Obama y América Latina

El Inter-American Dialogue (ID) acaba de publicar, resumidas en una agenda de 10 puntos, sus recomendaciones al nuevo gobierno de Estados Unidos orientadas a lograr un realineamiento de su política hacia América Latina tomando en cuenta prioridades y preocupaciones hemisféricas. El informe hace énfasis en que el mayor desafío para Estados Unidos y cada país de la región es superar adecuadamente la recesión en curso, la cual podría tener consecuencias sociales bastante adversas. El informe fue preparado por un grupo de destacadas personalidades de Estados Unidos y América Latina, presididas por Ricardo Lagos y Carla Hills, y que incluyó también a Fernando Henrique Cardoso, Enrique Iglesias y Ernesto Zedillo.

Aunque reconoce ciertas mejoras durante los últimos años del gobierno de George W. Bush, el ID considera que las relaciones de Estados Unidos con la región están, en conjunto, en su punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría. Y aunque la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos abre una oportunidad especial para reformular la política norteamericana hacia América Latina, también es indudable que su gobierno enfrenta restricciones fiscales y desafíos internacionales y domésticos más urgentes.

La recesión iniciada como consecuencia de la crisis financiera en Estados Unidos viene generando efectos muy adversos en todos los países de la región: menor demanda por sus exportaciones, una caída en el flujo del turismo, las remesas y los flujos financieros para la inversión, todo lo cual contrae el crecimiento de las economías latinoamericanas y genera un mayor desempleo. Probablemente lo más relevante que Estados Unidos puede hacer por América Latina en el corto plazo es lograr que su economía vuelva a crecer. Y mientras tanto debe evitar un proteccionismo que afecte el comercio exterior y –como ya lo ha anunciado el nuevo secretario de Tesoro– ampliar los recursos del FMI y de los bancos multilaterales a fin de asegurar el financiamiento de programas anticíclicos en las respectivas economías de la región.

Cuba constituye el segundo punto de la agenda en el informe del ID. Es evidente que la política cincuentenaria de aislamiento y sanciones a la isla por parte de Estados Unidos no ha logrado efectos. La nueva administración ya ha venido flexibilizando algunas restricciones a los viajes y envío de remesas y es probable que, antes de la próxima Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago a mediados de abril, el gobierno del presidente Obama plantee un nuevo marco para la relación bilateral. Ello sería bien visto en la región.

De otro lado, la relación bilateral más relevante que tiene Estados Unidos es con México, país cuya seguridad interna se está viendo amenazada por una escalada de la violencia criminal. La mezcla del actuar de los carteles de la droga con una contracción de la economía azteca puede ser explosiva. El informe del ID opina que Estados Unidos debe aumentar significativamente su colaboración con el gobierno mexicano en materia de seguridad, incluyendo la posibilidad de establecer una autoridad bilateral fronteriza para coordinar mejor las actividades de supervisión y control.

Por otra parte, existe una globalización de la violencia criminal que no sólo afecta a algunos países o zonas, sino que amenaza con deteriorar la legitimidad de los gobiernos y la aplicación de la ley de todos los países. Según el ID, el gobierno de Washington debería analizar opciones para adoptar, en conjunto con sus países aliados en la región, estrategias integrales anticrimen en el Hemisferio, incluyendo el control del contrabando de armas en la región y una revisión de la estrategia contra las drogas.

La política de inmigración constituye otra prioridad crítica, en particular para México como para una docena de otros países del Hemisferio. Actualmente, hay 12 millones de indocumentados en Estados Unidos que deberían gradualmente regularizar su situación. El ID, por ejemplo, recomienda suspender la construcción de la muralla en la frontera de Estados Unidos con México y establecer sistemas alternativos más eficaces para atenuar la inmigración ilegal.

En materia de comercio, el gobierno del presidente Obama no va a avanzar en nuevas iniciativas durante los próximos años. Así lo dijo en la campaña. Sin embargo, el ID considera imprescindible concluir los procesos pendientes –la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de los tratados comerciales suscritos con Colombia y Panamá–, así como restablecer las preferencias arancelarias a Bolivia y considerar preferencias adicionales a Paraguay. Probablemente las conversaciones en curso entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos resulten críticas para definir un marco común para futuros acuerdos regionales y globales sobre comercio e integración.

La creciente influencia regional y global de Brasil constituye una nueva realidad hemisférica. Si bien es difícil proyectar una alianza de largo plazo entre Estados Unidos y Brasil, la cooperación de ambos países en temas diversos como cambio climático y desarrollo energético resulta crítica para darle coherencia a los esfuerzos regionales en la materia.

Por otro lado, es evidente que el mayor desafío regional al rol de Estados Unidos en el Hemisferio proviene del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se ha planteado como objetivo estratégico recortar su influencia. El menor precio del petróleo va a reducir su capacidad de acción en tal sentido. El ID recomienda restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, y considera que la mejor manera en que el presidente Obama puede atenuar la influencia del presidente Chávez es mejorando la colaboración de Estados Unidos con los demás países de la región.

Dicha renovación del liderazgo de Estados Unidos en la región debe pasar, según el ID, por la reafirmación del apoyo al sistema democrático, a la defensa de los derechos humanos y al reforzamiento de la OEA como instrumento para dichos propósitos.

Por último, el ID aboga por una acción inmediata del gobierno de Obama para reforzar la cooperación interamericana a Haití, la nación más pobre de la región, a fin de establecer un programa sostenible de largo plazo que atienda las necesidades más urgentes de dicho país.