¿Enemigos íntimos?

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El Perú, como muchos países de la región, cuenta con una amplia batería de normas, planes de estrategia nacional, programas y comisiones encargadas de incentivar y “elevar el valor agregado y la competitividad” del país en general. De hecho, está vigente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021, a través del cual se habría dibujado el mapa de ruta por el que todos tendríamos que transitar a efectos de arribar a la tierra prometida del “desarrollo sostenible”, que en argot “tekky” se conoce como “Sociedad de la Información”.

Si existiera un checklist llamado “Cómo armar un Sistema Nacional de Innovación TIC”, habríamos cumplido ampliamente con uno de los elementos incluidos en nuestra lista. Esto, por cierto, siempre que el elemento “regulación o legislación” estuviera contemplado en ella. La pregunta que conviene formular ahora es si ese componente debe formar parte o no del checklist.

La imprescindible articulación

La experiencia comparada y las diversas recomendaciones de organismos multilaterales vinculados con la promoción de la tecnología explican que el checklist debe considerar un ingrediente de naturaleza transversal. Esto podría identificarse con la creación de un contexto favorable, dentro del cual la creación dinámica de un marco jurídico acorde con los cambios tecnológicos actuales es pertinente siempre que esa creación sea parte de un Sistema Estructurado.

La tendencia vigente respecto de la creación de políticas públicas facilitadoras de innovación, TIC y Sociedad de la Información habla de estructuras enlazadas e interdependientes, en las que las actividades de cada uno de sus componentes ejercen un efecto directo en los otros. Dicho en términos de Manuel Castells, se trata de crear una gran red público-privada y no componentes aislados. En ese sentido, la existencia de un marco normativo sólo tiene efectividad si es que el mismo sintoniza con los objetivos definidos en la red o sistema.

Este asunto no es poca cosa, debido a que –con frecuencia y ante la carencia de un Sistema Estructurado– muchos gobiernos, impulsados por su “horror al vacío”, comienzan a parchar el agujero con una retahíla de normas, lineamientos y planes nacionales que en sí mismos pueden terminar perjudicando la promoción de la innovación tecnológica, convirtiéndose en su peor enemigo.

En ese sentido, es importante reiterar que en sectores como los de TIC, sometidos a un constante cambio, ya sea consecuencia de los rápidos avances tecnológicos o por la cada vez más creciente competencia, es necesario evitar que la legislación penalice a los agentes innovadores, al tiempo que se favorece una intervención más consistente de largo plazo. En otras palabras, la legislación aplicable a este tipo de sectores debe considerar un análisis dinámico de los mercados y los agentes, o de lo contrario debería optarse por la omisión.

Regulación dinámica para no entorpecer

Desde nuestra opinión, el Perú carece de un Sistema Nacional Estructurado de Innovación de TIC. Por esa razón, las normas y planes existentes no logran concluir sus objetivos, y dejan el proceso a medio camino. Probablemente, un paso fundamental para que la regulación no sea una enemiga de la innovación sería diseñar (de una vez) el sistema. O, dicho en términos más simples, el plan de acción (con metas y metodología de following up) que el Perú considera acorde para lograr un desarrollo tecnológico con equidad.

Dicho sistema o plan debería además considerar un adecuado mecanismo de financiamiento que evite dilatar los procesos involucrados, partiendo de la evidencia histórica de que en el país la inversión en I+D es muy escasa (alcanza sólo el 0.1% del PBI, según elPlan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano). Tal vez, algunos modelos de fondos de innovación público-privados –como los casos de Corfo en Chile o Tekes en Finlandia– pueden representar una respuesta adecuada a la carencia de partidas públicas ad hoc, al mismo tiempo de significar un mecanismo de coordinación permanente de los distintos actores del sistema.

Esta propuesta corresponde, además, a la manera en que se han estructurado centros de innovación tecnológica en Corea del Sur o Finlandia, donde además la apuesta por la tecnología implicó establecer una serie de interconexiones entre tres agentes fundamentales, desde una aproximación público-privada. Superadas estas iniciales barreras estructurales, algunas normas que un marco legislativo dinámico habría de contemplar podrían ser:

1. Actualización de la legislación para la protección de la propiedad intelectual: Que contemple un análisis real de los entornos digitales que promueva la innovación vía excepciones y limitaciones al derecho de autor y más posibilidad de fair use, tal como indica Ruzika Kresalja.

2. Legislación sobre protección de datos personales en el ámbito de las transacciones electrónicas: Sea que nos relacionemos a través de medios electrónicos con el Estado o con los particulares, un elemento de incentivo es la seguridad, a fin de evitar situaciones perjudiciales, defraudaciones y distorsiones en los procesos de intercambio.

3. Legislación sobre delitos informáticos: Orientada a crear un entorno jurídico de seguridad para las operaciones que se realizan en línea (comercio y gobierno electrónico). Además, es imprescindible de cara a los estándares legales promovidos en los distintos tratados de libre comercio que el Perú viene suscribiendo con países socios.

4. Neutralidad de la Red: Garantizar que la Internet no va a privilegiar determinados tipos de comunicación a través de ella, para provocar la prestación de más servicios.

5. Política de incentivos financieros y tributarios: A través de fondos de financiamiento APP, como el caso de Sintra en Finlandia.

6. Defensa en línea de los derechos del consumidor: Crear una autoridad ad hoc con facultades para brindar asistencia técnica y cooperación a nivel internacional a efectos de salvaguardar los derechos de los consumidores en las transacciones en línea (protección de la privacidad, medidas de fiscalización, instancias de mediación, etcétera).

El eterno rol del Estado

El impulso del desarrollo tecnológico puede venir del lado de los propios privados, como naturalmente suele ser. Pero es primordial que el Estado asuma un rol promotor, mediante el cual cree un marco legal dinámico y unas instituciones adecuadas para apoyar la investigación, así como incentivos adecuados para la inversión, a través de alianzas estrategias o capitales de riesgo públicos.

En la curva inferior se observa cómo la introducción precipitada de regulación/legislación, obliga al innovador a poner a disposición del resto de agentes el fruto de su innovación, con lo cual se limita el tiempo en que el innovador podría recuperar las inversiones asociadas al nuevo proceso. Por el contrario, en la curva superior se observa cómo la ausencia de regulación/legislación deja en manos de la capacidad de los otros agentes el momento en el que existe la posibilidad de ofrecer un servicio equivalente, para beneficio del resto de la sociedad.

Públicos y privados: juntos y revueltos

Un Sistema de Innovación adecuado debería sostenerse en una red de interacciones. Primero, el Estado marca el rumbo a universidades y empresas a través de la financiación y del control del marco reglamentario aplicable a este financiamiento. Luego, las universidades suministran innovaciones de investigación básica, así como estudiantes de talento a las empresas; además, acogen también a muchos inventores que reciben dinero público como estudiantes. Los inventores y las unidades informales de producción (el popular “Wilson” es un centro de innovación, pese a su informalidad) crean nuevas empresas de base tecnológica (EBT) y difunden un modelo abierto. Y por último, las empresas convierten las innovaciones en productos y suministran la base financiera necesaria para su éxito.