Conflictos 2011

Los conflictos socioambientales resurgirán con fuerza luego de la resaca de Año Nuevo. Hacia la tercera semana de enero empezará la danza: toda vez que es un año electoral, más de un aspirante a un cargo público querrá ser el abanderado de la protesta y del bochinche, pues sabe que a más violencia, se tiene más probabilidades de aparecer en los medios locales y nacionales. Protesta sin un muerto no sale en portada.

Para la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) debe ser frustrante que exista una cartera de inversión del orden de los US$51,000 millones para el siguiente quinquenio (80% del total en proyectos mineros), pero que nada de lo que corresponde a ella avance. En minería, Toromocho se ha postergado, Rio Blanco no tiene fecha, La Zanja y la Granja enfrentan resistencias de las comunidades a pesar de tener la licencia social, Michiquillay y Quellaveco están empantanados y Tía María es el ejemplo de la sinrazón (el no por el no). En hidrocarburos, si bien se han licitado lotes en 2007, 2008 y recientemente, la verdad es que nadie ha perforado ni un pozo. La excusa es que se están demorando en aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) para la sísmica, por lo que los plazos de exploración aumentan por default a cuatro o cinco años. El “baguazo” y la indefinición frente al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT (derecho de consulta a los pueblos indígenas) han puesto nerviosos a los petroleros. Los proyectos de las hidroeléctricas están detenidos, salvo el de Chaglla de Odebrecht en Huánuco (trabajo de diseño básico).

La lista por venir

Los conflictos que asoman en el panorama son los encontronazos con las nuevas autoridades regionales y locales por dinero y competencias –en este aspecto, el núcleo duro de Gregorio Santos en Cajamarca, Vladimir Cerrón en Junín y Jorge Acurio en el Cusco es distinto al resto de los presidentes regionales electos, pues los mencionados tienen una agenda antiindustrias extractivas respaldada por la ONG y el ollantismo–, un paro de los mineros informales que se sienten mecidos por las intrascendentes mesas de trabajo del Decreto Supremo 045 y del Decreto de Urgencia 012, y un dulce paro promovido por los Oviedo que al parecer perderían la caja chica (¿?) de Pomalca y Tumán.

Pero a los ya conocidos podría sumarse una nueva dimensión de conflictos que tienen que ver con la energía, los cuales van más allá del simple contrapunto empresa versus comunidad y Estado "bombero", pues tienen implicancias –inclusive geopolíticas– en más de una región.

Se ha prometido una planta de fraccionamiento en La Convención y una planta termoeléctrica. Se ha comentado que Odebrecht se ha acercado a los bancos de inversión para pedir financiamiento para hacer estas dos obras; la carta secreta es que se tendrían contratos anticipados de compra de toda la producción con Electroperú y Petroperú. Se tiene que construir un poliducto desde Las Malvinas a Quillabamba (unos 300 km a US$1.5 millones el km ¿pasarán por el Santuario Megantoni?), una planta de fraccionamiento que procese 10,000 barriles diarios (como la de Iquitos, que costaría US$200 millones) y una planta termoeléctrica que pondría 735,840 MW hora al año al sistema interconectado (a un costo de US$180 millones por una planta de 120 Mw hora). A los precios actuales, Odebrecht se aseguraría un flujo de pagos de las empresas estatales del orden de US$200 millones por los líquidos y US$37 millones por la electricidad. Pero resulta que el MEF ha aprobado sólo US$25 millones como parte del acuerdo ante el último paro.

La nueva administración del Gobierno Regional del Cusco interpondrá una acción judicial, pues los lotes 57 (Petrobras-Repsol) y 58 (Petrobras), que se sitúan en su territorio, sólo pagan regalías del 5% frente al 37.24% que abona el Consorcio Camisea. Además, la autoridad solicitará ser parte interesada en la denuncia contra el Consorcio Camisea con respecto al cálculo del factor R –que está en la Fiscalía hace dos años–, pues se sospecha que los costos de producción han sido inflados. Para terminar con el gas, todo el sur espera la decisión de inversión de Kuntur para hacer un gasoducto desde Las Malvinas hasta Ilo, donde se establecerían una planta petroquímica y una planta termoeléctrica que le vendería energía al norte de Chile (y donde, a su vez, se ubican los principales asentamientos mineros chilenos). ¿Hay suficiente gas?

En cuanto a las hidroeléctricas, se ha frustrado el Convenio de Integración Energética con el Brasil, firmado el 28 de abril del 2008 y ratificado en la reunión García-Lula en Manaos a mitad de año. El proyecto Inambari, a cargo de la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur, consorcio de las empresas brasileñas OAS –privada– y las estatales Furnas y Electrobras, con el diseño de ingeniería de la empresa Engenix Engenharia) y que iba a financiar el Banco de Desarrollo del Brasil (unos US$4,000 millones), ha encontrado una fuerte resistencia de las comunidades a pesar de que el gobierno les ha facilitado todos los trámites administrativos.