En las pieles del poder

 Por Óscar Espinosa

*Doctor en Antropología e Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Desde inicios de la década de los noventa ha habido una serie de eventos políticos que han vuelto visibles las demandas de los pueblos indígenas en defensa de sus identidades, territorios y recursos naturales. Entre otros importantes, están el “levantamiento indígena” en Ecuador en 1990; el premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú en 1992; y la declaración por las Naciones Unidas de 1993 como “Año Internacional de los Pueblos Indígenas”, dando inicio, además, a una “Década de los Pueblos Indígenas” en todo el mundo.

Algunos expertos han descrito este fenómeno como la “aparición” o “emergencia” de lo étnico-indígena en América Latina. En palabras de Xavier Albó, se habría producido el “retorno del indio”. Sin embargo, las reivindicaciones y luchas políticas indígenas son muy antiguas. De manera similar, muchos en el Perú han considerado como algo novedoso el paro amazónico que tuvo lugar en agosto. Lo que pocos conocen es que durante todo el año se han producido movilizaciones en la selva pidiendo la derogatoria de diversas normas jurídicas que atentan contra el territorio y la forma de vida de las poblaciones amazónicas, tanto indígenas como no indígenas. Sin embargo, la mayoría de éstas no han recibido la atención de los grandes medios ubicados en Lima. Por supuesto, la mayoría de la población peruana tampoco sabe que muchas de estas organizaciones nativas tienen varias décadas de antigüedad o que los indígenas se han organizado innumerables veces para defender sus territorios de la invasión de gente foránea.

Particularidades peruanas

Lo nuevo no está en la reivindicación política de carácter étnico, sino en su visibilidad en el espacio público y su impacto mediático. En el caso peruano, el proceso de visibilización de las demandas étnicas ha sido más accidentado que en otros países del continente por varias razones.

En primer lugar, porque en muchos lugares de los Andes, el racismo y la discriminación han sido tan fuertes que muchas personas prefieren evitar expresar públicamente su identidad étnica antes que convertirse en objeto de burla o maltrato. Términos como “indio” o “serrano” han sido (y siguen siendo) palabras utilizadas como insulto. El racismo y la discriminación todavía existen en el Perú y se apoyan en aquellos rasgos que son más fáciles de percibir por los sentidos: en el color de la piel, la vestimenta, el acento o forma de hablar, etcétera. Es decir, en aquellos rasgos que están estrechamente vinculados a las identidades étnicas.

En segundo término, habría que añadir la existencia de una fuerte tradición política de izquierda que, desde Mariátegui hasta tiempos actuales, ha promovido en los sectores rurales formas de expresión clasistas y no étnicas. En este sentido no es una casualidad que el gobierno militar de Velasco haya abolido el uso del término “indio” y lo haya reemplazado por el de “campesino”.

Finalmente, en el momento en que en otros países se estaban haciendo más visibles las reivindicaciones étnicas, en el Perú sufríamos los duros años de la violencia política. En un inicio, hubo incluso algunos estudiosos que interpretaron las actividades criminales de Sendero Luminoso como si fueran promovidas por parte de un movimiento étnico. Nada más lejano de la verdad: para Sendero Luminoso, cualquier expresión étnica constituía un rezago histórico y un obstáculo para llegar al nuevo orden social. Los indígenas y campesinos tenían que plegarse al proyecto modernizador senderista o serían eliminados. Esta lógica nos permite explicar también el excesivo uso de la violencia por parte de Sendero contra estos sectores, tal como lo indica el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ahora bien, durante estos años también existía cierto temor de expresar reivindicaciones étnicas para evitar que sean malinterpretadas como subversivas. Por ello, aquellas se concentraron en la región amazónica, que es la región del país más alejada del espacio público política y mediáticamente centralizado en Lima.

La etnicidad del mañana

A principios del siglo XXI, las identidades étnicas no sólo no han desaparecido, sino que todo parece indicar que se están fortaleciendo. Por ello, no es aventurado afirmar que en los próximos años seguiremos viendo grupos de peruanos reclamando sus derechos como miembros de pueblos indígenas y originarios.

En unos cuantos años más también estaremos conmemorando el bicentenario de la declaración de la Independencia del Perú, y quizá podríamos, a modo de ejercicio de la imaginación, aventurar algunos escenarios posibles de lo que podría ocurrir en el 2021. Para ello, habría que tomar en cuenta las posibles acciones o reacciones de los distintos actores sociales y políticos involucrados –el Estado, la sociedad peruana, los partidos políticos– así como el contexto internacional y el proceso de globalización que tienen un rol gravitante. Y como es usual en este tipo de prognosis, presentaremos tres escenarios posibles: uno primero en el que se mantendrían básicamente las mismas condiciones y tendencias que encontramos en el Perú del 2008; uno segundo, más negativo, y finalmente, el mejor imaginable.

Primer escenario: El Estado no habría sufrido cambios sustanciales y se resistiría a establecer instituciones y mecanismos que pudieran permitir una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de los distintos grupos étnicos, tanto de la región amazónica como de zonas andinas. En el caso de la sociedad peruana, el número de personas sensibilizadas frente al valor de las diferencias étnicas y culturales aumentaría, en parte gracias a las tendencias internacionales, pero la mayoría seguiría apostando por un país mestizo antes que por uno “pluricultural” o “multiétnico”.

En términos de representación política, probablemente no habría ningún partido explícitamente étnico exitoso, pero sí sería muy probable la consolidación de algunos liderazgos o sectores étnicos en diversos movimientos políticos. En el ámbito internacional se mantendrían las mismas tendencias: se preservaría un marco jurídico favorable a los pueblos originarios, pero también habría una demanda cada vez más fuerte por fuentes de energía y recursos naturales que continuaría generando tensiones. En este contexto, las movilizaciones étnicas se podrían radicalizar ante la indiferencia del Estado en un contexto en el que serían comunes los conflictos socioambientales en sus regiones y territorios.

Segundo escenario: Resultaría de un endurecimiento de las posiciones pro y antiétnicas. El Estado asumiría una actitud más intransigente. No sólo no existirían mecanismos de consulta y participación, sino que, por el contrario, se impondrían con mayor firmeza modelos de desarrollo y de homogeneización cultural unilaterales. En este contexto, sería muy probable el incremento de la represión policial o militar a las movilizaciones indígenas y étnicas. Este endurecimiento llevaría a una reacción igualmente dura en los sectores étnicos que podría generar una situación de permanente violencia.

En el caso de la sociedad peruana, se podrían acentuar actitudes discriminatorias basadas en el temor frente a las diferencias, reforzadas quizá por las expresiones violentas de las movilizaciones étnicas. Ante esta situación los partidos políticos podrían polarizarse a favor o en contra de las identidades étnicas. En el escenario internacional, los mecanismos jurídicos internacionales podrían flexibilizarse y ceder ante la presión de los estados o de grandes empresas transnacionales; o bien se mantendrían, pero generarían una situación constante de tensión y conflicto con los estados y las empresas.

En mi opinión, este sería uno de los peores escenarios posibles, no sólo para los pueblos que defienden sus identidades étnicas explícitas, sino para el conjunto de la sociedad peruana al generar una situación de permanente tensión e inestabilidad. Esta situación de ingobernabilidad podría incluso llevar a situaciones de violencia armada o a la ruptura del sistema democrático.

Tercer escenario: Resultaría del esfuerzo conjunto de los distintos actores sociales por construir un país más inclusivo y democrático. De parte del Estado supondría la implementación de reformas institucionales y de políticas públicas que favorecerían no sólo la descentralización, sino también la participación activa de los sectores étnicos tradicionalmente marginados. En este caso, las políticas de inclusión no buscarían la “asimilación” de las diferencias en la homogeneidad, sino su reconocimiento positivo.

En el caso de la sociedad nacional, una mayoría podría reconocer la diversidad cultural como característica valiosa y como potencial para el desarrollo del país. Los partidos políticos podrían adquirir un inusitado protagonismo si es que llegan a establecer mecanismos de democracia interna, y si logran convertirse en verdaderos canales para articular y negociar las demandas sociales en el espacio público. De esta manera, ya no serían necesarias “medidas de fuerza” como paralizaciones de regiones enteras, tomas de carreteras o destrucción de la propiedad pública y privada. Finalmente, en el ámbito internacional se podrían intensificar las iniciativas favorables a la tolerancia cultural y la convivencia pacífica, ya sea desde el fortalecimiento de las instituciones jurídicas de protección de los derechos humanos e indígenas, o desde la consolidación de una opinión pública que promueva y fiscalice la responsabilidad social de las grandes empresas para que, efectivamente, respeten el medio ambiente y la diversidad étnica.

Este escenario, que para muchos parecería un ideal inalcanzable, sería el único que garantizaría no sólo mayor justicia y equidad para aquellos sectores de la población que han sido más excluidos y discriminados a lo largo de la historia, sino que permitiría, a largo plazo, un desarrollo económico sustentable.

Lo inexorable

En conclusión, podríamos asegurar que las diferencias étnicas no van a desaparecer. Por el contrario, en los tres escenarios esbozados se mantienen e incluso se fortalecen. Los distintos resultados provendrán de la forma en que lidiemos con dichas identidades y diferencias.

En realidad, las posibilidades de que la variable étnica disminuya en importancia en las próximas décadas son muy remotas. Los proyectos de construcción de estados-nación homogéneos ya no son viables en ninguna parte del mundo, y la mayoría de peruanos y peruanas no queremos más centralismo y discriminación. La Constitución peruana ya reconoce la pluralidad étnica y la diversidad cultural de la nación; lo que queda pendiente es traducir este reconocimiento en formas de convivencia y en instituciones políticas inclusivas.

Si escuchamos con atención a lo que la gente de nuestro país y del mundo nos pide hoy, quizá el Perú del 2021 no sea un país de colonizadores y colonizados como el de 1821, sino de ciudadanos que podamos vivir en libertad y en mutuo respeto en medio de nuestras diferencias.