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Economía

Las reformas liberales y la propiedad comunitaria

Edición de n 2008

 

Entendiendo las raíces de algunas protestas sociales

 

 

Por Richard Chase Smith *

*Director ejecutivo del Instituto del Bien Común

 

Los valores expresados por la ideología liberal, como las libertades individuales, la democracia y el mercado libre, animaron profundamente a los próceres de la independencia latinoamericana. Tal fue el caso de Simón Bolívar cuando ordenó, el 8 de abril de 1824, la parcelación de las tierras comunales en el Perú con el afán de liberar a los indígenas de las “ataduras” de la comunidad y de incorporarlos al nuevo Perú republicano como propietarios individuales, lo cual significaba condición de ciudadanía. Como veremos más adelante, los resultados no fueron los esperados.

La doctrina liberal, que data de finales del siglo XVIII, continúa inspirando a nuestros gobernantes más recientes, incluyendo a Fujimori y a García. Ellos también conciben a las comunidades indígenas como un anacronismo de un pasado colonial español, que aísla a los indígenas de los beneficios del mercado libre y globalizado y limita el mercado libre de tierras rurales en el Perú.

Este diagnóstico que ofrece el gobierno actual sobre la problemática de las comunidades indígenas y campesinas del Perú nos parece errado y los remedios que propugna en esta materia pueden resultar peores que la supuesta enfermedad. O poco entienden de la historia del Perú y sus pueblos indígenas, o es poco su interés.

La historia nacional nos ofrece valiosas pruebas de ello: en la época pos-Independencia, las familias criollas encargadas del destino del Perú no perseguían los mismos ideales igualitarios que Bolívar. Con el alza en la demanda de lana, algodón y azúcar en el mercado europeo de entonces surgió una nueva categoría de propiedad agrícola, el latifundio, y un nuevo sistema de explotación agraria basado en una mezcla de principios capitalistas modernos y prácticas feudales. La acumulación de tierras productivas en manos de la elite criolla y la mayor disponibilidad de mano de obra indígena, ambas una consecuencia del decreto de Bolívar, cambiaron la cara de la sociedad rural post independencia. Sin embargo, estos cambios no han significado una mejora en la situación de los indígenas, y tampoco su incorporación como ciudadanos iguales, sino todo lo contrario: han puesto en riesgo sus tierras –su única fuente de seguridad económica– y hasta el día de hoy no gozan de trato igualitario de parte del Estado ni el resto de la sociedad.

 

Detrás de las protestas

¿Por qué se están levantando las comunidades? En primer lugar, es muy importante entender que las tierras de las comunidades nativas y campesinas son de propiedad privada y común, pues pertenecen a todos los miembros de una comunidad; son un bien común privado compartido por la colectividad bajo una gran variedad de arreglos internos propios a cada comunidad. Estos arreglos pueden incluir zonas de uso individual (en comunidades campesinas, éstas suelen ser las tierras bajo riego), zonas de uso común (en estas mismas comunidades, suelen ser tierras para la siembra de papa y para pastoreo) y zonas de reserva y/o protección (fuentes de agua, lagos, cordilleras).

Cualquier cambio en estos arreglos o en la forma de tomar decisiones que atañen a la propiedad o uso de los recursos es un asunto de gran peso para toda comunidad, que merece ser tomado con mucha seriedad. La expectativa de los comuneros, al igual que la de los empresarios, es que el gobierno central no puede cambiar las reglas de juego, sobre todo en lo relativo a su propiedad, sin negociarlo con ellos.

Como sabemos, ninguno de los decretos legislativos (DL) que afectan a las comunidades y generaron protestas sociales a inicios de este año fue consultado. En contraste con esta actitud de cautela, los DL 1015 y 1073 favorecían que las comunidades pasaran de ser un bien común a ser un bien de propiedad individual sin que medie la debida consulta con la comunidad en su conjunto. El literal a) del DL 1015 dice: “Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por mas de un año, el acuerdo de Asamblea General requerirá el voto a favor de no menos de cincuenta por ciento de los posesionarios comuneros de más de un año”. Bajo tales decretos, este importantísimo cambio puede ser aprobado con el voto de sólo una parte de los propietarios –los posesionarios comuneros–, sin necesidad de tomar en cuenta el voto del resto de los miembros de la comunidad, que también son propietarios legales de las tierras comunitarias.

En este contexto, es clave entender la figura del posesionario comunero: por lo general éste es un miembro de la comunidad (en algunos casos ni siquiera llega a serlo) que ha logrado que alguna autoridad le expida a él o a algún antepasado suyo un documento certificando su posesión sobre una o varias parcelas dentro de la comunidad. Este proceso de certificación es informal, ya que no cuenta con una ley que lo respalde. Pero es generalmente reconocido por los comuneros dentro de las reglas de reciprocidad: la comunidad otorga al posesionario cierto derecho a exclusividad sobre las parcelas en su posesión a cambio de cumplir las obligaciones impuestas por la comunidad y respetar el marco jurídico comunal. Por ejemplo, en las comunidades campesinas de la pampa de Anta, en Cusco, la mayoría de las tierras bajo riego y más cercanas a los centros poblados han sido parceladas, y han quedado en manos de algunas familias posesionarias. Si bien esta situación puede causar resentimiento entre algunos comuneros, es aceptada por la mayoría.

 

Diferencias sustanciales

En las comunidades campesinas de la costa y de las zonas andinas, donde la producción es orientada a los grandes mercados comerciales, la tendencia de las últimas tres décadas es que las zonas de uso individual se vayan convirtiendo en parcelas de posesionarios comuneros. Según algunos investigadores del tema, los posesionarios comuneros constituyen la mayoría de los miembros de la comunidad en una parte significativa de las comunidades campesinas de la Costa y la Sierra. En general, estos posesionarios representan el sector más acomodado de una comunidad. Ése no es el caso, por cierto, para la gran mayoría de comunidades nativas de la Amazonía; en estas comunidades sí existen zonas o parcelas de uso individual, pero sus usuarios no se han convertido en posesionarios comuneros.

Algunos miembros del gobierno, haciendo referencia continua a los mismos principios liberales de Bolívar, aseguran que al facilitar esta parcelación se libera a las poblaciones campesinas e indígenas de las barreras impuestas por la colonia española, que cierran el paso a los beneficios de la economía de mercado. También afirman que este arreglo es moderno y democrático, lo que permitiría cambiar para siempre su situación de pobreza al permitir al indígena capitalizarse con la venta o la hipoteca de su parcela.

La realidad es otra. A partir de lo expuesto, los DL 1015 y 1073 no responden a las normas básicas de la democracia ni al respeto por la propiedad privada; y tampoco son “modernos” ni obedecen a los valores fundamentales del liberalismo. Así, muchos indígenas y campesinos los toman como una burla más. Ése fue uno de los comentarios más comunes que el autor escuchó de parte de los protagonistas Wampis del reciente levantamiento en Bagua cuando visitó sus comunidades en el Río Santiago (Amazonas) a mediados de septiembre. Repetían que el gobierno no sólo quiere quitarles sus territorios y recursos naturales, sino que también quiere burlarse de ellos.

La visión generalizada, que sea en la Selva Norte o en la Sierra Sur, es que el gobierno central quiere eliminar a las comunidades para facilitar el acceso a esas tierras a compañías de agroexportación, de minería y de extracción de petróleo. Sea esto verdad o no, lo cierto es que el nivel de desconfianza hacia el gobierno central y la clase política es altísimo.

 

Un tema de confianza

El valor de las tierras de las comunidades en el Perú no puede ser comprendido sólo desde una perspectiva mercantil. Es por eso que los comuneros indígenas y campesinos y las generaciones pasadas han resistido con tanta firmeza todo intento de quitarles esta herencia. Saben demasiado bien el sacrificio que les ha costado asegurar bajo un régimen de propiedad común los pocos espacios y recursos que les han quedado.

Recordemos el caso de la Comunidad Nativa de Tsachopen, en Oxapampa, que inició un proceso administrativo contra la Misión Franciscana de Quillazú en 1960 por usurpación de sus tierras ancestrales. Si bien a la comunidad (de 150 familias) le fue otorgado en 1975 un título de propiedad sobre un área de 900 hectáreas bajo la nueva Ley de Comunidades Nativas, la Misión recurrió primero a la Corte de Tierras para anular el título. Después de perder en esa instancia, inició un juicio civil que terminó en 1986 con un dictamen de la Corte Suprema a favor de la Comunidad.

En el Sur Andino, a fines de los noventa, cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar denunciaron a la empresa minera Tintaya por haber comprado tierras comunales a precios muy bajos, supuestamente utilizando la amenaza de ejercer unilateralmente la servidumbre, la intimidación de sus dirigentes y otras tácticas similares. Después de seis años de conflictos que bordearon la violencia, y con la intermediación del ombudsman de Oxfam Australia, se logró establecer una mesa de dialogo entre las comunidades y la compañía. Si bien sigue habiendo desacuerdos entre los comunidades y la empresa minera, la mesa de diálogo ha podido resolver algunos de los conflictos más serios y sigue sirviendo como puente entre las dos partes.

En los últimos quince años han aparecido muchos casos de conflictos muy serios entre comunidades locales y empresas con actividades extractivas. Existe un creciente número de casos, entre ellos los de Tambogrande y Majaz, en los cuales las comunidades –a menudo junto a otros pobladores locales– simplemente no quieren bajo ninguna condición la presencia de una industria extractiva. Bloqueos, protestas y sabotaje están dentro de la lista de tácticas utilizadas para disuadir la entrada de empresas a sus tierras, fuentes de agua, bosques, pastizales y lagos.

Los casos y las estrategias pueden ser variados, pero el fondo de todo es la desconfianza. Por eso, la mayoría de los comuneros optan por no arriesgar sus tierras y recursos naturales en procesos de parcelación individual, hipoteca o arriendo a terceros. Esta es una decisión perfectamente racional y democrática. Y es una decisión basada en las lecciones aprendidas de una larga historia de usurpaciones, burlas y engaños.

 

En torno del mercado

No obstante, los indígenas y campesinos tampoco son contrarios a todo tipo de relación con el capital: no rechazan asociarse con empresas cuando consideran que tal alianza puede reportarles beneficios. Bajo las leyes actuales tienen toda la libertad de establecer acuerdos y formar las sociedades que deseen. Es más, ya lo están haciendo con empresas de turismo, artesanía, crianza de ganado y extracción de petróleo, minerales y madera. Claro que estos acuerdos de negocios no siempre resultan beneficiosos para ellos; y, en algunos casos, hasta son motivo de abusos y engaños. Pero ellos están abiertos a experimentar y aprender.

Contrariamente de lo que piensan quienes propugnan las reformas mencionadas, los bienes comunes no son antihistóricos. Están presentes en todas las sociedades modernas y son necesarios para ellas. Pueden ser públicos y administrados por el Estado, como las áreas naturales protegidas, los bosques y las pesquerías. Algunos son privados y administrados por sus dueños, como las comunidades nativas y campesinas. Otros nos pertenecen a todos (la atmósfera, las aguas marítimas no territoriales) y su administración es objeto de debate y tratados internacionales. En su conjunto, los bienes comunes requieren ser debidamente cuidados y administrados, en bien de quienes nos beneficiamos de ellos.

A menudo, con la eliminación de un bien común sólo se consigue beneficiar a algunos individuos. Un gran error de la corriente liberal, desde la voz de Adam Smith en 1776, ha sido hacer demasiado énfasis en el valor del individuo como el elemento universal y más importante en la sociedad humana, argumentando que el interés individual de acumular riqueza es el motor de la prosperidad y bienestar de todos. Esto ha llevado a muchos políticos a confundir el interés individual con el bien común y a sacrificar a este último en favor del primero. Hay fuertes indicios de que esto mismo es lo que está ocurriendo con el paquete de leyes que el gobierno impuso por decreto, sin ninguna consulta ni debate público.

Los indígenas y campesinos, al defender las formas comunitarias de posesión y decisión sobre sus recursos naturales, han cuestionado el discurso liberal del gobierno. Diferente sería si éste, en vez de romper los lazos comunitarios, los considerara como una opción para el desarrollo apoyando las iniciativas de las comunidades, creando otras formas de capitalizar las iniciativas de los comuneros sin poner en riesgo las comunidades o su tejido social y promoviendo los conocimientos de las culturas rurales en cuanto a manejo de recursos.

 

 

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