Una realidad dramática pero controvertida

En casi la totalidad de los países, el comercio de órganos humanos está prohibido. No ha sido la regla una constante. En India, hasta 1994, existía un mercado legal de órganos humanos, prohibido entonces por varios problemas recurrentes: donantes que fueron sorprendidos y engañados, otros a quienes se les prometía un dinero que finalmente no recibían, etc. En las Filipinas demoró hasta 2008 la misma prohibición por similares razones. Entre los países de población significativa, sólo resulta legal vender un riñón en Irán. No es de extrañar que allí no exista lo que es común en los demás países: una lista cada vez más larga de pacientes que esperan angustiados un transplante incierto. En China, la mayoría de los órganos  transplantados proviene de prisioneros ejecutados o que mueren en prisión. Pero ello ha servido de poco para atenuar la demanda creciente.   

El mercado negro de órganos ha sido calificado, por la Organización Mundial de la Salud, como uno masivo. Se estima, por ejemplo, que a él se recurre, al menos, para uno de cada cinco transplantes de riñón. Desde un punto de vista económico, la demanda por riñones es consecuencia de las enfermedades renales, de las restricciones que imponen los procesos de diálisis, de una disminución significativa del riesgo en las operaciones de transplantes y de las mejores facilidades de lo que ha venido a llamarse el “turismo médico”. La oferta, de otro lado, es restringida y variable, aunque la gran mayoría de personas tiene dos riñones y muchas entre ellas podrían sobrevivir sin problemas con uno (una diferencia marcada respecto de otros órganos). Por tanto, esta realidad genera tanto transferencias lícitas como aquellos transplantes que se alimentan de un mercado negro de riñones.

El debate sobre cómo resolver este problema estuvo originalmente circunscrito a médicos y analistas de políticas públicas en materia de salud. Pero, en las últimas dos décadas, no pocos economistas han propuesto maneras muy diversas de colaborar en la compleja tarea de facilitar que aquellos en la necesidad apurada de un riñón lo puedan obtener de manera confiable y económica.

        Las cifras de EEUU –país que probablemente genera la mayor demanda insatisfecha– son representativas y elocuentes. Según Annie Lowrey, en un artículo en Slate, actualmente hay en dicho país 80,000 pacientes en listas de espera por un riñón. Y al año sólo se donan 19,000 riñones: 13,000 que provienen de cadáveres y 6,000 de donantes vivos. Tan compleja y dramática realidad genera que diariamente mueran más de 10 personas esperando un riñón que finalmente no les llega a tiempo. Los restantes sobreviven conectados a un tratamiento engorroso de diálisis cuyo costo se estima en US$75,000 al año por persona, monto que es sostenido mayoritariamente, incluso en EEUU, por el sector público.

        Aunque debe reconocerse que cualquier operación de transplante conlleva siempre un riesgo –a pesar de que la farmacología que previene el rechazo de órganos ha avanzado mucho desde 1970– dicha intervención otorga finalmente, a los pacientes en diálisis, más años de una vida mejor. Y el análisis costo-beneficio también resulta uno favorable. En 2004, el economista Mark Schnitzler y el médico Arthur Matas estimaron en cerca de US$90,000 el ahorro que cada transplante exitoso de riñón le genera a la sociedad. Cualquier extrapolación de este estimado revela que una reducción significativa en la lista planetaria  de espera por un riñón ahorraría millones a sistemas de seguridad pública con costos crecientes, cuando no virtualmente quebrados.

        Para ello, sin embargo, resulta imprescindible  ampliar la oferta oportuna y legítima de riñones sanos. No es una tarea fácil. La primera propuesta obvia para todos  es propiciar que más personas autoricen la donación de sus órganos cuando mueran. Pero se ha tenido poco éxito con estas campañas. Por ejemplo, en Nueva York, una ciudad con estadísticas detalladas sobre el tema, sólo el 10% de su actual población ha aceptado explícitamente ser donante. Por ello, en Inglaterra las asociaciones de médicos ingleses propusieron en 1999 un sistema de consenso presunto, lo que fue tajantemente rechazado por la Cámara de los Comunes.  

        Debido a ello, aunque suene algo macabro, la Asociación Médica de EEUU planteó, en 2002, el estudio de incentivos económicos para las familias de los recientemente fallecidos como una manera de ampliar la oferta. Y en el estado de Pennsylvania se estableció un fondo para financiar dichos pagos. Pero esta iniciativa fracasó rotundamente y se discontinuó. Desde un punto de vista estrictamente financiero, sin tener en cuenta los aspectos éticos de la decisión, algunos economistas sostienen que las compañías de seguros de salud deberían estar autorizadas a adquirir libremente riñones de personas. El Premio Nobel Gary Becker, junto al economista argentino Julio Jorge Elías, escribió un polémico artículo en el cual sugería una manera de aproximar lo que sería el valor de mercado de un riñón en EEUU, y lo estimó en US$15,200. El actual precio en el mercado negro muchas veces supera este monto ¡por un múltiplo de diez! En Irán, en cambio, el precio es de US$3,000 a US$5,000. Ello ha generado el creciente interés de mafias de todo tipo.

        Muchos médicos y políticos tienen justificaciones respetables para oponerse a un mercado comercial de órganos. Pero, entonces, ¿cómo ampliar la oferta de donaciones de personas vivas, actualmente limitadas a los familiares de aquellos enfermos que sean además médicamente compatibles con ellas? Sucede que muchas veces quienes desean donar un riñón a un familiar no lo pueden hacer. Recientemente, se ha permitido en EEUU las cadenas de canje. Dos enfermos con riñones respectivamente de tipo A y B pueden tener familiares dispuestos a donar, pero con riñones de tipo inverso. Uno le dona al otro paciente porque el familiar de éste le dona –en operaciones simultáneas, no carentes de riesgo– al familiar de uno. En 2009, por ejemplo, se logró un transplante encadenado complejo que ayudó a 13 pacientes a la vez. Desde la autorización de este sistema, las donaciones de no familiares directos han aumentado al 20 por ciento del total de las cirugías de transplantes.

        En paralelo, la policía de Israel acusó a un grupo de personas (que incluía a un general retirado del Ejército) de conformar una red internacional de tráfico de órganos que ofrecía US$100,000 por riñón pero que, en el caso de dos denuncias, no pagó nada a donantes afectados. Y las denuncias en Kosovo durante los últimos meses sobre este tema son alarmantes.