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La etnicidad y las protestas sociales

Edición de Enero 2009
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¿Cuál es la relación de las etnias del altiplano con la economía, las instituciones y el orden político nacional?

Ciro Alegría Varona*

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* Profesor de la especialidad de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor en temas de seguridad y orden interno.

           

Las protestas regionales mediante bloqueos de carreteras se han vuelto parte del proceso democrático del Perú desde que terminó el régimen de Fujimori. Aunque los enfrentamientos causan daños y dejan víctimas, se reproducen dentro de un formato bastante previsible, que está lejos de tener visos insurreccionales y alimenta politizaciones de otro tipo. El sistema peruano de aplicación de la ley funciona lo suficiente como para inhibir, al menos en parte, el uso político partidario de la “acción directa”, de manera que los líderes de estas protestas son personajes locales que se cuidan mucho de no exhibir su conexión con organizaciones sindicales, económicas y políticas. No faltan interpretaciones políticas catastrofistas, tanto por parte de los que piden represión enérgica como por parte de los que quieren vincular estas protestas a organizaciones étnico-nacionalistas semejantes a las que ya operan en Ecuador y Bolivia.

Pero está bien claro que la politización generada por las protestas regionales no se convierte en el capital político de ningún grupo armado, ni revolucionario, ni tampoco de ningún partido, sino de un cierto tipo de candidato presidencial. Es el líder de una serie de “acciones directas” que, pese a su retórica radical, no desembocan en la creación de una organización insurreccional, sino de una alianza electoral. Hugo Chávez lideró una insurrección militar de corta vida, Alejandro Toledo encabezó la “marcha de los cuatro suyos”, Lucio Gutiérrez, la “marcha de los coroneles”, Evo Morales formó su capital político liderando a los productores de hoja de coca. Esta realidad de la revolución interrumpida, que es característica de América Latina, sólo se explica si se toma en cuenta la segmentación social causada por las diferencias étnicas. Los grupos étnicos guardan una relación exterior, limitada y calculadora con la economía de mercado y el Estado nacional que la protege. Están dispuestos a participar en acciones ocasionales para obtener ciertas ventajas y alejar ciertas amenazas, pero sus líderes no se integran del todo a organizaciones sindicales ni políticas que subordinen al grupo étnico al destino del Estado nacional.

Los grupos étnicos –muchos antiquísimos, algunos sorprendentemente nuevos– están conformados por personas que tienen su orgullo y honor en una determinada disposición psicofísica y capacitación en habilidades básicas para actuar y cooperar productivamente en un determinado hábitat de baja productividad. Suelen tener además diferencias culturales con la población integrada al Estado nacional, como las lenguas nativas o ciertas formas de culto, pero la cultura o civilización en sentido amplio (idioma, religión, memoria histórica) no es determinante para su diferenciación, como tampoco la raza. Por ello, el nacionalismo, como cualquier proyecto de construcción de Estado, hace esfuerzos por suplantar la identidad étnica por una identidad cultural y con frecuencia lo logra. De los proyectos estatales han surgido pueblos enteros, como el chino mandarín y el francés. Nuestro asunto es que el pueblo peruano que surge del proceso republicano comparte su vida con los grupos étnicos, los que no pueden identificarse con él sino al costo de disolverse en él. Por ello es que los miembros de las etnias del altiplano que ocupan masivamente los barrios marginales de las ciudades del sur mantienen una relación exterior, entre recelosa y astuta, con las instituciones de la economía y el orden político nacional. El fenómeno de nuestro tiempo es la etnicidad urbano-marginal, una etnicidad que no está en condiciones de reproducirse socialmente en este nuevo elemento pero sí está en condiciones de proveer de identidad y vínculos éticos a sus miembros para competir y resarcirse de sus desventajas.

El desafío actual es comprender esta realidad para impedir que se sigan cometiendo sistemáticamente abusos contra los miembros de grupos étnicos, tanto en el campo como en la ciudad. El peor de los abusos, el uso criminal de los grupos étnicos como escudos humanos en campañas de política armada y crimen organizado, ya tuvo una primera aparición en la forma de la “guerra popular” de Sendero Luminoso y sigue ahí, como amenaza, bajo formas todavía más insidiosas. Será difícil impedir que esto ocurra si no se detienen los abusos que los propios agentes formales cometen por ignorancia o arrogancia: la explotación irresponsable de recursos a costa del hábitat étnico, la movilización de los pobladores como mano de obra que queda después hacinada y pauperizada, la incapacitación de los miembros de los grupos étnicos mediante un sistema político y cultural que no reconoce sus formas de vida como fines en sí mismas.

 

 

 

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