La capacitación en el sector público

Por Jorge Arrunátegui

* Gerente de desarrollo de capacidades y rendimiento de Servir

De acuerdo con estudios realizados por el BID en el 2003 y el 2006, el servicio civil del Perú es uno de los más débiles de la región. Aunque no se tiene certeza plena, se estima que el número de servidores públicos superaría el millón. En adición, el Estado gasta alrededor de US$100 millones al año en capacitación. Sin embargo, existe mucha insatisfacción respecto de la calidad de los servicios públicos y del funcionamiento del Estado. Uno de los factores que afectaría este desempeño es la pobre preparación que reciben los servidores públicos, ya que no se sabe en qué se debe capacitarlos, ni cuál es la mejor oferta para ello. Decimos, entonces, que el Estado gasta doblemente a ciegas: no sabe qué comprar ni a quién.

A continuación, cinco recomendaciones de procesos para mejorar la capacitación de los servidores públicos y, por consiguiente, su desempeño.

1. Conocer las deficiencias y fortalezas en las capacidades. La planificación debe partir del conocimiento de cuáles son las actuales competencias y las necesidades de capacitación de las personas. Sin embargo, esto no se hace. Entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) realizó un diagnóstico de conocimientos de más de 2,200 profesionales en inversión pública a nivel nacional que ha permitido conocer quién necesita capacitación, dónde y en qué tema específico, partiendo del uso de perfiles por competencia. El diagnóstico también ha servido para reconocer las competencias con las que cuenta hoy el Estado. El reconocimiento de estas competencias no sólo estimula a las personas, sino que permite identificar potenciales tutores que faciliten la difusión de conocimiento.
2. Establecer señales de calidad en el mercado. La desregulación del mercado de formación provocó una explosión desmesurada de la oferta. Un estudio de Servir halló 239 maestrías en asuntos públicos sólo en nueve departamentos del país, con distintos niveles de calidad y precio. La ausencia de mecanismos que permitan identificar aquella oferta de capacitación adecuada y pertinente impide orientar bien a quienes buscan capacitación. Para identificar la oferta pertinente que el Estado debería comprar debemos guiarnos de mecanismos sencillos de acreditación, basados en indicadores para medir la calidad de los programas. Además, sin constituirse en licencias de funcionamiento, la acreditación sirve como una señal de mercado que premia a quien ofrece los mejores estándares, y castiga al que no.
3. Desarrollar criterios mínimos de planificación. Un estudio de Servir en entidades del Poder Ejecutivo comprobó que la planificación de la capacitación es casi nula. No se establecen prioridades ni criterios orientadores y se compra lo que ofrecen los proveedores, antes que respondiendo las preguntas de qué, quién, por qué y cuándo –además de a qué costo– deben capacitarse. Un ejercicio simple alrededor de dichas preguntas, acompañado por indicadores que permitan identificar luego cuáles de las prácticas o proveedores funcionó mejor, es lo mínimo que se requiere en la planificación de la capacitación.
4. Regular antes que peregrinar. Con más voluntad que recursos, el Estado trata de atender las necesidades de capacitación de modo directo. Pero con más de 2,500 entidades públicas localizadas en 1’285,220 km², cualquier esfuerzo de peregrinaje es muy costoso. Gran parte de los temas que el Estado se atribuye el rol de dictar (como los metodológicos) bien podrían ser ofrecidos por entidades educativas con experiencia en pedagogía. En cambio, existen temas en los que el Estado tiene una clara autoridad (como los de interpretación normativa), en los que debería fijar su competencia. Este esquema permitiría que el Estado dedique sus esfuerzos a identificar contenidos mínimos sugeridos, estándares de calidad y capacitar sólo en los temas de indiscutible especialización, o allí donde la oferta educativa no llegue.
5. Aprovechar las tecnologías de información. A pesar de su complejidad geográfica, el Perú ha avanzado en el grado de penetración de uso de Internet (25%). Sin embargo, esto no se aprovecha, menos aún para capacitar a los servidores públicos. Una oferta virtual sólida permitiría adecuar contenidos a las necesidades de los usuarios –incluyendo asistencia técnica, discusiones en foros y blogs que posibiliten economías de escala y el aprovechamiento de la gestión del conocimiento–, pero además mayor flexibilidad y facilidad de acceso para los usuarios, principalmente para aquellos con menos alternativas.