Precios de alimentos, hambre e inseguridad alimentaria en el Perú

Por Eduardo Zegarra*

* Investigador de GRADE    

 El fuerte aumento en los precios de alimentos tuvo efectos adversos¹ en la población peruana. Según datos del INEI, la subida de precios fue importante para varios alimentos clave como aceites (42%), leguminosas (29%), otras menestras (27%), trigo (26%), arroz (24%), fideos (25%), pan (14%) y carne de cerdo (13%). Estos aumentos fueron de tal magnitud que, aún en un contexto de alto crecimiento económico, impactaron fuertemente en el consumo alimentario de la gente.  De acuerdo con los estimados del INEI, el porcentaje de la población con déficit calórico subió de 26 a 33% a nivel nacional en el periodo de la crisis de precios (ver gráfico), revirtiendo una tendencia decreciente de los dos años anteriores. El efecto fue particularmente fuerte en Lima Metropolitana (que subió de 15 a 24%), pero también se sintió claramente en el resto urbano y en las zonas rurales. La respuesta gubernamental a este problema fue insuficiente². No se tomaron medidas apropiadas para atender a la población más afectada ni si intentó generar un esquema institucional para enfrentar el problema. Parte de la parálisis gubernamental se explica por un inadecuado diagnóstico -centrado en la demanda agregada y el problema inflacionario-, pero también por la carencia de instrumentos de identificación de la población más vulnerable frente a este tipo de eventos. Al respecto, en un estudio que realizamos para la FAO³ identificamos que un 28% de la población peruana (es decir, casi 8 millones de personas) se encontraba en situación de vulnerabilidad alimentaria⁴ al momento de la crisis (ver cuadro).En el estudio se estimó que se requerían unos US$85 millones para compensar a todas las familias peruanas afectadas por la crisis de precios, con un promedio de US$57 por familia. Pero para ayudar solamente a las familias vulnerables -focalizando-, la transferencia requerida hubiera sido de solamente US$45 millones, a un costo de US$35 por familia. Lamentablemente no hubo la capacidad para asignar estos recursos y evitar un deterioro alimentario tan grave como el ocurrido. Una de las recomendaciones del estudio es que se implemente en el país un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de carácter multisectorial (actualmente hay un consejo, pero creado dentro del sector Agricultura) y con participación de los gobiernos regionales y locales y representantes elegidos de la sociedad civil. Este Consejo puede orientar al Presidente y a los ministros en las medidas más apropiadas por tomar en contextos de crisis como el que hemos vivido, usando la mejor información disponible y calibrando adecuadamente los criterios de eficiencia y equidad.

1Una forma directa de medir el impacto es el porcentaje de hogares con déficit calórico, que compara la ingesta de calorías en cada hogar con una norma considerada necesaria para las actividades cotidianas. Una persona con déficit calórico está pasando por lo que comúnmente se denomina hambre.

2 Cabe señalar que la única medida fue la de repartir bolsas alimentarias en zonas urbano-marginales de Lima Metropolitana a cargo del personal del Ejército. No se hizo nada en el interior del país, especialmente en la sierra rural y en la selva. Tampoco hubo un mínimo esquema de focalización en función a ciertos atributos de las familias o las zonas del país.

3 Zegarra E. y J. Tuesta (2008). “Impacto del incremento de precios de los alimentos en la población vulnerable del Perú”. Informe elaborado para FAO, agosto 2008.

4 Definida como alta probabilidad de que la familia tenga déficit calórico y esté dentro de los hogares pobres del país (ingresos por debajo de la línea de pobreza según INEI).