Conflictos sociales: Las broncas que se heredarán

Las nuevas autoridades heredarán dos frentes inmediatos de conflictos producto de la habilidad innata del presidente Alan García de no solucionar los problemas de fondo, menos aún los candentes. Es mucho más rentable políticamente aparecer en la foto inaugurando obras que enfrentar problemas que tienen consecuencias políticas y económicas.

Un primer tema que no se ha enfrentado es el entrampe político y legal de todo tipo de legislación y ordenanzas regionales contra la inversión en industrias extractivas. Sabíamos, por los resultados de las elecciones regionales de octubre pasado, que los problemas vendrían de Cajamarca, Junín y Cusco; pero ya podemos ir sumando a la lista Arequipa (no al proyecto Tía María y a la industria pesquera en Camaná) y Puno (no a las hidroeléctricas).

Por ejemplo, en Cajamarca, la nueva administración de Gregorio “Goyo” Santos (ex Patria Roja) ha ratificado la ordenanza de la Zonificación Económico-Ecológica (ZEE) efectuada durante la administración de Jesús Coronel (Fuerza Social), y ha avalado al personal que realizó ese trabajo. Santos sabe que las empresas mineras se manifestaron en contra de la ZEE, pues se hizo sin conocimiento de las reservas probadas o probables en el territorio, por lo que las decisiones basadas en el trabajo carecen de fundamento técnico. Pero no importa; si les molesta a las mineras, mejor. En el Cusco, la Asamblea Regional le ha exigido al nuevo presidente regional, Jorge Acurio (allegado a Ollanta Humala), que reactive la ordenanza regional dada el 2009, que prohíbe la minería en el Cusco a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional. Y en Junín se ha aprobado el 24 de febrero la Ordenanza N° 108-2011-GRJ/CR, que fuerza la asociatividad entre las empresas privadas y las comunidades, determina que 60% o más del personal contratado debe ser de la zona y que 3% del personal contratado debe ser discapacitado.

Así, el nuevo gobierno encontrará gobiernos regionales levantiscos que se reafirman en una estructura de poder y normas provenientes de un proceso de descentralización mal hecho. Pero, además, la falta de la reglamentación del Proceso de Consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT ha hecho que cada gobierno regional la interprete según su leal saber y entender. Tanto así, que las ONG han visto una oportunidad de negocios y han ofrecido sus servicios “para hacerle el servicio de consulta a las empresas”, cuando es una función que sólo le compete al Estado.

Un segundo grupo de conflictos inmediatos proviene de las promesas de pagos o salvatajes por parte del Estado. En esto todos los candidatos son copartícipes, pues para prometer no vale la “prudencia fiscal”. La nueva administración tendrá que enfrentar el pago a los fonavistas (ganaron el referéndum en octubre pasado), el salvataje de la Caja de Pensiones Militar-Policial y la Caja del Pescador, el aumento a las FFAA y FFPP respetando la cédula viva, perdonar las moras e incumplimientos de los clientes del Banco de Materiales y del Banco Agrario, etc. Y no se sorprendan si vemos a García encabezando los reclamos en su rol de líder del Apra.

 

 

 

 

LA PRIORIDAD POSTERGADA - Decretos urgentes

 

 

 

La necesidad de agilizar los grandes proyectos de inversión privada ha sido –según el propio gobierno– uno de los ejes centrales de su gestión. Con este espíritu se dictaron varios decretos de urgencia (DU) con la finalidad de “flexibilizar” los procedimientos requeridos en el sector público para que los trámites de los procesos de concesión vayan a la velocidad de los inversionistas privados. El resultado, sin embargo, no fue tan auspicioso como se esperaba.

 

Debido a numerosas postergaciones en los concursos de ProInversión –ello, en parte, a causa de falta de directores en los organismos reguladores–, son relativamente pocos los proyectos priorizados que han avanzado como se esperaba en los cinco años transcurridos. De las 33 iniciativas priorizadas en los DU del 2011, por ejemplo, unas 12 datan de DU del 2010 y varias otras vienen desde mucho más atrás. Uno de los casos es la concesión del puerto de Yurimaguas, que se discute desde mediados del 2007, mientras que la puesta en marcha de la adjudicación del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, es una tarea pendiente que lleva algunas décadas de retraso.

 

Para algunos analistas, la desidia de la actual administración para sacar efectivamente adelante la mayor parte de las obras eternamente calificadas como prioritarias no justifica las medidas de excepción que se dictaron a través de los DU, los cuales derogó finalmente la presión pública. Así, el próximo gobierno recibe una pesada cartera de proyectos de inversión de crucial importancia en varias regiones y para los cuales, en muchos casos, no existen siquiera los planes de promoción necesarios para empezar a motivar a los inversionistas, como sucede en los proyectos para los puertos de Salaverry y Pucallpa.

 

 

 

Más que un costo ambiental

 

por DIEGO MACERA

Doe Run es una piedra en el zapato con la que lidiará (también) el próximo gobierno. Además de los pasivos ambientales en La Oroya, los pasivos políticos son un tema complejo. Luego de 12 años de operación y constantes enfrentamientos con las autoridades públicas, la empresa, propiedad del Grupo Renco, entró en proceso concursal del Indecopi en junio del 2009 por su incapacidad para cumplir con las deudas con sus acreedores. Asimismo, tuvo serios problemas para cumplir con el cronograma de adecuación al programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) y revertir los graves problemas de contaminación de la zona. Durante este gobierno, los aplazamientos continuos del PAMA terminaron por agravar la situación.

 

La junta de acreedores constituida ante el Indecopi determinará si se procede a reestructurar la compañía, tal como desean los trabajadores de La Oroya, o si se determina su liquidación. La decisión tiene peso político propio. Por un lado, medios internacionales ventilan que Doe Run ha empezado a armar un poderoso grupo de influencia en EEUU para resolver el caso con su ayuda. Y a nivel nacional, el costo político de cerrarla que enfrentaría el siguiente gobierno podría ser alto: en junio del 2010 la Carretera Central fue bloqueada por trabajadores que exigían reanudar operaciones de la minera.

 

Algunos candidatos ya se han pronunciado sobre el asunto. Kuczynski y Humala se han mostrado dispuestos a reanudar las conversaciones con Doe Run para garantizar su adecuación al PAMA, en tanto que Toledo ha mencionado que “de ser presidente, cerraría la empresa”.

 

 

 

Fondo crudo - FEPC

A mediados de febrero del presente año, el gobierno anunció que suspendería el ajuste de las bandas de precio establecido para el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), a pesar de que anteriormente aquéllas se ajustaban de forma continua cada dos meses y de que los precios actuales del petróleo se cotizan especialmente altos. Si bien el terremoto en Japón (el tercer importador de crudo del mundo) puede reducir la demanda global por petróleo y disminuir su precio, según el Osinergmin el actual subsidio a los combustibles le estaría costando al fisco aproximadamente S/.30 millones semanales.

Como señala el IPE acerca de esta decisión del Ejecutivo, “esta conducta demuestra que ideas como el FEPC suponen un tremendo riesgo para el fisco y están condenadas al fracaso: las reglas que se imponen para “asegurar” que el FEPC no desangre al fisco al final se cambian (repetidas veces) para acomodar las presiones políticas que siempre acaban dominando”. Y es que un ajuste al alza en la banda de precios inevitablemente traería presiones inflacionarias que, en una coyuntura electoral, se suele preferir evitar.

De acuerdo con el gobierno, a finales de abril, luego de la primera vuelta electoral, se volvería a evaluar la conveniencia del reajuste en los precios “para no politizar el tema”. Sin embargo, en algunos casos, la omisión dice más que la acción. Y estos costos –según manifiesta el IPE– tendrá que enfrentarlos el próximo gobierno.

 

 

 

Los bonos calientes - Reforma Agraria

por SANDRA BELAUNDE

A pesar de que en anteriores ocasiones –y hace no mucho tiempo– tanto Mercedes Aráoz, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alan García, como el actual ministro, Ismael Benavides, reconocieron la importancia de pagar la deuda interna y explicaron que aún el gobierno no estaba en condiciones de pagar los bonos de la reforma agraria, a principios de marzo del 2011 Benavides anunció que en abril el Poder Ejecutivo tendrá una propuesta para pagar dichos bonos. Ésta será evaluada por el Congreso antes del término del gobierno saliente. 

Es definitivamente un tema por resolverse, no sólo por la necesidad de varios de sus tenedores que suelen ser los bonistas originales, sino también por las exigencias de sus otros acreedores. Por un lado, el BCP –para que no prescriban sus bonos– ha demandado al Estado por esa deuda. Asimismo, el fondo americano Gramercy ha adquirido una cantidad importante de la deuda de la reforma agraria y el riesgo de ello podría ser que al estar la deuda en manos de especuladores, tendría que ser pagada sí o sí y eventualmente en circunstancias indeseables (por orden de un tribunal internacional, y con eventuales embargos de las cuentas del país). Como antecedente, en los noventa Elliot Associates obligó al Perú a que le pagara antes que a los bonistas Brady.

Aún no se ha actualizado la deuda, pero de acuerdo con cálculos del MEF ascendería aproximadamente a S/.4,000 millones, equivalentes al 1% del PBI. La promesa de pago de esos bonos es una papa caliente distinta de las anteriores porque, no obstante ser un problema económico que (al igual que en gobiernos anteriores, desde 1980)  se dejó de afrontar para no asumir su costo político, a última hora –cuando el gobierno está por terminar– se decide pagarla, cosa que tendrá que hacer el siguiente régimen. Una voluntad política más sincera hubiera afrontado el asunto mucho antes, y ejecutado la solución a lo largo del lustro.  

PARA SABER MÁS:

Semana Económica 1208 (07/02/2011). La deuda interna también quiere grado de inversión: la creciente expectativa de cobro de los bonos de reforma agraria

 

 

Aún sirve a medias - Carrera Pública  

El gobierno que se va dio un paso decisivo en materia de reforma del Estado y carrera pública al implementar en el 2008 la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Esta entidad se ha concentrado en la formación de gerentes públicos, así como en la reducción progresiva de las escalas remunerativas de los trabajadores estatales.

No obstante, y pese a que la continuidad de Servir más allá de los nombres está implícita en la reciente renovación de jefatura –ingresó Edmundo Beteta en reemplazo de Nuria Esparch (Perú Económico febrero 2011)–, hay pendientes para el ejercicio efectivo de su función. Por ejemplo, la demora en la ejecución de una partida de US$1 millón por el Ministerio de Economía y Finanzas para que opere un software que permita poner en marcha el Registro Nacional del Servicio Civil ha determinado que muy probablemente este sistema no pueda estar operativo, como estaba previsto, antes de finalizar el actual período. ¿Habrá tenido algo que ver la politización de ciertos sectores del aparato estatal en este quinquenio? Lo cierto es que corresponderá al siguiente gobierno lidiar con la implementación del caso.

Pero aún más complejo dentro del engorroso proceso pendiente de reforma del Estado resulta la polémica en torno del régimen de los contratos administrativos de servicios (CAS), también creado en el 2008 y en un inicio dictaminado como inconstitucional por la Corte Superior de Justicia de Lima, pero luego declarado como constitucional por el TC. Según algunos especialistas, este régimen restringe los derechos laborales a un segmento de los trabajadores del sector público y genera distingos con los que están sujetos a los regímenes públicos (D. Leg. 276) y privado (D. Leg. 728), sobre todo en materia de indemnizaciones en caso de despidos. Corresponderá al siguiente gobierno acometer el reto de unificar regímenes y asumir los costos políticos que ello implique entre los funcionarios de alto rango, en línea también con los comentados ajustes de las escalas remunerativas. (Roberto Castro)

 

 

 

De policías y militares - Cédula Viva

Por “cédula viva” se entiende que la pensión que percibe un pensionista es igual al ingreso que reciben los empleados activos en el mismo puesto (o equivalente) que tenía aquél al jubilarse. Así se trate de remuneraciones pensionables o no; es decir, pueden incluir pagos sobre los que no aportaron. A través de la reforma del régimen pensionario 20530 emprendida a fines del 2005 y que culminó con el cierre de la cédula viva, el Estado proporcionó una mayor sostenibilidad a las finanzas públicas al reducir la carga de la planilla pasiva dentro del esquema pensionario para los trabajadores públicos.

De la misma forma, el MEF emprendió en setiembre del 2010 (a través de una modificación del proyecto de Ley del Presupuesto para el 2011) la reforma del sistema pensionario militar-policial. De acuerdo con Mercedes Aráoz, entonces ministra de Economía, el objetivo era mejorar el sistema remunerativo del personal en actividad, oficiales y subalternos, y su régimen pensionario –cumpliendo con los requisitos de la Constitución–. En efecto, con “cédula viva” el impacto financiero de cualquier aumento al personal en actividad se magnifica por tener que abarcar también a los que están en situación de retiro. A ello hay que sumar la precaria situación de la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPMP), la cual presenta un déficit presupuestario desde el 2004, el cual viene incrementándose en los últimos años.  Como era previsible, el personal en retiro –que tiene por uno de sus representantes nada menos que al primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri– se opuso férreamente a la medida. Y a pesar de que el presidente Alan García defendió la propuesta del MEF, el Congreso no la aprobó –según Aráoz– debido a una desinformación y a que había muchos intereses políticos en juego por ser año electoral.

Será el siguiente gobierno el que herede este serio problema, con todo su costo político y su impacto financiero: si se cierra la cédula viva militar-policial se podrán subir más fácilmente los sueldos del personal en actividad, pero a costa de disgustar al influyente estamento de los oficiales en retiro; si no se cierra, el costo de dichos aumentos se incrementará exponencialmente, sin que las pensiones reflejen lo aportado por los retirados. Alejandro Toledo y Ollanta Humala han adelantado opinión sobre este tema, mediante la promesa de no eliminar la cédula viva de policías y militares. (Sandra Belaunde)