Manual para el perfecto gobernante antisistema

Por Héctor Collantes y Omar Obregón

 

Colóquese en el escenario del desastre. En ese caso el 2011 ve la elección de un presidente revanchista y deseoso de fundar un nuevo país gracias a clamores populistas irresueltos que ya podemos vislumbrar desde ahora. La tarea no le resultará fácil, pero sí factible pues –como se supone– algunos de los logros obtenidos tras 20 años de reforma sí pueden ser revertidos. A continuación, la descripción de cómo lo avanzado podría convertirse en fracaso.

 

Revisar la Constitución

Los discursos fundacionales usualmente llegan acompañados de una nueva Constitución que plasme los pedidos presidenciales, al estilo boliviano. Tranquilamente, el nuevo presidente podría plantear una segunda reelección, como ya se insinúa en Colombia o Brasil.

Pero en el camino se encontraría con que no existe mecanismo constitucional para convocar a Asamblea Constituyente alguna. Entonces, tendría que optar por una de dos opciones: obtener la aprobación del cambio planteado en dos legislaturas consecutivas con mayoría calificada (más de 2/3 del parlamento) o bien obtener dicha aprobación en una legislatura con mayoría absoluta (mitad más uno) y acompañarla de un referéndum.

El “mejor” de los escenarios le otorgaría un año a la aprobación de ambas legislaturas. Pero para Samuel Abad, abogado constitucionalista del estudio Echecopar, ningún candidato llegaría con mayoría al Congreso como para asegurarse tan altos niveles de votación. De manera similar, llevar a cabo un referéndum es complicado. Recuérdese que Hugo Chávez perdió uno y Fujmori consiguió ganarlo con las justas en 1993 en un contexto en que tenía el control de la ONPE y del JNE. Inspirado en el recluso ex presidente, quizá la única salida del antisistema sería volver a 1992, o sea, dar un golpe de Estado.

 

Quitarle independencia al Banco Central

La revisión constitucional propuesta seguramente habría trastocado la independencia del Banco Central con el objetivo de obtener financiamiento al sector público. Pero tal medida tendría que haber estado en el paquete inicialmente votado, toda vez que resultaría sumamente complicado conseguir una mayoría calificada en dos momentos diferentes. Aunque, en realidad, es poco probable que esa medida pueda incluirse en el paquete original de propuestas: una reforma así es muy impopular entre los enterados y difícil de vender a los legos. Por ello, un “presidente - dinamita” desistiría de incluirla en el paquete para así maximizar las opciones de su aprobación.

Le quedaría la modificación de la ley orgánica para alterar el control de dicha institución. A fin de cuentas, si todos los directores fueran políticos amigos del presidente, las medidas de independencia quedarían pintadas. Pero una ley de ese tipo sólo puede modificarse por el Congreso con más de la mitad del mínimo legal de asistentes. Tampoco parece factible si no ganase mayoritariamente en primera vuelta.

 

Denunciar el TLC con Estados Unidos

Arrebatos retóricos que sonarán a caribeños buscarán la distracción de los problemas internos mediante la atención a lo que viene de fuera. Se diría que el tratado limita la integración con América del Sur o que limita la soberanía estatal. Asimismo, motivos como los que azuzaron la reciente revuelta indígena en Bagua podrían seguir haciendo ruido para entonces; y una posible revisión del tratado comercial con Estados Unidos –si no su revocatoria– sería puesta en el tapete. Las críticas relacionadas con el retroceso en la inserción al mercado global o con la importancia del mercado estadounidense tratarían de contrarrestarse por el lado de la existencia del tratado con China.

Y es que el tratado comercial con Estados Unidos permite su revisión y eventual denuncia por cualquiera de las partes. Si la decisión política de declarar su revisión se toma, el tratado estaría paralizado desde antes que se oficialice su denuncia y los efectos serían inmediatos. El proceso de etapa de consultas, intervención de una comisión y establecimiento de un panel arbitral tomaría un año por lo menos.

Sin embargo, puede que la argumentación planteada resulte ser poco convincente hacia el 2011, cuando la recuperación económica estadounidense sea más clara.

 

Debilitar al Sistema Nacional de Inversión Pública

Las tendencias populistas del supuesto mandatario lo incitarían a arremeter contra los controles estatales de la inversión pública.

El SNIP, como todos los sistemas del Estado, se apoya sobre la base de una ley emitida por el Congreso. Eliminarlo requiere de la simple derogatoria de dicha ley para que los proyectos vuelvan a salir sin evaluación técnica. La actual administración no lo ha hecho porque un cambio así se vería como muy drástico y contraproducente contra la imagen de responsabilidad que se ha querido vender. Pero el sistema ha sido debilitado al exonerársele proyectos y acortársele plazos. Esa medida sería la favorita para debilitar al SNIP sin llamar la atención: el uso de decretos de urgencia que exoneren la evaluación de proyectos específicos. Así, la derogatoria de ley ya no haría falta. Pero si se desea inutilizarlo, quitarle competencia para evaluar proyectos con deuda pública sería como darle la estocada final.

Ahora bien, hay que notar que ni en Bolivia ni en Cuba se eliminan los controles a la inversión, porque justamente se desea controlar la acción estatal para favorecer a grupos muy específicos. Lo más probable, en suma, es que no se alteren los sistemas de control del circuito del gasto, como el SNIP, la Contraloría o el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional.

 

Revisar convenios de estabilidad de explotación de recursos naturales

Sobreganancias, contaminación y hasta predominio extranjero serían los dardos disparados contra una de las medidas que más ha promocionado el Perú para atraer inversiones que le han permitido –incluso en el 2009- concentrar más proyectos de exploración minera (5% de la tajada mundial) que en Rusia (5%), Chile (4%) o Brasil (3%).

La cúspide de la asonada se materializaría en una expropiación. Pero el Estado no otorga propiedad, sino concesiones mineras y contratos por lotes petroleros. Entonces, se buscaría una causal de resolución del contrato no ajustada a la ley porque el artículo 62 de la Constitución señala que estos son contratos ley que no pueden modificarse.

Un candidato de corte chavista podría obtener réditos electorales pero casi nula acción en este aspecto cuando llegue a Palacio. Quizá dejaría de otorgar nuevos convenios de estabilidad tributaria o crearía impuestos aplicables a futuras inversiones que ya no llegarían. Tendría que crear una agitación social de gran envergadura para bloquear carreteras en busca de asfixias logísticas o controlar la salida de dólares para conseguir la retirada de las empresas internacionales y tomar sus instalaciones. Y en esa situación, la posición del Estado sería indefendible ante instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial en Washington.

 

Renegociar la deuda externa

Los recientes defaults ecuatoriano y argentino podrían levantar sospechas de contagio. Pero no debe pasarse por alto que estuvieron acompañados de motivos que trascendieron lo ideológico. Estos motivos pueden encontrarse en los malos manejos macroeconómicos ocasionados por una ideología adversa a la sostenibilidad. Pero la moratoria no es parte de dicha ideología, como recuerda Andrés Montoya, gerente de gestión de productos de inversión del Banco de Crédito y ex asesor en endeudamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien rememora además cómo el Banco Central de Venezuela ha utilizado bonos hace relativamente poco, en el 2004. Es cierto que se emitían con el atractivo de ser el vehículo para sacar dólares del país, pero esto también indica que el modelo socialista en boga de la región no incluye la declaración de moratoria como parte de sus preceptos.

Entonces, la renegociación no es parte de la ideología ni podría pintarse de necesidad inmediata alguna para el Perú, pues tiene mejores fundamentos macroeconómicos que muchos otros países. Los niveles de deuda actuales (25% del PBI) son tan manejables (la de Estados Unidos ya va por 80%) que no afectarían a un gobierno antimercado. Además, el grado de inversión ya otorga tasas bajas. Recuérdese que aun en medio de problemas internacionales pudo emitirse deuda con tasas aceptables sin problema alguno. Si se hiciera, se eliminaría una buena trayectoria que permite endeudamientos baratos. No hay lógica en hacerlo.

En un escenario de manejo fiscal catastrófico de tres o cuatro años, la renegociación sí podría ser rentable. Pero incluso un candidato cercano a Venezuela como Ollanta Humala cuenta con asesores que evitarían tales decisiones.

 

Restablecer la negociación laboral por rama

El discurso laboral sería enarbolado para conseguir votos de gremios activos. Nótese que desde el 2006 a febrero del presente, hemos tenido huelgas ininterrumpidas que promediaron un 5.52 por mes por asuntos laborales.

Primero se potenciaría el poder de los sindicatos. Luego, la ley general de trabajo traería a la estabilidad laboral absoluta devuelta al Perú, así como la negociación por ramas y las previsibles presiones hacia los empleadores. Para llevar a cabo su cometido, los procesos no serían problema: basta con un decreto legislativo.

La oposición a las empresas sería alta. El Perú actualmente está dentro de los 30 países más proteccionistas del mundo, de acuerdo con el Doing Business 2009. “De aprobarse una ley general de trabajo así, estaríamos disputando claramente el primer lugar”, refiere Jorge Toyama, abogado especialista en temas laborales y blogger de semanaeconomica.com. Esto resultaría insostenible: los inversionistas (nacionales o extranjeros) se mostrarían renuentes a contratar trabajadores o se incrementaría la informalidad dentro del mercado laboral.

 

Controlar precios

Intentos –también insostenibles– por controlar precios de gran impacto popular, como el del pollo, serían resucitados. Tal vez se favorecería a algunos sectores o incluso se llegaría a establecer tamaños deseados de empresas o más controles de calidad, como en los tiempos de Juan Velasco Alvarado.

Pero justamente esa asociación jugaría en contra de la medida. Lo más probable es que aproveche el marco institucional vigente para colocar a funcionarios de ideas parecidas en la dirección de la autoridad de competencia. “Existen candados para la protección del Indecopi, pero a fin de cuentas, la llave la tiene el candidato antisistema”, señala Alejandro Falla, especialista en temas de competencia del estudio Bullard, Falla & Ezcurra.

También podría pedírsele a las reguladoras que expropien rentas a las empresas que han firmado contratos de concesión. Pero eso es más complicado, como se menciona líneas arriba. En ese sentido, Falla recuerda que hubo poco éxito en los ejemplos regionales de naciones más agitadas. La existencia de estos mismos mecanismos de protección al inversionista ha limitado a Chávez, Evo Morales y a Rafael Correa.

 

La anatomía del mal

El presidente “innombrable” libremente referido mutó de varias formas en el paseo ofrecido. Tal camaleonismo es esperable, pero también lo es la posibilidad de una definición más certera. Entonces, ¿qué entendemos por antisistema? El significado del término no se limita a la inclinación político-económica de un candidato, sino a su capacidad de entender las reglas de juego de la democracia. Así, puede llegar alguien de centroizquierda, con ideas quizá menos afines al libre mercado, pero que si gobierna bajo reglas de juego democráticas no tiene por qué representar un antisistema. También puede haber un antisistema de derecha, por cierto, e incluso un antisistema que cambie el actual arreglo institucional por uno mejor –esto último, cosa difícil y sumamente arriesgada, por lo que no merece mayor mención–. Por otra parte, la figura del demagogo es peligrosa, pues promete mucho y al resultar elegido no sabe cómo cumplir.

Pero tal vez la peor combinación posible es la del extremista demagogo y populista. En opinión del sociólogo y científico político Julio Cotler, dicha situación es aún posible a la luz de los recientes conflictos en las zonas alejadas del crecimiento económico.

Lo normal, en todo caso, sería que el antisistema provenga de un partido distinto del de gobierno. Con la única excepción de 1908, nunca en el Perú un partido gobernante ha conseguido que su candidato –distinto del Presidente en funciones– sea elegido. Asimismo, la experiencia desde 1980, permite creer que el Apra podrá ver reducida su presencia en el Congreso a unos siete congresistas en el 2011; por dramático que suene para el partido de la estrella, ése es el promedio del tamaño al que se reducen las bancadas congresales de los partidos inmediatamente dejan el poder. Tal como se menciona en la sección Indicadores de esta edición (página 24), la debilidad institucional y no la económica constituye el riesgo del retorno al péndulo.

Hace poco más de un año, el 61% de los peruanos respondió a Ipsos APOYO Opinión y Mercado que el Perú estaría igual o mejor en el 2011. No se abrume: el Perú al borde del abismo que era mejor visto con los ojos cerrados es el de inicios de 1990, no éste. La descripción hecha líneas arriba sirve al mismo tiempo como derrotero para la destrucción o como mapa defensivo. La elección es suya, recuérdelo dentro de dos años.

 

El foco de la resistencia

Las condiciones de hoy para la presencia de un antisistema son diferentes a las del 2006. Si se enfoca a Ollanta Humala como personificación del presidente arriba descrito, como pregonan diversos sectores políticos, se olvidaría que sus posibilidades de acceso al poder están disminuidas. A saber: la pobreza se ha reducido, ya tendría cinco años en política y también varios malos congresistas que lo desprestigian, así como menos ayuda de una debilitada Venezuela.

Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, encuentra cuatro fortalezas de naturaleza no reversible contra las presiones pendulares. La primera es la transición demográfica que ya empezó y permite un bono demográfico tal (Perú Económico julio 2008) que el crecimiento económico estaría firmemente favorecido. La segunda sería el visible deseo por no depender del Estado para alcanzar el desarrollo personal, que puede observarse en las altas tasas de emprendedorismo y en el 74% de universitarios que prefieren laborar en el sector privado, según cifras de Universia (Perú Económico agosto 2008). La tercera apunta al creciente vínculo del Perú con una sociedad globalizada con la que se compara a menudo por Internet; existe la paradoja de tener baja penetración de ancha banda pero altos niveles de acceso a Internet. La cuarta razón se refiere a las ventajas de la integración de aquellos sectores tradicionalmente aislados, en un contexto de desgastados discursos nacionalistas e indigenistas que movilizaría un tipo diferente de acción colectiva –mejor organizada y más cooperativa–.