Si el shock de ajuste de 1990 no se hubiera dado, habría quizás llegado más tarde y en una versión más caótica y quizás Fujimori no hubiera permanecido hasta el 2000
El ajuste de precios para reducir la inflación y reactivar la economía que se dio en 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, es recordado como uno de los momentos más dramáticos en la transformación de la economía del Perú. En los últimos dos años del primer gobierno de Alan García existió un fallido intento de reordenar la economía. Los esfuerzos del entonces ministro aprista Abel Salinas por normalizar relaciones con el Fondo Monetario Internacional y ajustar la economía, terminaron desautorizados por el joven presidente. Se incubó, desde entonces, lo que fue un shock extremo que vendría recién dos años después.

El estilo estatizante y populista del primer gobierno de García terminó, en efecto, destruyendo al Estado: la recaudación fiscal se redujo al mínimo (4% del PBI) como producto de la hiperinflación. Servicios públicos e inversión estatal se encontraron completamente paralizados, un banco central sin reservas y un aparato estatal del que sólo quedaba el esqueleto.
La campaña electoral, tremendamente polarizada, por un lado con Mario Vargas Llosa dando un diagnóstico en forma didáctica y sincera, pero quizás con una dosis de arrogancia, terminaría efectivamente señalando el duro camino que era necesario tomar.
Por otro lado, la estatización, los controles de precios, la fijación de varios tipo de cambio, el déficit fiscal extremo y el corte de las relaciones con los organismos multilaterales y el sistema financiero internacional en general eran alimentados por profetas desencaminados, rezagos de la izquierda, y algunos jóvenes economistas –como diría Giscard D’estaing a Miterrand– creyentes de “tener el monopolio del corazón”, la sensibilidad hacia la pobreza y la convicción de tener la receta mágica para combatirla. Incluso el modelo seguido daría lugar al libro El Perú heterodoxo, a cargo del argentino Daniel Carbonetto y sus seguidores peruanos.
Durante la campaña de 1990, al borde del abismo económico y social, se daba la discusión sobre el enfoque gradualista o de shock, al que debía someterse a la economía. El equipo que acompañaba a Fujimori, ayudado por el Apra, predicaba el miedo explicitando las consecuencias de lo que proponía Vargas Llosa. Quitar los controles, botar a la gente de sus trabajos y subir los precios de los alimentos componían un cuadro como el de El Grito de Munch.
Elegido Fujimori, se tornó patente que cualquier remedio gradualista tendría posibilidades limitadas de éxito y en todo caso requeriría de un amplio apoyo externo. Se creyó que Japón apoyaría tal enfoque, pero ello no ocurrió, y fue, paradójicamente, Japón el país que convenció al nuevo gobierno de que sólo tomando el camino más drástico podría el Perú aspirar a recibir el apoyo de la comunidad financiera internacional.
Entran en escena luego personajes de prestigio internacional como Javier Pérez de Cuéllar, Carlos Rodríguez Pastor y Hernando de Soto, éste último, quizás, animado por su enemistad con Vargas Llosa. Se trataba de conformar un equipo económico distinto, pero que finalmente Fujimori no acepta. Opta, en cambio, por deshacerse de su equipo original y recurre al amigo de la Universidad Agraria, Juan Carlos Hurtado Miller. Sin embargo, Fujimori acepta la receta.
Se trató de un shock violento, de hecho, fue brutal. El precio de la gasolina se multiplicó por 40, los alimentos se fueron al cielo. Los salarios se mantuvieron inicialmente y sólo se otorgó un bono del 100% del salario por una sola vez. El tipo de cambio se dejó flotar y se pensaba que llegaría a los 400,000 intis por dólar, al tiempo que se realineaban los precios de la economía. Sin embargo, el estricto manejo fiscal que operó como una caja diaria donde sólo se gastaban aquellos recursos que recibía el gobierno, logró que el tipo de cambio se estabilizara en 265,000 intis por dólar en medio de creciente confianza, entrada de capitales e incipiente recuperación.
Ocurrió una cosa muy parecida a lo que pasó en Alemania, todavía ocupada después de la Guerra, cuando Ludwig Eckhardt liberó precios y devaluó la moneda ante la sorpresa generalizada, y se reactivó la economía. En realidad, la respuesta de la economía peruana fue notablemente rápida, cesó la hiperinflación aunque todavía la inflación se mantuvo alta –bajó de 7649% en diciembre de 1990 a 55% a finales del año siguiente, y se mantuvo alta hasta 1994–.
En teoría, el Perú podría haber optado por una devaluación masiva seguida por la fijación del tipo de cambio en un esquema que había sido utilizado exitosamente en otros países para frenar en seco la inflación. Sin embargo, la absoluta fragilidad fiscal y la ruptura con el sistema financiero internacional aunadas a un cierto escepticismo respecto de la voluntad política del gobierno, hacían inviable fijar el tipo de cambio. En efecto, durante más de dos años el gobierno fue mantenido “a prueba” por los organismos multilaterales, los cuales seguirían muy de cerca cada medida adoptada por el gobierno.
La única alternativa factible era entonces emprender la estabilización de las anclas monetaria y fiscal. Fueron funcionarios eficaces quienes, desde el Banco Central y el Ministerio de Economía, administraron el penoso proceso. El actual presidente del BCR, Julio Velarde, jugó entonces un rol muy importante, pero fue en el MEF que Alfredo Jalilie, el hombre clave en el lugar indicado, llevó el peso de la administración fiscal.
Hasta aquí se trató únicamente de estabilizar la economía y de poner racionalidad a los niveles de precios de bienes y servicios, tasas de interés y tipo de cambio. Si bien se adoptaron tímidas reformas en 1990, el primer gabinete de Fujimori carecía de la convicción para realizar la transformación de la economía. Fue con el ingreso de Carlos Boloña a inicios de 1991 en que se toman en serio las reformas estructurales. Pero fue Jorge Camet quien, desde enero de 1993, inicia el largo camino de reforma que transformaría la economía peruana.
Es difícil imaginar el escenario en que las urgentes medidas hubiesen sido postergadas en un esquema, supuestamente, gradualista. En medio de una situación políticamente difícil y la presencia terrorista, el “ajuste” gradualista hubiera tolerado un nivel de inflación incompatible con la paz social y, a mi juicio, sólo hubiera postergado el shock. Sin embargo, tal postergación habría abierto una caja de Pandora: quizás Fujimori habría adelantado el autogolpe o quizás hubiera sido depuesto. De todos modos, de haberse mantenido en el gobierno, la economía no hubiese emprendido la senda de crecimiento que se dio y ciertamente la reelección de Fujimori en 1995, en medio de alta inflación y estancamiento, no habría tenido lugar.
A 20 años de distancia, el Perú del shock de 1990 luce como un país distinto. De hecho, recuerdo el comentario de un funcionario internacional describiendo a un país, a inicios de 1991, agobiado por la inflación, el terrorismo, la crisis sanitaria que desató la aparición del cólera, la precariedad fiscal y el desorden institucional, como un país inviable.
Las medidas extremas tomadas en 1990 parecen describir a una sociedad que aún hoy está dispuesta a tomar medidas sólo al borde del abismo. Y quizás sea una de las tareas más urgentes, la de lograr el liderazgo político que sintonice con la población y permita la adopción de reformas que eviten tener que recurrir a recetas tan drásticas como las que tuvo que soportar el país. Recordemos que el proceso tan exitoso de reforma de la economía entró en una especie de parálisis hacia finales de los noventa, cuando la crisis parecía ya lejana. Fueron sucesos tan lejanos como los de Asia y Rusia los que, junto con la crisis política de finales de los noventa, nos devolvieron a un período de cuatro años de estancamiento que, felizmente para el país, fue superado al retomarse la institucionalidad democrática y las políticas sensatas en la esfera económica. A pesar de ese hiato de cuatro años, las últimas dos décadas han visto a la economía peruana crecer a casi 5% por año convirtiéndola en prometedora. Sin embargo, la complacencia es mala consejera. La lección que hoy nos da la crisis de los países desarrollados es: la reforma constante, la sensatez en el manejo macroeconómico y la búsqueda permanente de la competitividad no pueden abandonarse ni en las mejores épocas. n
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