IGV: El punto de la discordia

Consideramos que la respuesta a la interrogante del subtítulo de este artículo es “sí” por dos razones. La primera es que imprime un sesgo expansivo a la política fiscal en un entorno en el que la demanda interna crece a tasas mayores del 12%. Lo que se requiere en este momento es implementar políticas contracíclicas que permitan que la tasa de crecimiento del PBI converja hacia niveles sostenibles. La reducción del IGV en el contexto actual, eventualmente, presionará al Banco Central a realizar un ajuste monetario mayor que el inicialmente esperado, lo que encarecerá las condiciones de financiamiento para el sector privado y desplazará su gasto en inversión y consumo. Además, requerirá que las nuevas autoridades del MEF desaceleren el gasto público de manera más sensible en el segundo semestre del año.

El segundo argumento en contra de la reducción del IGV en el contexto actual es la caída permanente de los ingresos fiscales que esta medida implica, ya que no se contemplan medidas compensatorias. Se estima que la caída en la recaudación equivale a 0.3% del PBI, por lo que nuestra previsión inicial de un ligero superávit fiscal para este año pasaría a un déficit de 0.2% del PBI debido al impacto directo de esta medida. Más importante aún es el deterioro que esta propuesta generaría sobre el resultado fiscal estructural, el cual da una mejor valoración de la posición fiscal porque limpia los efectos cíclicos y transitorios que, en este momento, “mejoran” la medición tradicional del resultado del sector público.

En este sentido, el argumento de que existe espacio hoy para reducir el IGV porque los ingresos fiscales serán mayores a lo previsto durante este año es cuestionable, porque se debe considerar la naturaleza temporal de esta mejora, reflejo de la fase expansiva del ciclo en la que nos encontramos y de los elevados precios de los minerales. Por ello, la reducción del IGV debió ir acompañada de mejoras estructurales en las cuentas públicas, las que podrían obtenerse mediante la eliminación de las exoneraciones tributarias o la ampliación de la base impositiva.

A la luz de esta experiencia, aquí cabe enfatizar la importancia de seguir fortaleciendo la institucionalidad de las políticas económicas y evitar dar señales que sugieran un manejo oportunista, coyuntural y excesivamente discrecional de ellas. En este sentido, compartimos la sugerencia de revisar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para establecer restricciones a la reducción de impuestos en los meses previos a las elecciones generales, de manera similar a las que contempla esta ley para el gasto público durante estos períodos.