PASCO - Economía y Política

La agenda política y económica en la región Pasco está envuelta en un halo común: el de la incertidumbre y la polémica. La promulgación de la Ley 29293 del 15 de diciembre del 2008 ha marcado un antes y un después en la historia de Cerro de Pasco, la capital del departamento, puesto que dicha norma ordena la implementación de medidas para procurar su reubicación. ¿La razón? La conjunta necesidad de salvaguardar a la población cerreña de los altos niveles de contaminación a los que está expuesta (ver Medio Ambiente) y, a la vez, permitir la expansión del tajo abierto que Volcan Compañía Minera opera junto a la ciudad para la explotación de zinc y plata, en aplicación del llamado “Plan L” propuesto por la firma, que implica explotar parte del suelo mineralizado sobre parte del cual hoy se erigen los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, los más importantes de Cerro de Pasco.

Pero, contra lo que podría suponerse, la disyuntiva no tiene un extremo antiminero o antimercado (como en otros rincones del país). Nada de eso: el cerreño promedio es totalmente consciente de la necesidad de reubicar con urgencia la ciudad, tanto por el motivo de salud como por la sostenibilidad de su economía, puesto que el 56.2% de la actividad económica regional depende de la minería y alrededor de 3,500 cerreños (sobre una población total aproximada de 7,000 habitantes) son empleados de Volcan, esto sin contar todos los familiares que dependen de sus salarios y la cantidad de empleos indirectos que la actividad minera genera, sobre todo en el sector comercio.

Más bien, la polémica es de mercado y gira en torno a cómo se hará la reubicación y quién asumirá los costos. De acuerdo con la congresista Gloria Ramos, de Unión por el Perú, el traslado a una nueva ciudad (fuera Villa de Pasco o Ninacaca, ver Pasco hacia el futuro) costaría alrededor de US$84 millones. Aunque Volcan ha sido reservada con el tema, en los últimos días se filtró a la prensa limeña que la empresa podría estar dispuesta a aportar US$20 millones para ese propósito. El remanente tendría que ser invertido por el Estado, que, por lo pronto, ha ya recortado significativamente el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Pasco en casi 85% para este 2010, debido a que se entiende que ésta no debe desarrollar obras de infraestructura en una ciudad que va a mudarse.

Situaciones como ésta generan temores en la población, que además atraviesa por un curioso problema inmobiliario. Ocurre que en los años anteriores a la dación de la ley, Volcan fue comprando inmuebles alrededor del tajo para irlo ampliando. Se dice en la ciudad que por entonces la firma llegaba a pagar a los propietarios hasta el triple del valor de la tasación municipal del predio según cuán estratégica fuera la ubicación de éste para sus obras; muchos cerreños lograron hacer dinero con estas ventas, e incluso algunos se animaron a invertir en nuevos predios para hacer posteriores ventas a Volcan –previendo cuál sería el plan de expansión de ésta– y así generarse utilidades. Sin embargo, dada la ley, el sobreprecio pagado por Volcan se habría reducido significativamente. Esto, que en un mercado inmobiliario desarrollado sería visto como un simple cambio lógico en la oferta producto de la alteración de condiciones externas, es visto por muchos pobladores como un aprovechamiento de la ley, y por tanto se rehúsan a vender, pues pretenden recibir lo mismo que otros cerreños recibieron antaño.

Una variable que complica el asunto es que al jubilarse –con significativas liquidaciones-, muchos trabajadores de Volcan se marchan fuera de la ciudad (el distrito de Pillcomarca, en Huánuco, alberga un buen contingente de migración cerreña), invierten el capital fuera de ella y, además, cobran rentas de las propiedades que dejaron. Cuando Volcan les ofrece comprarlas y ellos deciden vender, los inquilinos se rehúsan a abandonar los predios, y los desalojos son complejos, ya que, como se ha dicho, el propietario no está presente en la ciudad para promoverlo. Así, se dice, en ocasiones incluso los inquilinos llegan a exigir un pago extra por abandonar el inmueble, que puede alcanzar hasta la mitad del valor de éste. Perú Económico consultó a Volcan acerca de los detalles de su política de compra de inmuebles en Cerro de Pasco, pero no recibió respuesta oficial al respecto.

La reciente muerte de Roberto Letts, presidente del directorio de Volcan, ha sido muy difundida en Cerro de Pasco. Y aunque él nunca fue un personaje muy activo o visible para la ciudad, cierto sector tiene expectativa de que exista algún giro comunicacional de la minera con el cambio de mando. De hecho, todos los problemas subyacentes en torno a la reubicación de la ciudad parecen resumirse en un solo mal: falta de información a la población, que por ello sigue viendo el traslado como un trance lejano que deberá resolver la próxima generación. Apenas algunos talleres organizados por la congresista Ramos han intentado generar debate público sobre el tema, pero –sea por mala organización o falta de interés– no han tenido mayor acogida.

La clase política tampoco ayuda: los principales candidatos a la presidencia regional evitan referirse al tema en sus agendas porque saben que genera escozores, y centran las propuestas en temas urbanos. Por lo pronto, se sabe que el presidente regional Félix Rivera no irá a la reelección, aunque sí candidatearía su hija Jessica Rivera, apoyada por una alianza entre el Movimiento Nueva Izquierda y el Partido Nacionalista. Otros candidatos de fuerza son el ex alcalde Tito Valles, de Somos Perú, y el actual alcalde de Paucartambo, Kléver Meléndez, quien ha formado su propio movimiento (Todos por Pasco) tras haber pasado por las filas de Solidaridad Nacional y del Partido Nacionalista.