“Bolivia va rumbo al desastre económico”

“El país es un ejemplo de prudencia y equilibrio. Ha aplicado una política macroeconómica acertada, sus ahorros y reservas le permiten contar con una política contracíclica”, declaró el FMI. "Hemos visto un progreso notorio en el país, en la economía, en las cifras de pobreza y en las cifras sociales, un manejo macroeconómico sano y estable”, informó el Banco Mundial. No se trata de las ya conocidas felicitaciones dirigidas hacia el gobierno del Perú, ni mucho menos orientadas hacia las tradicionalmente estables administraciones de los países del primer mundo, hoy en serios problemas fiscales. No. Se trata de un reconocimiento a la política económica del gobierno del presidente boliviano, Juan Evo Morales Ayma, y su partido Movimiento al Socialismo (MAS).

El hecho de que, para ciertos asuntos, la ortodoxia económica y política no acompañen a la administración altiplánica ha ayudado a alimentar una corriente de opinión desfavorable sobre el gobierno de Morales, mientras que su simpatía por la “revolución socialista” del presidente venezolano, Hugo Chávez, no contribuye a lavar su imagen. ¿Qué indicadores objetivos se pueden tomar en cuenta para evaluar el desempeño del MAS? ¿Qué tan acertados son los diagnósticos que pronostican un irremediable retroceso en Bolivia a partir de las reformas implementadas? A continuación, algunas ideas que merecen ser repensadas.

El gobierno de Morales ha hecho una mala administración económica.

MENOS DE LO QUE USTED CREE. El gobierno de Morales puede haber asustado a los inversionistas y a la comunidad internacional con sus acciones –incluidas expropiaciones– y comentarios que rememoraban la América Latina de los años ochenta, pero a primera vista su desempeño económico no es tan negativo. Si se comparan los indicadores clásicos de los últimos años para analizar la solidez del manejo macroeconómico, es justo reconocer que el gobierno boliviano resulta en una posición mucho más favorable que el resto de países de la región. En los últimos tres años, la economía del país ha crecido en promedio 4.6% anual, la tercera tasa más alta de Sudamérica, luego de Uruguay y del Perú (ambos con 5.7%). Inclusive, durante el 2009, año de la crisis internacional, Bolivia alcanzó una tasa de 3.3% de crecimiento, una de las tasas más altas del mundo para ese complicado año.

Aunque son polémicas las políticas de nacionalización de empresas en sectores “estratégicos”, como el energético, éstas implicaron un incremento sustancial en los ingresos fiscales. Así, mientras que en el 2005 la venta de hidrocarburos generaba a las arcas bolivianas un ingreso aproximado de US$77 millones, en el 2010, luego de varias nacionalizaciones, Bolivia recibió más de US$3,600 millones por el mismo concepto, o el equivalente al 46% de los ingresos totales del gobierno boliviano para dicho año.

En el campo monetario, recientemente ha trascendido en los medios que el gobierno de Evo Morales había logrado acumular más de US$10,000 millones en reservas internacionales netas (RIN), récord histórico para Bolivia y un aumento de casi 600% en relación con los niveles de las RIN en el 2005. Esta cifra supera el 50% del PBI boliviano, en tanto que en el resto de países de la región la proporción RIN/PBI es significativamente menor.

Hay bienestar ahora, pero su modelo no es sostenible.

PARCIALMENTE CIERTO. Los ingentes ingresos obtenidos por la nacionalización de algunos sectores han permitido que Bolivia alcance superávit fiscales sostenidos desde el 2006, hecho del que no muchos países pueden ufanarse en estos tiempos. Además, con una balanza comercial positiva y una deuda externa históricamente baja, los indicadores macroeconómicos no revelan ninguna bomba de tiempo. Según analistas internacionales, el actual ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, sería inclusive más conservador en el manejo fiscal que el ex ministro peruano Luis Carranza. Los problemas, por tanto, no vendrían desde las cuentas agregadas.

Sin embargo, existen problemas con el modelo boliviano; tan serios como previsibles. Por una parte, las políticas de nacionalización han generado temor entre los grandes inversionistas respecto a la seguridad de sus inversiones. Los ejemplos de Repsol YPF, British Petroleum, Telecom Italia, Graña y Montero, entre otras empresas que sufrieron la aplicación de un modelo económico en que los sectores “estratégicos” le deben pertenecer al sector público y ser administrados por éste, dan la imagen de un país que no muestra absolutamente ningún respeto por la propiedad privada.

Como consecuencia de ello, la inversión privada de la gran empresa no ha acompañado al crecimiento boliviano y su ausencia se hace sentir sobre todo en el sector extractivo, donde la falta de exploración minera y de hidrocarburos genera serias limitaciones en las reservas bolivianas de cara al mediano plazo. Según Francesco Zaratti, delegado del ex presidente Carlos Mesa en cuestiones de hidrocarburos y privatizaciones, la falta de exploración preocupa “sobremanera”, y eso hace que las reservas caigan. “La nacionalización ocasionó que  se hayan perdido o limitado mercados, se ha descuidado el sector de la exploración, se han ahuyentado inversiones en upstream y en industrialización del gas”, agrega Zaratti. De acuerdo con un reciente informe de la consultora norteamericana especializada Ryder Scott, las reservas de gas sólo alcanzarían para ocho años más. Tomando en cuenta que casi la mitad del presupuesto nacional proviene de la venta de hidrocarburos y que los egresos corrientes del país altiplánico se han duplicado en los últimos cuatro años a raíz de varios programas de transferencia condicionada –al estilo de Juntos– hasta casi alcanzar el crecimiento de los ingresos, la sostenibilidad del modelo resulta cuestionable. Ello, por supuesto, sin contar, además, la alta exposición del país a las fluctuaciones en los precios internacionales de sus principales commodities.

La influencia chavista es poderosa, evidente y perniciosa.

CADA VEZ MENOS. Según altos funcionarios de multilaterales que operan en el país y que prefirieron no ser identificados, la influencia de la República Bolivariana de Venezuela ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, sobre todo en el aspecto económico. Una de las diferencias sustanciales sería la predictibilidad del avance del Estado en su programa de nacionalizaciones. En la perspectiva de los funcionarios, mientras el gobierno del presidente Chávez interviene sectores y empresas en gran parte en función de la coyuntura del momento y de su ánimo presidencial particular (hace un tiempo se hizo popular en Internet un video en el que se le veía caminando por el centro de Caracas disponiendo la expropiación de distintos inmuebles a su gusto), el modelo boliviano ha optado más bien por un esquema ordenado y relativamente previsible de las industrias en las que eventualmente intervendrá. Así, el sector hidrocarburos fue el primero en el que el gobierno se hizo presente, para luego ampliar su presencia en todo el sector energético y posteriormente entrar al sector transportes y telecomunicaciones. Si bien no está demás tener claro que las políticas de nacionalización no han contado por lo general con resultados positivos en la experiencia latinoamericana, también es cierto que la incertidumbre de los inversionistas privados es sustancialmente mayor en Venezuela que en Bolivia debido a la relativa predictibilidad del gobierno de Morales.

Por otro lado, y contrariamente a lo que sucede en Venezuela, la relación del MAS con los principales organismos multilaterales, como el BID, la CAF o el Banco Mundial, ha ido mejorando en los últimos años y pasa por una excelente situación, al punto que estas tres instituciones son hoy las mayores acreedoras de la deuda externa neta boliviana con 72% del monto total adeudado. Más allá del discurso contra el “neoliberalismo salvaje y las instituciones que lo representan”, la verdad es que Morales ha preferido no seguir del todo –en la práctica– la ruta confrontacional de su par venezolano.

Sin embargo, en el ámbito político, es innegable que la aprobación de una nueva Constitución con el objetivo de “refundar” la república, como la aprobada en el 2009 en Bolivia, resulta un sello característico de las aspiraciones de los gobiernos ligados al ALBA y de sus obvias intenciones reeleccionistas. Actualmente, la Constitución boliviana, en su artículo 168, establece claramente que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”. No obstante, para Evo Morales, el primer gobierno del MAS –correspondiente al período 2006-2009– no estaría dentro de la cuenta. Según su interpretación, debido a que recién en el 2010 inició su “primera gestión como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia” hasta el 2015, se debería contar ése como su primer período, lo que –según afirma– le daría derecho a él y a su vicepresidente Álvaro García a postular nuevamente en las elecciones de diciembre del 2014. Cualquier parecido con la intentona reeleccionista de Fujimori en el Perú a finales de la década pasada no es pura coincidencia.

Es imposible que Bolivia despegue en los próximos años.

DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE. Según algunos analistas, el hecho de que Bolivia haya podido crecer a más del 3% en un año de crisis no necesariamente demuestra la fortaleza de la economía del país, sino que más bien evidencia su falta de conexión con el resto del mundo. En este sentido, el relativo aislamiento de Bolivia la llevaría a crecer, independientemente de lo que pase en el mundo, a tasas ubicadas entre el 2% y el 4%, cifras insuficientes para un país con una tasa de pobreza cercana al 60%, casi el doble que la peruana.

Uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el país es la falta de funcionarios altamente calificados en el sector público, sector que cada vez ocupa una porción más importante de la economía nacional y que hoy dirige algunas de las empresas más grandes del país. Precisamente en estas empresas, que antes operaba el sector privado, se ha experimentado un retroceso en la calidad de su gestión, según funcionarios internacionales. En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, la empresa pública Entel no habría logrado cumplir con las expectativas de cobertura y calidad de servicio que se propuso en el momento de la nacionalización. Sucede que la administración pública boliviana se ve limitada por los sueldos poco competitivos que ofrece el sector, en el que ningún funcionario debe ganar más de los US$2,000 que recibe mensualmente el primer mandatario.

El principal problema estaría, sin embargo, en el modelo económico en sí. Al margen de haber cambiado de propietarios, la industria primario-extractiva sigue siendo el motor principal de la economía boliviana, tal como lo fue hace cuatro siglos. Muchos de los cambios en la nueva Constitución, aparte de dar mayor autonomía a las comunidades indígenas, se han centrado en promover la pequeña empresa y microempresa boliviana, pero sin proponer un esquema novedoso en el que el mediano y gran capital, agentes fundamentales del crecimiento, puedan mantener una dinámica atractiva y dar espacio para formar una industria fuerte o de un desarrollo tecnológico competitivo.

Bolivia, al ser un caso singular por su discurso “antisistema” presentado junto con buenos fundamentos macroeconómicos, permanece en la palestra global. La primera parte de la tarea: la estabilidad macro, se viene cumpliendo con éxito al compás de los cánones económicos tradicionales. Le queda pendiente a Evo Morales demostrar al mundo que él tiene una propuesta de sistema productivo alternativa, eficaz y sostenible.