Los organismos reguladores tienen una agenda pendiente que bien podría empezar a cumplirse en los siguientes meses
Por Diego Macera
“Sí, señor. Su solicitud para la instalación de una nueva línea de teléfono será atendida en aproximadamente dos años y medio. Gracias por llamar a Compañía Peruana de Teléfonos”. Esta conversación, que bien habría ocurrido en los primeros años de la década de los noventa –cuando esos eran los tiempos de espera reales–, no hace sino reflejar las posibles consecuencias de la falta de competencia y deficiente regulación, sobre todo en la provisión de algunos bienes y servicios sujetos a un mercado complejo. Grandes economías de escala, oligopolios con actores de talla mundial, proyectos de infraestructura estratégicos, en medio de todo, conforman las áreas de responsabilidad de los agentes reguladores, además de ser responsables de un adecuado funcionamiento de las reglas de mercado.
¿Se ha avanzado en la regulación de mercados donde la competencia es más difícil? Ciertamente, pero aún queda mucho por delante, y quizás en el 2011, con un nuevo inquilino en el sillón de Pizarro, se puedan empezar a gestionar los cambios que los nuevos tiempos demandan. ¿Qué esperar próximamente en Osiptel, Ositran, Osinergmin y Sunass?
Entre el creciente número de propuestas presidenciales que se escuchan en estas semanas, hay una en la que parecen coincidir la mayoría de los candidatos que lideran las encuestas presidenciales. Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Mercedes Aráoz –cada uno a su estilo– han destacado la importancia de incrementar las remuneraciones a los funcionarios del sector público para ganar mayor competitividad en el aparato estatal.
En esta línea, es importante recordar que una de las primeras acciones del actual gobierno fue recortar los salarios públicos en hasta 75%, lo que ha motivado la continua migración de funcionarios desde el sector público hacia el privado. Esto afectó de manera particular a los organismos reguladores, los cuales requieren de personal técnico altamente especializado para operar correctamente y que dependen de la PCM, a diferencia de instituciones como el BCR o la SBS, que son constitucionalmente autónomos y, por tanto, pueden fijar sus propias escalas remunerativas. “Cada vez son menos competitivos para retener al personal. Los buenos técnicos que se quedan lo hacen únicamente por vocación de servicio público”, lamenta Geoffrey Cannock, socio gerente de Economía Aplicada de APOYO Consultoría, en referencia a los reguladores.
En este caso, sin embargo, la lluvia no moja a todos por igual. Dado que estas instituciones se financian principalmente a partir de recaudación propia, y que ésta a su vez depende de los ingresos de las empresas de los sectores que cada organismo regula, los fondos de cada institución resultan significativamente disímiles. Así, mientras el boom minero explica que el presupuesto del 2010 de Osinergmin haya ascendido a S/.215 millones, la Sunass manejó un presupuesto para el mismo período de S/.21 millones; es decir, la décima parte.
A decir de Cannock, los organismos relativamente nuevos que en la práctica cumplen con una labor regulatoria, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), tienen también problemas para obtener recursos que puedan financiar grandes pagos de personal, por lo que una mejor estructura de incentivos, tal como se plantea en la presente campaña presidencial, puede resultar en una mejora sustancial en el equipo técnico de los reguladores en un futuro cercano.
Sucede que –como se planteó en el pasado congreso de la Confiep– el gap entre los cursos y las capacitaciones internacionales al personal que ofrecen las empresas privadas y los recursos limitados de los que disponen las reguladoras públicas para su equipo de trabajo es muy alto.
Otro cambio importante que podría esperarse para el 2011 es el fortalecimiento de los directorios de los reguladores, pues a la fecha existen algunos que deben operar con el directorio incompleto. “Como cuerpo colegiado, es deseable contar con los directorios completos, pues se promueve una mayor discusión en los temas de política regulatoria. Es un sano mecanismo técnico de autocontrol”, manifestó Juan Carlos Zevallos, presidente de Ositran.
En el caso de Osiptel, por ejemplo, tres ex directores presentaron su renuncia en mayo del 2007 y hasta el momento no se ha logrado completar el directorio, lo que perjudica seriamente su labor. Según Guillermo Thornberry, presidente de la entidad, Osiptel no podrá aprobar normas que perfeccionen la calidad del servicio y mantengan el ritmo de las inversiones en el sector debido a este problema.
La designación de los directores depende, en gran medida, del trabajo que realice la PCM para su nombramiento, por lo que ante los inminentes cambios que se vienen próximamente en la entidad hoy dirigida por José Antonio Chang –que ha hecho un mea culpa acerca de la lentitud con la que ha enfrentado estos procesos– se puede esperar que finalmente en el 2011 (tras el cambio de gobierno) estas instituciones cuenten con directorios completos que garanticen su completa operatividad.
“Algunos reguladores se han olvidado de la desregulación”, afirma Paul Phumpiu, presidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi y ex gerente general de la Sunass y de Osiptel. Cabe explicar que la desregulación es el proceso por el cual se eliminan algunas regulaciones en busca de eficiencia. Según Phumpiu, la sobrerregulación de algunos mercados ha hecho que estos no resulten atractivos para el ingreso de nuevos competidores, lo que ha limitado aún más la competencia. “La desregulación es un tema olvidado. Cuando las mismas empresas han pedido desregulación les han dicho que todavía no”, añade el funcionario.
En este sentido, lo que se espera de cara al próximo año es que los reguladores establezcan un plan claro de desregulación que indique cuál es el plazo en que se mantendrán vigentes las actuales condiciones o cuáles son las condiciones de competencia que se deben cumplir en determinados mercados para pasar de una labor de regulación a una simple supervisión. “Cuando no se desregula a tiempo, se puede perjudicar a algunas empresas en particular o favorecer a otras, y, a la larga, el regulador se puede convertir en un repartidor del mercado”, dice Phumpiu.
Además, la carga de trabajo de los reguladores está en creciente aumento debido a la ola de inversiones que se aprecia en el Perú, como reportó en su momento Semana Económica (SE 1234). De ahí que cualquier exceso de regulación se torne incluso más nocivo. Cuando la apuesta por el desarrollo del país pasa necesariamente por el correcto funcionamiento de los mecanismos de mercado en situaciones complejas, se espera que los organismos reguladores cumplan cada vez mejor su difícil función; hay todavía espacio por mejorar en el 2011 y buenas posibilidades de que exista la voluntad política para lograrlo.
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