Azucareras: Amargo final con fuga de tondero

La inacción del Estado frente a la situación patrimonial de las azucareras y las dos medidas recientes que entregan las acciones a los trabajadores y prolongan la protección son como una papa caliente que se traslada al siguiente gobierno. Éstas no hacen más que terminar de definir este nuevo quinquenio de desaciertos en la política agraria que se origina por la incapacidad de presentar un plan de acción técnico, factible de ejecutar y consistente con las distintas visiones de los que estuvieron a cargo del Minag en los últimos años. Si en algo ha habido consistencia en el gobierno de García, ha sido en la truculenta relación que ha mantenido con Lambayeque, cuna de estas azucareras.

Queda claro que en las azucareras el Estado debió ayudar a los empleados accionistas para tomar buenas decisiones, así como trabajar con ellos e informarlos. Debió tener un plan. Sin embargo, se dejó llevar por facciones sindicales sin ningún reconocimiento y prefirió transferir las acciones y la

responsabilidad de lo que ocurra en esas empresas a los cooperativistas. Vender una azucarera con el impacto económico, político y social que tienen estas empresas no es como sacar a remate un lote de carros usados, menos cuando se ha tenido 50 años para planificar cómo hacerlo bien. Está claro que la responsabilidad de este desatino es únicamente del gobierno de García, porque ha tenido directores en actividad en cada una de estas empresas y todas están quebradas. No se han preocupado en absoluto por resolver los problemas de fondo, y pudiendo presionar a los Oviedo con la Sunat, con la Conasev y con todas esas instituciones, que sólo sirven para los empresarios formales, no lo hicieron y prefirieron ir por la vía más fácil para poner el último clavo en el ataúd a Tumán y Pomalca, donde los Oviedo elevan constantemente la barrera de entrada haciendo las empresas cada vez menos atractivas para cualquier inversionista que tenga la capacidad de invertir por lo menos US$100 millones en cada una de ellas.

Dicen que el valor de las acciones al que se transfieran dependerá de su valor en la bolsa. Me pregunto: ¿cómo puede siquiera existir una cotización en la bolsa de valores de empresas que no presentan sus balances auditados y tampoco celebran directorios, cuyas transacciones comerciales se ejecutan entre los mismos socios mayoritarios y sin ningún control? Si se calculan los valores por flujos descontados y se incluyen las deudas, esas tres empresas tienen –sin ninguna duda– un valor negativo.

Si me preguntan por qué el siguiente gobierno recibirá el tema de las azucareras como pendiente y sin resolverse, la respuesta es muy sencilla: porque la estrategia del gobierno de turno ha sido dejar que sus funcionarios gocen de los beneficios individuales que se generan del statu quo y el Minag no ha tenido una política clara, consistente ni sostenible. No ha existido voluntad para elaborar un plan y definir una estrategia efectiva que beneficie realmente a trabajadores y acreedores.