¿El talón de Aquiles del modelo peruano?

POR HANS ROHTGIESSER

Brecha entre la realidad y la percepción

Hace unas semanas un individuo tomó una agencia bancaria en Gamarra, lo que ameritó una operación de una unidad especializada de la policía. Éste había capturado a varios rehenes e hizo peticiones no del todo razonables para dejarlos ir. Al final, él fue eliminado; los rehenes, liberados. Esto, de inmediato, se utilizó como evidencia de que Lima se hunde en una ola de criminalidad, que es uno de los temas favoritos de algunos periodistas locales.

No obstante, el sentimiento queda. Al respecto, en el Informe 2010 Latinobarómetro se levanta una cuestión interesante. En años pasados el desempleo solía ser el problema que la gente percibía como más importante en sus respectivos países. Eso cambió en el 2010. Por segunda vez desde que se hace este informe, el primer puesto en la lista a nivel región lo ocupa la delincuencia. Y si bien en esta medición el Perú se ubica en una posición moderada (ver Las tendencias según el Latinobarómetro, pág. 10), internamente existe información que podría dar algún indicio de que también estaríamos siendo presas de esta tendencia.

Sin embargo, cosa curiosa, cuando se hace la pregunta acerca de si los latinoamericanos han sido víctimas de algún delito se observa una tendencia decreciente; es decir, mientras la percepción de inseguridad está en aumento, los mismos encuestados aceptan que han sido víctimas de delitos o de la violencia en menor frecuencia. Por supuesto que esta brecha entre realidad y percepción no quiere decir que se estén volviendo locos o paranoicos: hay una razón detrás.

Por un lado, en la región existen focos de alta violencia que generan una serie de tendencias mediáticas que alteran la percepción de la seguridad ciudadana en América Latina en general. Por el otro, existe un fenómeno llamado “pánico moral” que en períodos electorales se intensifica. 

 

Presentando al pánico moral

El pánico moral fue acuñado por las investigadoras Carol Vance y Gayle Rubin. En sociología se usa para denotar la reacción de un grupo de personas que tiene base en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o de grupo. Lo usual es que ese comportamiento falso o exagerado de un grupo minoritario o de una subcultura sea percibido como peligrosamente desviado o como una amenaza para la sociedad. Esto suele producir tensión social y no lo suelen discutir en términos racionales los líderes de opinión. Típicamente los medios de comunicación lo representan de manera estilizada y estereotipada. De esta manera, el fenómeno es repotenciado por los propios medios y por las maquinarias de propaganda. Se diferencia de una histeria colectiva porque se enmarca alrededor de términos de moralidad y se presenta como un atentado contra el orden social. El resultado final puede ser incierto, pero una cacería de brujas podría ser una opción. 

El fenómeno del pánico moral es ideal para los medios, que pueden llamar más la atención del público y ofrecer más reportajes y coberturas y primeras planas. Lo preocupante es que al entrar a una espiral de pánico moral, se genera un círculo vicioso que luego es difícil frenar. A más sentimiento falso de inseguridad, más portadas y más noticias de delitos sangrientos y violencia, lo que, a su vez, da mayor sentimiento de inseguridad. Así es como luego la población apoya medidas exageradas o extremistas, como la pena de muerte para crímenes menores. 

Por su lado, políticos y otros grupos también salen ganando. En el Perú, eso se puede apreciar cada cierto tiempo. Por ejemplo, mientras hay amenazas a la paz interna bastante bien identificadas, se gastan recursos y tiempo en amenazas de humo que no tendrían por qué ocupar tanta atención. Es más, candidatos a la presidencia que en ausencia de verdaderas propuestas con respecto a qué hacer frente a la delincuencia, simplemente sugieren penas más duras, como si eso fuese a solucionar la situación por sí mismo.

Lo que es peor, si no se aborda el problema oportunamente y pronto, lo más probable es que éste empeore cada vez más, de tal manera que luego solucionarlo sea más costoso. 

 

 

Las tendencias según el Latinobarómetro

La población percibe que la delincuencia es el problema principal de la región

El Latinobarómetro este año empieza planteando que para alcanzar un crecimiento de largo plazo el principal problema de la región a afrontar es la desigualdad. No obstante, la percepción de la población va por otro lado: exactamente por la delincuencia y el desempleo. Esta brecha entre la percepción y la realidad es un elemento que ha sido bastante común en los informes anuales del Latinobarómetro, y el 2010 no ha sido la excepción. En esta ocasión, el Perú no está a la punta ni en desigualdad, desempleo o delincuencia, sino más bien en una posición moderada. Para la lista de los países que consideran que la delincuencia es su principal problema, el Perú se ubica en la posición 14, con 18% de personas que responden que sí lo es. En cambio, en la lista de los que consideran que el desempleo es el principal problema, el Perú está en posición 5, con un porcentaje de 20%. Es decir, para los peruanos el desempleo aún sigue siendo más preocupante, lo cual es entendible, considerando la composición del mercado laboral peruano.

Más bien resulta curioso que mientras la delincuencia crece como preocupación entre los latinoamericanos, si se les pregunta directamente si han sido víctimas de algún delito o de algún acto de violencia, la respuesta tiene una tendencia decreciente. Es decir, mientras la delincuencia afecta cada vez menos la vida de la gente, ésta la considera cada vez más un problema prioritario.

 

La innegable verdad

Por supuesto que esto no quiere decir que no haya focos de violencia en América Latina. De hecho, es innegable la criminalidad y la inseguridad que imperan en lugares como Río de Janeiro y en ciertas partes de México. Casualmente, hace poco el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de México elaboró una comparación de la violencia en distintas ciudades y del mundo para poner sus problemas en perspectiva. Juárez figura en primer lugar, seguida por la ciudad afgana de Kandahar, San Pedro de Sula en Honduras, Caracas en Venezuela, Chihuahua en México y Tegucigalpa en Honduras. Lima no aparece entre las ciudades más violentas (ver Radiografía mexicana, pág. 16). 

Esta información es relativamente consistente con otras historias a las que se puede tener acceso. Por ejemplo, para el diario español El País, las tres ciudades de América Latina marcadas por el estigma de la violencia son Ciudad Juárez, Caracas y Medellín. Las tres sobresalían a finales del 2010 por su alto y dramático récord de crimen. De estas tres, Medellín merece una mención especial por estar en vías de cambio; al igual que Cali en algún momento albergó abiertamente a implicados con el narcotráfico. Ahora, según el diario español, está cambiando a punta de inversión en educación y deporte. En cambio, Caracas presenta lo que El País llama la violencia por la violencia, que es la peor de todas. Ciudad Juárez nuevamente es la más preocupante, sumida en un estado de sigilo permanente. El que los cárteles de la droga luchen entre sí arroja cerros de víctimas que la policía es incapaz de reducir tras décadas de corrupción. 

El País afirma, entonces, que Venezuela, Colombia y México son los países que hay que observar para no seguir su ejemplo en lo que a seguridad interna se refiere. Y es que en el mundo moderno de acuerdos comerciales y pactos internacionales y de entidades transnacionales cuya falta de apoyo implica serios problemas económicos, cada vez es menos necesario contar con un ejército que proteja de una eventual invasión de algún vecino. Esto al punto que hay países en la región que ya ni ejército tienen: ¡que pase Costa Rica!

En el 2008, Costa Rica celebró 60 años sin Fuerzas Armadas. Esto, que para otros latinoamericanos podría parecer una locura, para los costarricenses es un orgullo garantizado por la Carta Magna. A nadie en Costa Rica se le ocurriría cuestionar la decisión tomada en 1948.

Por supuesto que dicho caso es muy particular, pues se trata de un territorio pequeño con una población más bien homogénea, además de encontrarse relativamente centralizado. Intentar reproducir esa experiencia en otros países sería peligroso, si no se observan otras condiciones. Para algunas naciones latinoamericanas sería impensable plantear la abolición de las Fuerzas Armadas en las actuales condiciones. No solamente por los riesgos internos, sino también por la idiosincrasia y su participación en la vida política. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia prefirió cuestionar la independencia de Costa Rica y alegar que no es cierto que no tenga un ejército: sus Fuerzas Armadas son las de Estados Unidos, lanzó.

Lo cierto es que la región incluye todos los extremos y varios casos de estudio como para no incurrir en errores que otros ya han cometido. De hecho, en México se puede ver un perfecto adelanto de lo que podría caerle al Perú encima si sigue con la actual despreocupación con respecto a las fuerzas de seguridad y su relativa incapacidad para poder enfrentar amenazas a la paz interna.

 

La propuesta para abolir el ejército peruano

Con lo vertiginosa que fue la campaña electoral municipal del 2010, quizás muchos no recuerden que en algún momento el escritor Jaime Bayly consideró lanzarse a la Presidencia de la República. Si bien esta empresa no llegó muy lejos, quizás sí haya sido interesante para sondear la actitud del público en general con respecto a varios temas. Por ejemplo, una propuesta de gobierno específica de Bayly era cerrar las Fuerzas Armadas.

En un artículo que publicó Jaime Bayly en su columna de Perú.21 del 26 de enero del 2010 incluyó el siguiente párrafo:

“Yo sé que la mayoría de los peruanos creen que algún país vecino nos quiere invadir, pero yo creo que nadie quiere hacernos la guerra ni invadirnos. Yo sé que la mayoría de los peruanos creen que necesitamos fuerzas militares para protegernos de esa eventual invasión o guerra exterior, pero yo creo que nuestras fuerzas militares son incompetentes e inútiles y que, si tuvieran que protegernos de esa supuesta guerra (que yo creo que no ocurrirá), nos protegerían tan pobremente que casi daría igual si no existieran. Yo creo que el cuantioso dinero que gastamos en entrenar a miles de soldados en el oficio innoble de matar en una guerra ficticia y del todo improbable es dinero muy mal gastado. Yo creo que el cuantioso dinero que gastamos en comprar armas de guerra para una guerra que no ocurrirá (y que, de ocurrir, perderíamos de todos modos) es dinero inmoralmente malgastado. Yo creo que el dinero que el Perú gasta en militares y armas de guerra debería destinarse por completo a educar a los niños más pobres del país. Yo creo que el Perú, como Costa Rica, puede y debe vivir sin fuerzas militares: basta con una Policía moderna, bien equipada y dotada de vehículos más potentes y veloces que los que usan los malhechores para escapar: esa sí es una guerra real, la guerra contra los delincuentes, una guerra que necesitamos combatir con urgencia y para la cual es preciso dotar a la Policía de más hombres, más recursos, mejores armas y mejores vehículos”.

Esta propuesta tuvo por respuesta una larga controversia en los medios y en las redes sociales. Por ejemplo, el general en retiro Daniel Mora –alguna vez jefe del Consejo Nacional de Inteligencia– utilizó el escándalo para recordar que para muchos la solución a la situación de las Fuerzas Armadas peruanas es reducirlas de tamaño y profesionalizarlas. Esto se alcanzaría reduciendo el número de oficiales, capacitando con mucha mayor atención al personal subalterno, ajustando los sueldos para que sean competitivos y reorientando sus funciones a la atención de emergencias. Es decir, en cierta medida, alejarlas de las amenazas externas ficticias que Bayly denuncia, para un trabajo más cercano y real de acompañamiento de la población para superar los problemas reales más urgentes. 

 

La orientación hacia adentro

En este contexto tienen mucho sentido los reclamos de varios organismos que llaman a una mayor preocupación ya no tanto por enemigos vecinos, sino más bien por las amenazas internas. Por supuesto que una propuesta como la de Bayly no es precisamente viable en el Perú de hoy. Pero sí tiene sentido pedir a las Fuerzas Armadas que brinden una mayor atención a problemas más cercanos a la población, como la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la delincuencia y el acompañamiento de la población en caso de desastres naturales.

Esto se debe enmarcar dentro de un proceso de reforma que nunca despegó y que quedó varado. Esto, a su vez, no debería sorprender. Después de todo, las cosas como están favorecen a distintos grupos de interés. No por nada evaluaciones internacionales como la realizada por Transparencia Internacional nos asigna el título de ser el país con la tercera Fuerza Armada más corrupta de la región. En ese sentido, para poder efectuar un cambio real y efectivo necesitamos darle el apoyo que en su momento tuvo la reforma de la educación pública en el Perú. De lo contrario, los temas vinculados, como la reestructuración de la escala de sueldos o el replanteamiento de la carrera de los oficiales, serán elementos ideales para ir bloqueando un proceso largo y complejo.

Por otro lado, como lo expone Carlos Basombrío en el libro Reforma de las fuerzas armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares, editado por el Wilson Center, la posición oficial del gobierno es que el país no se enfrenta a amenazas convencionales externas importantes a su seguridad nacional. Por el contrario, se enfrenta a dos tipos de amenazas a la seguridad. Primero, un nuevo tipo de carácter global y que solamente se puede enfrentar por la colaboración entre distintos países; por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero. Segundo, amenazas más convencionales de carácter interno, como el delito común, la inseguridad ciudadana, etc. 

El narcotráfico

El escenario en México es tan tétrico que debería servir de combustible para impulsar las medidas que hagan falta. En ese sentido, Fernando Rospigliosi en la edición del último diciembre de Perú Económico publicó el artículo “Perspectivas de la seguridad”, en el que manifiesta la preocupación de que el narcotráfico avance más en el Perú, dada la poca atención que recibe actualmente. 

Según Rospigliosi, el narcotráfico es la principal amenaza actual a la seguridad del país. No solamente porque trae consigo violencia, sino además porque los millones de dólares que genera fomentan corrupción. En el Perú, se tiene la particular condición de los remanentes del terrorismo que hoy estarían jugando para la industria del narcotráfico. No es casualidad que en los últimos cuatro años la superficie sembrada de hoja de coca habría crecido fuertemente, hasta alcanzar las 60,000 hectáreas. De la producción, el 95% se destinaría a elaborar cocaína, y no debería sorprender, porque las Fuerzas Armadas precisamente están teniendo serios problemas para enfrentar el problema. El año pasado apenas se habrían decomisado 10 toneladas de cocaína, 34% menos en relación con el 2008. Mientras tanto, Colombia capturó 203 toneladas. 

Entre la ineficiencia de los efectivos y la falta de interés nacional por verdaderamente abordar este asunto, el Perú ha terminado siendo el primer exportador de cocaína en el mundo. Y de continuar la actual actitud al respecto probablemente se consolide como una potencia en ese rubro. 

Para Rospigliosi la solución pasa por una reforma de las instituciones encargadas de combatir este mal: la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. No obstante, esto se complica por los intereses comprometidos. Además, si bien México nos puede servir para temer lo peor, el Perú cuenta con una característica que muy pocos países en el mundo tienen (de hecho, no la tiene México): la cadena completa de producción para el narcotráfico, desde la siembra ilegal de la hoja de coca hasta la elaboración de cocaína en laboratorios en ciudades intermedias. A pesar de esto, no hay bandas posicionadas a cargo del negocio en el Perú, sino pequeñas firmas típicamente de naturaleza familiar que abastecen a los narcotraficantes internacionales. Para Carlos Basombrío, éste es el detalle que ayuda a explicar por qué el Perú no presenta los niveles de violencia y de corrupción que campean en México o en Colombia.

La delincuencia

En el libro de Basombrío se comenta que si bien en el Perú preocupa mucho el tema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana, los niveles de relación con el crimen organizado son más bien bajos. Esto marca una diferencia importante con Brasil o con México, donde existen redes criminales de control de territorios que además organizan la criminalidad común. No sólo eso, sino que al revisar el célebre Informe Bratton, se encontrarán en varios puntos menciones a que Lima es una ciudad que no presenta los niveles de violencia o delincuencia que debería, si se evalúa una serie de condiciones: deterioro de las condiciones sociales (este estudio se realizó en el 2002), un ejercicio legal y policial engorroso y la expansión del tráfico de drogas en el ámbito local. Los que elaboraron el documento estaban bajo la impresión de que Lima se encontraba en una situación muy vulnerable y que podría ser víctima de una expansión de la delincuencia violenta. Existía evidencia para dar la alarma: altas tasas de robo –un delito comúnmente considerado como precursor de otros más serios–, delincuencia juvenil, etc.

No obstante, desde que se emitió ese informe hasta ahora no se ha visto que Lima se hunda en el ambiente de criminalidad que se temía. Sí, la delincuencia se ha mantenido (aunque no se ha agravado a los niveles que se temía, a pesar de la percepción errada de que la inseguridad es un problema crítico, como ya hemos visto). Lima no llegó a los extremos que vivió Nueva York en los ochenta o Río de Janeiro en los noventa. 

Para el Informe Bratton esto no fue obra divina, sino que si bien Lima mostraba las condiciones para convertirse en una ciudad hiperviolenta, también se trataba de una ciudad que curiosamente estaba preparada extraoficialmente para enfrentar el problema. Por un lado, los funcionarios de las municipalidades y del Gobierno Central estaban alertados del problema y dispuestos a tomar las medidas necesarias, que es un elemento que no siempre se da, por simple que suene. Además estaba el fuerte interés de un sector del público activo y responsable a través de asociaciones civiles y de las ONG, que por medio de una serie de iniciativas fueron a la fuente del problema, enfrentando las causas de la delincuencia, antes que a la delincuencia misma: recuperación de espacios públicos, desarrollo de instituciones de vecindarios, programas de prevención contra las mujeres, etc. El Estudio de victimización en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Iquitos y Trujillo realizado por APOYO Opinión y Mercado en el 2005 muestra que la delincuencia y la falta de seguridad son males que afectan a todos, a pesar de no ser la primera preocupación en las distintas ciudades estudiadas. Ese puesto estaba reservado para el desempleo y la falta de trabajo. 

Lo que este estudio ayuda a establecer, además, es el delito predilecto de los criminales en cada ciudad. En las seis ciudades, el delito con mayor prevalencia de victimización para el período 2001-2004 fue el robo de vehículo automotor. Como insiste el Informe Bratton, el robo es el precursor de crímenes más violentos y por eso vale la pena ponerse en acción para prevenir la escalada de delincuencia. Además, hay una presencia de delitos violentos en la lista de prevalencia de victimización del estudio, aun cuando sean porcentajes bajos. Lamentablemente las medidas aplicadas desde entonces hasta ahora para enfrentar este dilema no parecen haber sido efectivas.

Por lo pronto, una de las recomendaciones del Informe Bratton era que se comenzara a generar información confiable y transparente con respecto a la ocurrencia de delitos en la ciudad. Esta sugerencia pareciera que captó la atención de las autoridades temporalmente. Atención que se perdió luego.

Desastres naturales

Finalmente, el Perú es un país que está particularmente sujeto a desastres naturales; desde el Fenómeno de El Niño hasta los terremotos, desde los huaicos hasta el friaje. Se trata de un país que constantemente está siendo golpeado por la naturaleza, y si algo se ha aprendido de los últimos desastres naturales (terremoto de Pisco, inundaciones en Cusco, etc.) es que definitivamente no hay suficiente preparación. Por supuesto que en cuanto hay una crisis la población en el resto del país se organiza y manda ayuda de todo tipo: comida, ropa, etc. Pero deberían ser las Fuerzas Armadas las llamadas a intervenir directamente para las operaciones de rescate y de acompañamiento de la población.

De hecho, no debería sorprender que esto sea una preocupación mundial cada vez mayor, si se considera que en el mundo los desastres naturales tienen cada vez mayor ocurrencia. El estudio del Banco Mundial Natural disasters and growth del 2009 no solamente indica cómo esto ha ido creciendo sostenidamente, sino que su efecto en el crecimiento económico es considerable, lo que debe llamar a tomar medidas preventivas efectivas. Después de todo, como lo indica el informe y como no es muy difícil de deducir, los costos son mucho menores si se hubiese tomado medidas previas. De hecho, los costos de un desastre natural son más impactantes en economías en desarrollo a magnitudes que no son triviales.

A estas alturas ya existe la suficiente información como para estimar aproximadamente qué se necesita, como para dar prioridad a eso y no a tanques o submarinos que preparan al país para la guerra.

Así, lo que las Fuerzas Armadas necesitan para poder cumplir con esta función está reflejado en el famosísimo Núcleo Básico, que se definió algunos años atrás. El Estado se tomó la molestia de elaborar una lista de las compras que debe hacer para funcionar. Lamentablemente no se ha seguido este plan y otras han sido las prioridades. 

Medidas concretas

Las medidas necesarias son sencillas de enumerar, pero muy difíciles de aplicar; básicamente se pueden agrupar en tres categorías. Primero, terminar de replantear la carrera en las Fuerzas Armadas. Esto implica muchas medidas que sumadas terminen dando un cuerpo más pequeño, pero más profesionalizado. Esto pasa también por replantear el servicio militar obligatorio; no obstante, se debe hacer con mucho cuidado.

Segundo, se necesita hacer más eficientes a los efectivos. Por ejemplo, alguna vez el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que se podía hacer una reforma administrativa de los procesos burocráticos para que tomen menos personas, de tal manera que éstas sean liberadas de estas tareas y que salgan a las calles. Claro que esto también pasa por traer a las comisarías al siglo XXI. Después de todo, la gran mayoría de éstas no solamente no están conectadas a Internet o a la base de datos del Reniec, sino que ni siquiera están conectadas entre ellas.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió su Reporte de la segunda supervisión nacional de comisarías 2010, que muestra un panorama tétrico. La Defensoría ha estado alertando ya desde hace buen tiempo sobre la crítica situación por la que atraviesa la policía. Aparte de las quejas que ha presentado la población con respecto al trato que recibió en las distintas comisarías a nivel nacional, lo que de por sí ya es preocupante, están las características mismas de estas comisarías. Que apenas el 39.63% de las comisarías visitadas han sido evaluadas por el Indeci queda como una preocupación secundaria cuando se observa que el porcentaje de comisarías consideradas de “alto riesgo” ha crecido de 5% en el 2008 a 10.67% en el 2010. Además, el 59.76% de las comisarías no tiene acceso a la base de datos de requisitorias de la misma policía, lo cual ya representa un dato escandaloso.

Quizás lo más dramático sea que elevar el nivel de estas comisarías a un nivel aceptable –mas no el idóneo– no es tan caro como se podría pensar. La Asociación Amigos de la Policía con la ayuda de la Fundación Romero levantó fondos para en el 2004 instalar una comisaría modelo en Surquillo y modernizar 17 comisarías en el Callao en el 2008. En esto último utilizó apenas US$230,000 (sin contar una donación para capacitar 80 efectivos y el software utilizado). Si se compara con lo que se pierde a nivel nacional por la inseguridad, no es mucho dinero. Además de lo que se pierde está lo que se gasta en seguridad por la desconfianza en la policía. Según el IPE, a nivel nacional se gasta aproximadamente US$808 millones en serenazgo, sistemas de vigilancia vecinal, etc. 

Finalmente, se tiene que replantear toda la política de compra de armamento de las Fuerzas Armadas. Ya se ha hecho el tedioso esfuerzo de definir el Núcleo Básico. Ahora falta que se le respete y que las compras de armamento y de equipo del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina las cumplan. Se tiene que dejar de mover sobre la base de pedidos “extraordinarios” o de excepciones, así como de temores levantados en el momento, para comenzar a hacer las compras atendiendo el plan a largo plazo. Por ejemplo, mucho se ha comentado acerca de la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan una actuación más ejemplar en el VRAE, esa zona en la que el terrorismo y el narcotráfico están ganando terreno. Y, por su parte, las Fuerzas Armadas han insistido en la necesidad de equipo especial para las operaciones que necesitan realizar.

No es novedad que las Fuerzas Armadas necesitan más recursos. Pero hay que empezar por lo más urgente. Si hace falta replantear el Núcleo Básico por la intensificación de los sucesos en el VRAE, que se haga por los canales formales, pero como resultado de un planteamiento de largo plazo estratégico y sustentado. Y si ese debate es público y transparente, mejor aún.