Algunos desafíos de China

El Partido Comunista Chino ha contado con sólo cuatro jefes máximos que merezcan el nombre: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao. A la muerte de Mao, su proclamado heredero –Hua Guo Feng– apenas duró en el cargo. Y, tras el caos político que siguió a la Revolución Cultural, Deng acumuló nuevamente un poder pleno que le permitió alcanzar el impresionante avance material logrado desde entonces. 

Para no repetir los errores políticos de Mao, Deng diseñó un plan de sucesión a largo plazo más ordenado. Eligió como su sucesor al entonces alcalde de Shangai, Jiang Zemin, pero sólo por una década. Y, para asegurar la continuidad a largo plazo de su legado, también eligió a Hu Jintao, de origen distinto al de Jiang, como su siguiente sucesor. Como señala un artículo de Jennifer Richmond y Rodger Baker para Stratfor, poco pudo hacer Jiang para cambiar el plan de Deng, pero usó, a su vez, el precedente para proponer a Xi Junping como  sucesor de Hu, relevo programado para 2012. Sin embargo, a pesar del padrinazgo de Jiang, Xi no ha mostrado todavía la personalidad ni el liderazgo de  Hu, lo que ha generado especulaciones sobre esta próxima sucesión.  

Al asumir el poder en 2003, Hu propuso un ambicioso plan: reducir las crecientes desigualdades así como el severo desbalance entre el crecimiento de las ciudades costeñas y el del sector rural chino. Su predecesor, como su eventual futuro sucesor, ambos de Shangai, han sido más condescendientes con el statu quo de mantener a las regiones casi autónomas en política económica y de continuar proveyendo un contexto favorable para el crecimiento exponencial de las ciudades más modernas. La propuesta de Hu, en cambio, pasaba por centralizar la economía, consolidar la industria,  redistribuir el ingreso y urbanizar el interior, para lograr una economía más balanceada. Sin embargo, la búsqueda de esta “sociedad armoniosa” ha encontrado no pocos obstáculos y los éxitos redistributivos han sido limitados. La centralización fue resistida por los gobiernos regionales y locales más ricos.

Por cierto que, en cifras agregadas, la economía china ha mostrado una gran resistencia ante la crisis financiera reciente. El crecimiento del PBI se ha mantenido muy elevado, aunque, en algunos casos, es generado por fábricas que operan a pérdida, y que son financiadas y subsidiadas por el Estado para mantener los empleos. El impacto de la caída  en las exportaciones casi contrapesa el mayor  consumo interno originado por el plan de estímulo fiscal y cerca del 90% del crecimiento en estos meses ha provenido de la inversión para infraestructura. Siempre el crecimiento de China se ha visto alimentado por el gasto estatal y por el crédito de un sistema financiero direccionado. Y los préstamos que éste otorga benefician más a aquellas empresas generadoras de empleos a la inmensa población. La dinámica de las exportaciones, mientras duró, solía generar crecientes recursos que luego eran redistribuidos por los bancos en función de estas directivas del gobierno. Tal proceso ha generado divisiones arbitrarias, brechas que, en las buenas épocas,  pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, ante la caída sostenida de las exportaciones, y el hecho de que los consumidores chinos carecen de la capacidad para comprar todo lo que el país produce, la responsabilidad de mantener la tasa de crecimiento se concentra en el sistema financiero. Ello resulta problemático porque éste suele transferir recursos y riqueza de los sectores más eficientes, vinculados a la economía global, a los sectores estatales menos eficientes, los que podrían eventualmente colapsar por la acumulación de malas deudas. Muchos de los economistas en la dirigencia china son conscientes de la insostenibilidad de largo plazo de este modelo y han planteado, cada cierto tiempo, la necesidad de una reestructuración económica mayor. Una que permita aumentar el consumo interno, disminuir la dependencia de las exportaciones y avanzar hacia un modelo de crecimiento menos espectacular, pero más autónomo y sostenido. Dicho debate se da en el marco del Congreso del Partido Comunista. Conscientes de la insostenibilidad a largo plazo del plan de estímulo –éste ya ha empezado a generar presiones inflacionarias– muchos de los dirigentes chinos aspiran a encontrar maneras de moderar el  financiamiento, de reducir la ambición en los objetivos de crecimiento y de enfriar el sector de bienes raíces, a la vez que ampliar el gasto público en el sector rural para estimular el consumo.

Como es imposible hacer tortillas sin romper huevos, el problema de una transición así es que, durante su primera etapa, resulta muy traumática, porque hay que cortar la adicción al crédito barato del que las empresas estatales han venido gozando por décadas. Ello conllevaría necesariamente un periodo de ajuste que resulta complicado de plantear y aplicar en un país comunista con las diferencias regionales y la desigualdad en el ingreso de China.

            El presidente Hu Jintao inició tales reformas a mediados de esta década, pero la crisis financiera de fines de 2008 bloqueó el avance de éstas, forzándolo nuevamente a retornar a una expansión en el crédito. No resulta fácil hacer coincidir los momentos político y económico ideales para poner en marcha reformas trascendentes. Con la transición política ad-portas en 2012, Hu carece del tiempo para lanzar otra ola de reformas. No es atractivo, al final de una administración, afectar el legado de la misma ensayando cambios dramáticos que podrían eventualmente desestabilizar el sistema.

                Como la economía global no se ha recuperado lo suficiente como para que China pueda retirar pronto sus programas de estímulo, las opciones disponibles no son muchas, más allá de continuar con los estímulos financieros (mientras funcionen) y de intentar una reafirmación del poder central, en caso resultara necesario para prevenir cualquier inestabilidad en el sistema político.