Ayuda psicológica para matrimonios aplicada al G-20 y al FMI

Por Barry Eichengreen*

*Profesor de Economía y Ciencia Política en la Universidad de California en Berkeley

La relación entre el Fondo Monetario Internacional y el G-20 es simbiótica, pero con conflictos. Como una pareja que lleva mucho tiempo casada y habitualmente riñe y se pelea, se trata de dos que no pueden vivir juntos, pero tampoco separados.

Se está acercando el momento de plantearse la cuestión de qué hacer con esa relación antes de la cumbre del G-20 que se celebrará en noviembre y presidirá Corea del Sur. Desde la crisis de 1997-1998, los gobiernos asiáticos han procurado mantener las distancias respecto del Fondo.

Así, pues, resulta admirable que el gobierno de Corea del Sur haya tomado la iniciativa en los debates sobre la reforma del mandato del FMI. Ha contribuido, en gran medida, al pensamiento internacional sobre la concepción de las nuevas condiciones de préstamo.

Las medidas de prevención de las crisis por parte del FMI comienzan con vigilar a los países, conforme con lo dispuesto en el artículo IV de su Convenio Constitutivo. Un problema es que lo planteado por el Fondo al G-20 queda relegado al cajón de “se ha tomado debida nota.” Los gobiernos lo reciben, lo archivan y siguen conlo que estaban haciendo antes.

Otro problema es que esta vigilia rara vez aborda las consecuencias de las políticas nacionales para terceros países y para el sistema internacional. Durante el auge de las hipotecas de máximo riesgo, en la vigilancia de Estados Unidos, conforme al artículo IV, se dijo poco de los peligros que planteaba esa clase de préstamos para los mercados financieros internacionales. Igualmente, los exámenes de China conforme al artículo IV han dicho poco sobre las consecuencias de las políticas de este país para los desequilibrios mundiales.

Para colmar esas lagunas, el FMI está experimentando ahora con “informes sobre los derramamientos”, que se centran en las repercusiones transnacionales, pero mientras los países grandes, principales causantes de los derramamientos, se muestren poco inclinados a cumplir las recomendaciones del Fondo, no está claro que ese paso hacia adelante analítico vaya a ser también un paso hacia adelante práctico.

Además, el artículo IV encomienda al FMI el mandato de supervisar el “funcionamiento eficaz” del sistema monetario. Ya hace tiempo que el Fondo debería haber dado más peso a esas disposiciones constitutivas. Se debería asignar al personal y a la dirección la tarea de preparar un informe bianual sobre el sistema monetario internacional. En dicho informe se evaluaría la sostenibilidad de los equilibrios de las cuentas corrientes y los tipos de cambio y la idoneidad o el exceso de reservas de divisas de sus miembros. Se recomendarían políticas para la eliminación de los desequilibrios y se describiría la clase de modificaciones en los tipos de cambio y las reservas que deben acompañar a cualesquiera ajustes.

Probablemente, sería políticamente incorrecto, o al menos sensible, que el Fondo anunciara exactamente en cuánto estaban sobrevaloradas y subvaloradas las diferentes divisas y declara gravemente desalineadas algunas de ellas. En cambio, podría limitarse a ofrecer un rango de evaluaciones. Si esto prueba ser útil, el FMI podría pasar después a publicar decisiones más vinculantes; por ejemplo, de arbitraje.

Para cumplir mejor la otra mitad de su doble mandato, el FMI ha indicado que pedirá otro aumento de sus recursos, hasta US$1 billón, frente a los US$750,000 millones acordados en la reunión del G-20 celebrada en Londres en abril del 2009. En la primavera del 2010, el FMI comprometió unos US$300,000 millones tan sólo para la Europa meridional. Es evidente que hace falta más potencia de fuego.

Pero, además de más recursos, el FMI necesita una forma más eficaz de desplegarlos. A ese respecto, con aportaciones de Corea del Sur, está formulando planes para una línea de crédito preventivo (LCP), que generalizaría y ampliaría su línea de crédito flexible (LCF), conforme a la cual los países con credenciales impecables quedan calificados de antemano como aptos para el acceso automático al crédito del FMI sin tener que aceptar condiciones onerosas.

Lamentablemente, sólo tres países –México, Colombia y Polonia– han solicitado una LCF. Otros vacilan, ya sea porque les preocupe la posibilidad de no ser aptos o porque siga preocupándolos el estigma de la asociación con el Fondo.

Al complementarse una LCF para países con políticas impecablemente sólidas con una LCP para países con políticas muy sólidas, se podría poner fin a ese punto muerto. Los países aptos para recibir una LCP tendrían que cumplir algunas condiciones, pero relativamente mínimas y discretas. Podrían tener que pagar tipos de interés algo mayores para abordar la preocupación por el riesgo moral. Después se podría abordar el problema del estigma, si se autorizara al FMI a declarar apto unilateralmente a un grupo de países para un servicio o para el otro.

Un problema que plantea la LCF es lo que podría ocurrir, si el FMI declarara no apto a un país que antes hubiese calificado de apto. Los inversores podrían considerarlo un indicio de que sus políticas se habían deteriorado en gran medida y se apresurarían a salir de él. Se atenuaría ese peligro, si la calificación de apto no fuera una decisión rotunda: si hubiese diversos servicios para los que se pudiera calificar de aptos a los países, se los podría trasladar de unos a otros cuando cambiaran las circunstancias.

Pero no está claro que eso fuera suficiente para eliminar el peligro de que una decisión del FMI, adoptada ante un deterioro de las políticas del país, precipitara una crisis. Como siempre, el quid está en los detalles. Es de esperar que conozcamos los detalles antes de que el G-20 se reúna en Seúl en noviembre.