Juntos en la investigación

por Hans Rothgiesser

En los últimos años ha llamado la atención la pobre situación de la investigación y el desarrollo en el Perú. Existen varios indicadores que sustentan este lamentable hecho, y todos ellos son consistentes. Por ejemplo, se puede comparar lo que se gasta en investigación y desarrollo en el Perú con los demás países de la región. En el 2007, la Unesco identificó que el país gastaba el 0.1% del PBI, mientras que Colombia gastó el 0.2%, Bolivia el 0.3%, Costa Rica el 0.4%, México el 0.5%, Chile el 0.7% y Brasil el 1%. Este bajo gasto –en el sector público y en el sector privado– causa una situación curiosa. 

Según Modesto Montoya, físico nuclear y conocido promotor de la investigación científica en el Perú, las dos variables más preocupantes son el número de publicaciones y el número de patentes. De acuerdo con otro de los grandes promotores, Francisco Sagasti, quien además ha sido presidente del consejo directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt), otro indicador del atraso es el número de 0.39 investigadores científicos por cada mil trabajadores. El promedio regional es 6.50. También menciona la cantidad de universidades peruanas que son incluidas en el ranking de universidades realizado por la empresa Scimago sobre la base de la publicación de sus artículos. La universidad peruana mejor ubicada es la Cayetano Heredia, que se sitúa en el puesto 78 y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la sigue en el puesto 123. Es decir, es una situación francamente preocupante.

Dar el ejemplo es la única manera

Para Montoya corregir esta situación pasa por hacer una seria reforma en el sector público. Esto implica que el Estado coordine mejor las políticas. Por ejemplo, comenta que es un error que se haya estado becando a los mejores estudiantes peruanos universitarios de ciencias con dinero del Estado para que estudien en las mejores universidades del mundo y luego, cuando regresan para aplicar todo lo aprendido y rendir a favor del país, no haya puestos de trabajo en lo que han sido preparados. De esta manera, el compromiso que asumen estos estudiantes de regresar al Perú termina siendo un saludo a la bandera, porque no hay trabajo para ellos.

En ese sentido, Montoya considera que hace falta una ley del investigador científico que vele por eso, así como un ministerio de ciencia y tecnología que centralice los esfuerzos del Estado y que cuide la consistencia de esas políticas. Por su lado, Sagasti tiene otra posición: reconoce que se requiere que el protagonismo de la investigación científica inicialmente sea del Estado, éste es el que debe gastar al comienzo más dinero no solamente en proyectos, sino también en incentivos al sector privado para echar a andar la maquinaria.

Lo que se tiene que entender cuando se habla de la actuación del sector público en la investigación científica es que ésta tiene dos manifestaciones. Una es en la introducción de incentivos para que el sector privado quiera invertir más; la otra es en la investigación en entidades del Estado (IIAP, IPEN, etc.). Una de éstas es el Instituto Geofísico del Perú (IGP), dirigido por Ronald Woodman. Esta institución tiene 11 investigadores con doctorado y con amplia experiencia en la investigación, los cuales cuentan con sueldos competitivos. Woodman ha expresado la voluntad de contratar a más científicos, pero no puede: la política de austeridad del actual gobierno no se lo permite. De hecho, el IGP tiene actualmente el mismo número de investigadores que en la década de los setenta. 

Algunas de estas entidades estatales de investigación científica hacen una buena labor a pesar de las limitaciones. No obstante, son esfuerzos atomizados y sin mayor coordinación entre ellos. Según Montoya, un ministerio de ciencia y tecnología debería tener como principal prioridad coordinar los esfuerzos entre estas distintas instituciones. En cambio, para Sagasti esto no es conveniente, en el sentido de que la ciencia y la tecnología debería ser un esfuerzo interministerial, pero cada uno de estos institutos debe reportar a su propio ministerio; es decir, el INIA al Minag y el Imarpe a Produce.

Cada día sabemos más y entendemos menos

Para Montoya, el sector privado no está por el momento interesado en investigación científica en lo más mínimo, y esto se debe básicamente a la ausencia de incentivos. Sin embargo, la evidencia muestra que la Universidad Cayetano Heredia –una institución privada– es una de las entidades que más investigación científica dura genera en el país. Así, el testimonio de su rectora, la doctora Fabiola León-Velarde, es elocuente. Ella no solamente es una investigadora con una larga trayectoria (con especial interés en fisiología de la adaptación a la altura), sino que además es una de las promotoras de investigación y desarrollo más exitosas del país, en el sentido de que ha podido impulsar proyectos y mantener institutos de investigación con bastante eficacia. 

Las razones por las cuales ella cree que hacer investigación científica en el Perú es tan difícil son diversas. Entre ellas, no hay un sistema nacional que realmente apoye, y el que hay está muy desarticulado. Esto se evidencia al ver que los institutos estatales que realizan investigación están adscritos a distintos ministerios, los cuales no coordinan entre sí y algunos ni siquiera reportan a Concytec, el cual no tiene ninguna influencia en las políticas de los ministerios. Parte del problema también es que las pocas iniciativas existentes no cuentan con los fondos que necesita para echar a andar. Para resolver esto, sería óptimo decidir si la autoridad competente va a terminar siendo un ministerio o si va a ser un comité interministerial.

Sin embargo, a León-Velarde no le queda duda de que es rentable invertir en proyectos de investigación científica a nivel privado. Pero esto no siempre juega a favor del investigador nacional, porque muchas empresas privadas, ante la desorganización que ven dentro del país, prefieren invertir en traer investigadores del extranjero que le aseguren resultados. Dicha desarticulación no ha permitido que el sector privado crea en las instituciones nacionales públicas o privadas que investigan, principalmente universidades.

Así y todo, un elemento positivo actual es que estos espacios se están comenzando a dar. Por ejemplo, está el Fincyt, un fondo creado con recursos del BID. Se trata de fondos concursables que vinculan a los empresarios con los investigadores. La experiencia ha sido tan exitosa que por cada dólar que se ha invertido, de acuerdo con León-Velarde, ha habido un retorno de más de US$6: uno de los retornos más grandes que se ha obtenido de un proyecto de este tipo. Quizás más importante sea que estos fondos no se han dado a cualquier proyecto de investigación, sino que se trataba de proyectos que se enmarcaban en temas que el Consejo de Competitividad ha definido como prioritarios. Esto iba desde aprovechamiento de los recursos hídricos hasta nuevos procesos para el agro.

El Fincyt ha sido una experiencia exitosa, al igual que el Incagro –recientemente desmantelado para reorientar sus recursos–, el Fondecyt de Concytec, entre otros. Sagasti conoce bien esta experiencia y opina que la situación económica actual del país brinda una ventana de oportunidad única para echar a andar la maquinaria de la investigación, de una u otra manera.

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio

Un elemento que según León-Velarde llama a que tengan que convivir los institutos del Estado con los institutos privados es que en el Estado no se puede despedir a investigadores casi por ninguna razón. En algunos institutos del Estado esa protección al puesto de trabajo ha terminado generando incentivos perversos que bloquean la contratación de nuevos talentos. Por otro lado, actualmente la ley impide que se contrate para proyectos específicos por un período determinado, con lo que se mina la opción de que personas escojan la investigación científica como alternativa de carrera profesional. Sagasti entiende que el proceso de implementar la maquinaria de la investigación científica tiene que comprender adecuadamente a los agentes involucrados en el uso de la tecnología, en particular el de las empresas que debieron tener un papel protagónico.

Lo que sí queda claro, y en lo que todos están de acuerdo, es que la situación de la institucionalidad actual para promover la ciencia y la tecnología en el Perú simplemente no funciona. Al acercar más al sector privado al público, se podrá echar a andar una maquinaria que actualmente está oxidada.