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Avances y pendientes

Edición de Diciembre 2009

Hace tres lustros, Moisés Naím planteó el concepto de dos etapas o “generaciones” para referirse a reformas económicas recientes. Varios países, especialmente en Europa del Este y América Latina, pasaron por similar trance. Una primera etapa, de cambio y reordenamiento de reglas; y una segunda, caracterizada por una eventual y gradual renovación de las instituciones para asegurar la sostenibilidad del futuro crecimiento. Las reformas de “primera generación” fueron bastante similares en todas partes y se solieron aplicar para superar crisis inflacionarias y de estancamiento productivo. Sus objetivos eran reducir el alza muchas veces desbocada de los precios internos y restaurar las condiciones para una mayor producción basada en los mercados y en la inversión privada. Para ello, la estrategia se centraba en cambiar las reglas de manejo macroeconómico con el fin de lograr un rápido ordenamiento fiscal, reducir el tamaño y el intervencionismo estatal, así como superar otros importantes desequilibrios. Los principales instrumentos para ello eran la reforma tributaria, la liberalización comercial y de precios, la apertura a la inversión privada, y la desregulación y privatización de la actividad productiva. Los actores principales de un ajuste así resultaban la presidencia, las autoridades económicas principales, los representantes de las instituciones multilaterales y los principales líderes del sector privado. El impacto de tales reformas solía resultar bastante inmediato, con la relativa ventaja adicional de que sus efectos se distribuían entre toda la población. El desafío principal de un gobierno en tal esfuerzo consistía en obtener el coraje y soporte político para dejar actuar a un equipo tecnocrático compacto, que no requería necesariamente ser muy numeroso, para ejecutar un plan coherente que generara suficiente confianza entre los agentes económicos.

Las reformas de “segunda generación”, en cambio, en las que aún se encuentran muchos países, a distintos ritmos de avance, tienen objetivos más amplios: no sólo mantener la estabilidad macroeconómica como una condición fundamental, sino aumentar la competividad de la actividad productiva y mejorar el bienestar social de la población. Ello requiere de un esfuerzo más amplio y sostenido, de la repotenciación de algunas instituciones y de la creación de otras; así como de reformas profundas en educación, salud y otros servicios públicos. La legislación laboral, por ejemplo, debe renovarse con igual énfasis en la competitividad internacional que en la interacción eficaz entre capital - trabajo. El servicio civil requiere ser mejorado significativamente para aumentar la eficacia de un Estado que debe también recaudar más, pero a tasas siempre competitivas internacionalmente. La credibilidad y eficiencia del Poder Judicial deben aumentar para garantizar el cumplimiento de los contratos y no ser visto como un lastre. Se requiere también de organismos técnicos autónomos de regulación y de defensa de derechos. Y en la economía, las exportaciones deben aumentar a un ritmo por encima del de la producción, para lo cual se requiere de esfuerzos promocionales y de inversión en ciencia y tecnología que sean compartidos por el sector público y el privado.

A diferencia del proceso inicial de reformas, que puede implementarse con un equipo relativamente pequeño con suficiente apoyo político del gobierno, el de “segunda generación” implica a casi toda la sociedad: Ejecutivo, Congreso, Judicatura, burocracia estatal, partidos políticos, sindicatos, líderes de opinión en prensa, gobiernos locales y regionales, ejecutivos del sector privado, etc. Los efectos y beneficios de dichas reformas, más complejas desde el punto de vista técnico, recién se materializan en el mediano y largo plazo, por lo cual requieren de un consenso social que demora en lograrse. También ellos tienen una menor visibilidad, por lo que las reformas pueden ser fácilmente combatidas por pequeños grupos de presión que resulten afectados por las mismas. Por todo ello, si se escogiera un solo factor principal para medir la capacidad potencial de ejecución de las reformas de “segunda generación” en cualquier país, éste sería, fundamentalmente, la calidad de la gerencia media del sector público. Esta es aún inadecuada en el Perú.

Recuerdo otra lúcida intervención de Naím, hace ya una década, en la que describió la evolución de las ideas, vigentes durante la década de los noventa, respecto del proceso del desarrollo. El siglo XX concluyó finalmente en un marco algo confuso en tal sentido, con el reconocimiento de que la receta para la prosperidad era una con diversos ingredientes, cuyas medidas, mezcla y secuencia óptima no estaban del todo muy bien definidas; y de que el bienestar social y la competitividad internacional no resultaban tan fáciles de lograr y que el esfuerzo podía demorar un tiempo. Dicha conferencia la concluyó Naím refiriéndose a cinco “íes” que le parecían esencial tener en cuenta para diagnosticar a cualquier sociedad respecto de su desarrollo futuro: su eventual vulnerabilidad ante la (i)nestabilidad financiera internacional, el monto y calidad de su (i)nversión productiva, los riesgos que generaba la (i)nequidad latente en su población, la solidez de sus (i)nstituciones y la brecha (i)deológica entre sus líderes de opinión y población en general.

Frente a la crisis reciente, es obvio que hay países que se han mostrado mejor preparados que otros, siendo el Perú uno de los que mejor la ha podido enfrentar en la región. Su solvencia financiera interna resulta bastante saludable. Respecto de la inversión, ésta vino creciendo antes de la crisis a elevados índices, contribuyendo así a un acelerado crecimiento. Es de esperar que ésta se pueda recuperar y que los procesos electorales próximos no vayan a afectar su ritmo. Lo anterior dependerá en gran medida de las otras tres íes: de las instituciones, que aún son frágiles e insuficientes; y de la inequidad latente, así como de la brecha ideológica, que aún pueden ser bastante significativas, lo que podría ponerse en evidencia durante las próximas elecciones.

 

 

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