Perspectivas de la seguridad

         La situación de seguridad se ha deteriorado aceleradamente en los últimos años. No se puede esperar ningún cambio significativo en lo que resta del gobierno del presidente Alan García. Lo preocupante quizás sea que tampoco de ninguno de los principales candidatos.

Crece el narcotráfico

         El narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad del país. Mueve miles de millones de soles cada año y genera corrupción y violencia. Los remanentes terroristas que subsisten en el Alto Huallaga y el VRAE siguen ahí porque viven del narcotráfico.

         El reciente operativo policial Eclipse 2010 ha demostrado la intrínseca relación entre el narcotráfico, el terrorismo y los cocaleros ilegales en el Alto Huallaga.

         En los últimos cuatro años han crecido sostenidamente los cultivos de hoja de coca en el Perú, hasta alcanzar 60,000 hectáreas. La productividad también ha aumentado debido a la tecnología diseminada por los narcotraficantes. El 95% o más de esa hoja de coca se destina a producir cocaína. (UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Perú: monitoreo de cultivos de coca 2009”, junio 2010). 

         Pero lo más preocupante es la poca eficacia de la interdicción. El año pasado se decomisaron 10 toneladas de cocaína, un descenso del 34% en relación con el 2008. (UNDOC, 2010). Entretanto, en Colombia, el año pasado se incautaron 203 toneladas de cocaína, veinte veces más.

         Eso ha hecho que hoy el Perú sea el primer exportador de cocaína del mundo.

         La corrupción que propicia el narcotráfico corroe y descompone sobre todo a las organizaciones encargadas de perseguirlo: la Policía y el Poder Judicial.

         Precisamente el aumento de la inseguridad ciudadana se debe, principalmente, a la corrupción y la ineficacia de la Policía y del Poder Judicial.

¿Cantidad o calidad?

         El gobierno ha sostenido reiteradamente que la solución de los problemas de inseguridad reside en la política de los números: más patrulleros y más efectivos en el caso de la Policía. Ya se ha demostrado sin lugar a dudas que esa es una tesis falaz.

         Este gobierno ha comprado más de 4,000 patrulleros y ha aumentado el número de efectivos policiales (cada vez de peor calidad), y la seguridad no ha cesado de deteriorarse.

         Quizás lo más impresionante sea el total desinterés de los políticos en estos temas. A pesar de que el asunto de la seguridad ciudadana aparece siempre en los primeros lugares de la preocupación ciudadana en las encuestas, los políticos no le prestan el más mínimo interés.

         Ejemplo es lo que ocurrió en CADE 2010. Ninguno de los candidatos invitados le dedicó una parte importante de su presentación al tema, ni dijo nada relevante al respecto. Nadie comentó el trabajo que había preparado el ex ministro del Interior Gino Costa y que se había entregado oportunamente a los candidatos.

         Cuando se les pregunta sobre la seguridad o el narcotráfico, salen del paso con alguna frase cliché, por lo general referida a los mayores recursos que entregarán a la Policía o al involucramiento de los militares en la lucha contra la delincuencia.

         Ambas respuestas son equivocadas. Si se entrega más recursos a la Policía, carcomida por la corrupción, sin realizar una reforma profunda de esa institución, sólo se enriquecerá más a un puñado de pícaros.

         La participación de los militares en la lucha contra la delincuencia tampoco soluciona el problema, y muchas veces lo agrava. La persecución del delito es una tarea especializada de policías, fiscales y jueces, labor para la cual las Fuerzas Armadas no están preparadas. Y, en el caso del Perú, los delincuentes no tienen –hasta ahora– un gran poder de fuego, como en México o Colombia.

         Los efectos de involucrar a los militares sí pueden ser muy perniciosos, pues los expone a la corrupción del crimen organizado, en particular del narcotráfico. Eso ocurrió a fines de la década de 1980, hasta mediados de la década de 1990 en el Alto Huallaga, con efectos muy serios sobre la moral y la eficacia de las Fuerzas Armadas.

Soluciones

         En resumen, lo más importante para mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico es la reforma de las instituciones encargadas de combatir el delito: la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

         Parece sencillo pero no lo es. Muy poderosos intereses se oponen al cambio. Muchos se benefician de la corrupción de esas organizaciones, incluidos  los políticos, que son los que deberían propiciar las transformaciones desde el gobierno y el Congreso.

         Parte del problema es que no existe una demanda desde la sociedad para que ocurran esos cambios. Si hubiera la misma exigencia que hay para que el Ministerio de Economía esté a cargo de una persona capaz y responsable en sectores como Justicia e Interior, otra sería la situación.