MOQUEGUA - Política

El actual presidente regional de Moquegua, Alberto Rodríguez, construyó obras en las tres provincias del departamento, a diferencia del centralismo tradicional de sus antecesores, que se concentraban en Moquegua. Esta orientación descentralizada y la asistencia social a las zonas altoandinas son bien recordadas. Pero Rodríguez es considerado como un presidente regional limitado (es profesor de Educación Física), pues no realizó obras más ambiciosas con los recursos adicionales que encontró al llegar al poder y no previó tras el boom minero. Además, diversas denuncias de corrupción de su equipo de gobierno debilitan sus opciones reeleccionistas. También se le critica que no haya generado puestos de trabajo permanentes.

Hay cuatro opciones conocidas para la candidatura de presidente regional. La que parece tener más opciones a estas alturas es la del profesor Zenón Cuevas, a quien se le atribuye la dirección del “Moqueguazo” y es considerado representante del sector de izquierda. Él esgrime como emblemas de campaña el respeto a los recursos naturales y al agua para oponerse a la minería “no responsable”. Es seguido por el Ingeniero Martín Vizcarra, aprista que ha sugerido participar con un movimiento independiente. Su familia es identificada como moqueguana, y su nombre, con el proyecto de agua de Pasto Grande. El ingeniero Vizcarra también es visto como un aliado de las empresas mineras. El tercer candidato es el ingeniero Marco Zeballos, candidato por Somos Perú, que trabaja con la ex presidenta Cristala Constantinides. Finalmente, el cuarto candidato es Hugo Quispe, candidato por el Movimiento Líder, un puneño que se identifica con el sector inmigrante.

Los temas de interés en Moquegua se refieren al uso del canon minero, al deseo por incrementar la comercialización con el exterior y al buen uso del agua, de los puertos y de la carretera costanera norte. Para los empresarios y directores de diarios consultados, el problema de los candidatos actuales es que suelen concentrar su discurso en la fiscalización y en el replanteamiento de las obras en movimiento. No cuestionan tanto la funcionalidad de la obra, pero sí quién la hizo y bajo qué autoridad. Así, sus propuestas parecen dispersas y superficiales.