marcha con sentido en otro país y no en el Perú. A fin de cuentas, las ideas sobre el cuidado del agua resultan lugar común y en un país con 77,600 m3/persona al año (la mayor disponibilidad de agua dulce renovable per capita en América Latina) que mira al océano más grande del mundo, que alberga al lago navegable más alto del planeta y cuyas cumbres dan origen al río más caudaloso del globo terráqueo, esa discusión parece políticamente correcta pero ni urgente ni importante. Además, el Perú no emite tanto CO2 como sí lo hacen los países desarrollados. Es como si en esta escena le tocara al Perú ser espectador de los malabares de algunos países ricos u otros países áridos.
Pero no vaya tan rápido, tal vez esos niños de Cerro Colorado tengan razón.
El compás de esa marcha infantil coincide con el de varias conferencias referidas al agua. Tal como menciona el Reporte de Desarrollo Humano del 2006, en lo que a manejo del agua se refiere hay superávit de conferencias y déficit de acciones. Por ejemplo, este mes de marzo, la Convención Mundial del Agua -que se realiza cada tres años- se celebró en Turquía, y por estas tierras el tema no resultó ajeno, pues la semana nacional del agua se celebró en la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
Así, ya puede decirse que las discusiones mundiales en torno del agua se tornaron políticas y económicas. Qué mejores muestras de ello que las marchas en Estambul contra la privatización del agua, que se haya divulgado proyecciones y propuesto un plan de acción de 12 puntos para prevenir su futura escasez en el último Foro Económico Mundial en Suiza o que el día mundial del agua haya tenido de tema principal a las aguas transfronterizas.
El vínculo con la escena internacional no resulta, sin embargo, tan novedoso. Incrementar el acceso a agua potable es, después de todo, un Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Y resulta ser el que tiene sinergias más fuertes. Así lo indica un estudio para el Perú sobre el logro de los ODM en el 2015 del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico en el 2004. Dicho estudio encontró que perseguir las metas individualmente implicaría un costo adicional total de 1.33% del PBI cada año, pero que las sinergias entre el agua, saneamiento y salud, permiten reducir ese gasto adicional a un promedio de 0.95% si se persiguen todos los objetivos en forma simultánea.
Vista de aquel modo, la abundancia de agua es una bendición para el Perú. Pero vista en la práctica, se trata de una bendición esquiva. Debido a la creciente litoralización de la población, el agua puede ser abundante pero resulta mal distribuida en el Perú. La poblada costa, donde se concentran muchas actividades económicas, dispone de 2,900 m3/persona al año; la despoblada selva, en cambio tiene 643,000 m3/persona al año –o, lo que es lo mismo, un 80% de los recursos hídricos para el 10% de la población-. Mientras, un habitante de la sierra dispone de 37,200 m3/persona al año. La situación no es estática, pues a la creciente dinámica poblacional se suman la presión del crecimiento económico sobre los recursos hídricos y los efectos del cambio climático.
Sobre la acción del cambio climático en la disponibilidad de agua y sus efectos en la economía existen estudios de casos aislados, pero faltan investigaciones comprensivas.
Por citar un ejemplo, un estudio de la cuenca del río Santa –la más investigada–, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2007, indica que el efecto del derretimiento de los glaciares en la obtención de agua en esa zona puede equivaler a una disminución de 20% o hasta de un 40% durante los meses sin lluvia. Eso afectaría a la agricultura que se desarrolla entre 2,000 y 4,000 metros sobre el nivel del mar y a la planta hidroeléctrica del Cañón del Pato que produce el 5% de energía eléctrica del país. También pondría en peligro a un área comercial de US$100 millones anuales en la costa, a dos proyectos especiales de irrigación (Chavimochic y Chinecas) y a sus campos agrícolas, pues el agua de riego representa casi la totalidad de la irrigación disponible en medio de la aridez del norte. Asimismo, habrá dos grandes ciudades de un millón de personas en población conjunta que sufrirán de menos agua potable (Chimbote y Trujillo). Ya existen estudios (como el del Banco Mundial en el 2006) que indican la insuficiencia de las precipitaciones en Chavimochic y Chinecas. Y por si fuera poco, es difícil hacer más reservorios debido a la agreste geografía del lugar.
Por otro lado, los potenciales costos ocasionados por una disminución del agua del Santa en la central hidroeléctrica del cañón del Pato, siempre según el estudio del PNUD, oscilan entre US$6 millones y US$72 millones por año. Éstos se elevarían a US$12 millones y US$144 millones si se sumara una ausencia de derretimiento. Para el total del sector energía del Perú (abastecido por hidroeléctricas en un 80%), el costo estimado es de entre US$60 millones y US$748 millones anuales por desglaciación reducida, y US$120 millones y US$1,500 millones al año si no hubiere derretimiento alguno.
Otro sector potencialmente afectado por los efectos hídricos del cambio climático es la agricultura de regadío, que aporta alrededor de las dos terceras partes de la producción agrícola. La superficie total de regadío ocupa aproximadamente 1.7 millones de hectáreas, de las cuales 1 millón se ubica en la árida costa, que depende casi en su totalidad del riego. Los protagonistas del boom exportador como el espárrago, la alcachofa o la caña de azúcar para el etanol utilizan mucho agua; y en los últimos 30 años, el retroceso de los glaciares ya ha determinado una disminución de la cantidad de agua en disponible en un 12%. Esta disminución se viene acelerando -particularmente debido a la ineficiencia del uso del agua en el riego, que el Banco Mundial estima en 35%-, por lo que más estudios específicos o desarrollos exhaustivos para la región costera ayudarían a determinar si la agricultura en el ritmo actual es sostenible en el futuro.
A su vez, la minería consume un 2% del agua en el Perú, según estudios como el de Douglas Olson, del Banco Mundial. Pero otros, como Anthony Bebbington, de la Universidad de Manchester, sugieren que este porcentaje es de 5% y está subestimado, puesto que los proyectos mineros suelen ubicarse cerca de cabezas de cuencas y dado que sus efectos en la calidad del agua también deberían estar internalizados. Además, los conocidos conflictos mineros tienen un ribete distinto si se observan las cifras: el 48% de los 218 conflictos sociales registradospor la Defensoría del Pueblo en febrero de 2009 fueron de carácter socioambiental, la mayoría vinculados a problemas de manejo de agua. Esta información se condice con el último estudio de Oxfam publicado para los países andinos sobre el manejo del agua, según el cual más de la mitad de los ríos mayores del Perú, de Ecuador y de Colombia están severamente contaminados y algunos de ellos tienen tramos declarados biológicamente muertos. En el país, ése es el caso específico de los ríos Mantaro, Ene, Corrientes, Huaytará, Napo, Ramis, Rímac y Chira.
Dos de las principales críticas a la administración del agua en el Perú acaban de ser superadas. Primero, se ha modificado la Ley de Aguas por primera vez en 40 años. Y luego, se ha creado una Autoridad Nacional del Agua (ANA) que regule el recurso hídrico.
Hubo varias propuestas anteriores para modificar la Ley de Aguas. Incluso se llegó a discutir la creación de un mercado de aguas similar al de Chile, el único país del mundo en haber privatizado la propiedad del agua, pero la idea no prosperó. De hecho, en el país del sur algunos pueblos han tenido que dejar sus tierras por su imposibilidad de acceder al recurso. Y después de todo, no existe la misma cultura de creación de mercados en el Perú, donde la solución está más cerca de la regulación y tarificación.
El hecho es que la nueva Ley resta el tradicional poder sobre el agua que tuvieron las juntas de regantes y los varios intereses en juego demoraron su salida. El resultado final es, sin embargo, beneficioso en opinión de Rafael Melgarejo, abogado del estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados, para quien esta ley tomó lo mejor de las propuestas anteriores e incluyó los pedidos sociales surgidos en la discusión parlamentaria. No obstante, el especialista en legislación de recursos naturales encuentra tres problemas iniciales: la ambigüedad en la definición de funciones de los Consejos de Cuenca (pues algunos artículos parecen darle labores administrativas a este órgano consultivo), la disposición de intangibilidad de las cabeceras de cuenca (que podrían impedir el uso del recurso) y la indefinición de la vigilancia de la calidad del agua (se dice que varios reglamentos que vinculaban al Ministerio de Salud y de Agricultura habrían quedado sin vigencia y dejado vacíos legales).
Por otro lado, se espera bastante de la ANA en la reorganización de la gestión del agua. Luego de la Ley de Aprovechamiento de Recursos Hídricos dada la década pasada, se crearon muchas instituciones y funciones interrelacionadas entre varios ministerios respecto de su uso. Pero la ANA no sólo ordenaría la gestión entre instancias, pues se espera que haga administración regional efectiva según las cuencas de que se trate. Se desconoce todavía qué criterio utilizará la entidad para determinar el orden de prelación del uso del agua entre las varias actividades económicas activas en cada cuenca, o si cobrará tarifas distintas en temporadas de abundancia o estiaje. Pero como fuere, ese manejo diferenciado del agua permitiría precios diferentes de la misma cantidad de agua en diferentes cuencas. Este precio reflejaría su escasez relativa y la internalización de costos de vigilancia, reforestación y manejo ambiental.
Sin embargo, no faltan quienes discuten la idoneidad del control que el Ministerio de Ambiente (del que la ANA dependerá) puede tener con su todavía exiguo presupuesto. El Amazonas tiene el problema de que en Brasil -y en parte aquí- se está desertificando. Eso requiere controles y en dicho país, por ejemplo, ya asesinaron a una ecóloga involucrada con el tema. No obstante, la realidad es que ni el Perú ni Brasil contribuyen a los grandes niveles de CO2 en el mundo, sino países grandes como Estados Unidos y China, que bien podrían financiar la conservación ambiental del Amazonas, aunque la actual crisis financiera internacional haga utópica esta expectativa.
La gravedad de la situación peruana frente al agua y su vulnerabilidad climática exigen del Perú un rol más activo en la búsqueda de una solución global. El calentamiento global afectaría al Amazonas y, sin éste, el panorama hídrico descrito líneas arriba se volvería todavía más oscuro. Así lo expresó Robin Gwynn, enviado especial del Reino Unido en Seguridad Climática para Países Vulnerables, durante la presentación de nuevos resultados de modelaciones climáticas del Centro Hadley en Lima. De acuerdo con Gwynn, un consenso internacional de apoyo a los países en desarrollo capaces de ofrecer servicios ambientales beneficiaría directamente al Perú debido a sus posesiones amazónicas, por lo que el Reino Unido espera el liderazgo peruano en la Conferencia sobre Cambio Climático de la Naciones Unidas de diciembre de este año en Copenhague. Esto liberaría recursos para la protección de bosques y transferencia tecnológica, ya acordados desde la conferencia de Bali. El Reino Unido muestra interés, pues tiene la meta nacional de reducir a 60% sus emisiones de CO2 para el 2050.
Pero como está dicho, lacrisis económica internacional dificulta la adopción de tales acuerdos. Aunque para Nicholas Stern, quien redactara el primer documento de análisis económico del cambio climático ampliamente difundido, hoy por hoy se ha abierto al mundo la ventana de oportunidad más grande a partir la revolución de la tecnología de la información para emprender un cambio sin precedentes: procurar el crecimiento económico con bajo carbono. Si la urgencia nacional capitaliza la tendencia internacional, la solución verde para el problema azul podría ser, también, blanquirroja. ¿O será necesario que los niños de Cerro Colorado viajen a Copenhague?
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Recetas para combatir la escasez de agua en Lima
Opina Guillermo León, presidente del directorio de Sedapal
1. Incrementar la producción. "Se tiene previsto rehabilitar tuberías de la parte norte de la ciudad cuyas redes de agua potable y saneamiento no necesariamente siguieron normas técnicas al ser diseñadas. En algunos distritos de esa zona el agua no facturada alcanza niveles de 50% (la media de Sedapal es 36%) mientras en sectores recién rehabilitados es de 18%. Por otro lado, debemos dar señales de optimización de procesos dados al sector privado: Sedapal ya listó bonos en la BVL y obtuvo financiamiento del Japón y de una ONG alemana sin apoyo del Estado. Por algo la CAF ha incluido a Sedapal entre una de las 10 empresas estatales representativas en las que fomentará políticas de buen gobierno corporativo". 2. Optimizar el precio. "Se pretende lograr el reconocimiento de las tarifas de los tres servicios brindados: agua potable, alcantarillado y tratamiento de desechos. Cuando se terminen Taboada y La Chira, la población sentirá que debe pagar por esos servicios, y internalizará tanto los costos relacionados con estos tres servicios como los pagos por descargas de agua sin tratar. También deben establecerse las tarifas y subsidios para los ciudadanos de la parte baja de la cuenca destinados a financiar la reforestación que minimice los huaycos en las partes altas. Esto debe hacerse gradualmente, siempre en combinación adecuada de tarifas con subsidio". 3. Racionalizar la demanda. "Se promoverán los hábitos ahorrativos con una campaña agresiva de sensibilización de la población para ahorrar agua. También se propiciará el cambio de uso de agua para el riego, para el que ahora se emplea agua potable o subterránea que podría usarse para consumo humano. Se tiene la meta de superar el nivel actual de micromedición en Lima y Callao, que alcanza un 70% (en 1996 sólo era de 6%) para que el cliente reciba una señal-precio adecuada del consumo que efectivamente hace y así pueda regularlo. Con esa medida, se ahorrarán cuatro m3 por segundo". 4. Mejorar la gestión. "Se logrará a través de más reservorios de almacenamiento de agua como Huascacocha y Huachipa, con una inversión de US$350 millones que estarán funcionando a inicios del 2011. Huachipa está más elevada que La Atarjea, por lo que implicará menores costos de bombeo. Los beneficiarios de las partes altas de San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Puente Piedra recibirán agua por gravedad las 24 horas del día. Además, se desarrollará la desalinización en Pucusana, Santa María, San Bartolo, Punta Hermosa, Lurín y Pachacámac. Gracias a la gran demanda en el mundo por la ósmosis inversa, se han desarrollado tecnologías, que ahorran un 70% de lo que antes costaba hacerlo". |
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