¿Represa de las cuatro décadas?

Luego de varios años, el proyecto hidroeléctrico Inambari despierta aún controversia y su futuro se mantiene incierto

La enorme central hidroeléctrica de la amazonía peruana continúa existiendo tan sólo en el papel, entrampada entre discusiones políticas, económicas y ambientales. ¿Cuál es la posición de los actuales candidatos sobre el asunto? ¿Qué beneficios concretos puede traer para el país? ¿Y los costos (económicos, sociales y medioambientales)?

Inambari en la campaña

En una reciente entrevista radial, la candidata presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, manifestó que los grandes proyectos de infraestructura, como la central de Inambari o el puerto de Ancón, se deben aprobar necesariamente vía consulta previa. En tanto, el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, ha mantenido una posición ambivalente al respecto. Por un lado, en un mitin llevado a cabo en la ciudad de Puno el 6 de abril, manifestó su abierta oposición a la iniciativa energética. Por otro lado, una vez concluida la segunda vuelta, declaró en el diario La República: "A corto plazo, el Perú tiene un gran desafío que es la integración con Brasil y, por ese motivo, el proyecto de construcción de una represa en la localidad de Inambari, en la frontera común, requerirá una consulta popular". Cabe mencionar que existe cierta suspicacia respecto a la posición de Humala frente a Inambari debido a su cercanía con empresarios de OAS, Odebrecht, entre otras empresas brasileñas interesadas en los proyectos hidroenergéticos peruanos, con quienes se habría reunido en Brasil a finales de marzo pasado.

Represa a la balanza

Inambari debía ser el primer y mayor proyecto hidroeléctrico de los seis proyectos acordados en el convenio de integración energética firmado por el Perú y Brasil en abril del 2008. Con una capacidad de 2,200 megavatios (MW) ­–más del doble de lo generado por la Central Hidroeléctrica del Mantaro, actualmente la más grande del país–, Inambari sería la quinta planta más grande de América Latina y demandaría una inversión de US$4,900 millones durante sus cinco años de construcción, cantidad que supera en casi US$800 millones a la totalidad del monto de inversión esperado en proyectos de generación eléctrica durante los próximos dos años en el país.

Sin embargo, existen numerosas dudas acerca de la conveniencia de la ejecución del proyecto. En primer lugar, la utilización de lo que sería el área de embalse, que comprende 35,233 ha, afectaría directamente a más de 3,000 personas que residen en el zona de impacto, quienes tendrían que ser reubicadas. Aunque según la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) –institución a cargo de la concesión temporal para realizar estudios de viabilidad del proyecto– se tiene previsto destinar un aproximado de US$7,332 por cada habitante reubicado para su proceso de reasentamiento y se seguirían estrictamente las políticas de reubicación del Banco Mundial, lo cierto es que la iniciativa no cuenta con el apoyo de la población.

En lo que respescta al medio ambiente, el estudio de impacto ambiental (EIA) deberá explicar el rango de deforestación o de alteración de ecosistemas que será producido, a pesar de que esta información es dificil de proyectar –de acuerdo con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Inambari implicaría la tala de 36,000 ha de bosque–. Según el libro Amazonía peruana en 2021, un aspecto fundamental son las líneas de transmisión eléctrica, ya que en términos de deforestación pueden llegar a ser tan importantes como las carreteras.

Otra crítica recurrente al proyecto es que este resultaría más favorable a los intereses brasileños que a los peruanos. Según declaraciones del viceministro de Energía, Daniel Camac, en cada central hidroeléctrica de las que forman parte del paquete negociado con Brasil se establecerá un porcentaje fijo de energía por 30 años para su venta al país vecino. Durante los primeros 10 años de operación, el 80% de la energía producida pasaría a territorio vecino; sin embargo, esta cifra aún no es oficial. Luego de 30 años de operación, los activos de Inambari se transferirían íntegramente al Estado peruano (pero vale decir que una obra hidroeléctrica tendría una vida útil de hasta 80 años aproximadamente).

Por otro lado, y ya al margen de las consideraciones sociales o ambientales, la necesidad de inundar casi 100 km de la recién construida carretera Interoceánica para llevar el proyecto adelante no puede dejar de ser mencionada como ejemplo de la falta de coordinación intersectorial. De acuerdo con estimaciones recientes, el costo de la reconstrucción de la vía ascendería a no menos de US$350 millones.

Lo que se espera

Actualmente el proyecto energético está paralizado debido a que la empresa concesionaria no ha presentado aún su estudio de impacto ambiental (EIA). Además, si bien el proyecto de Ley de Consulta Previa y el propio Convenio Nº 169 de la OIT no establece que los resultados de la consulta con la población directamente afectada por obras de este tipo sean vinculantes, según la posición oficial del Minem, la central de Inambari se construirá “siempre y cuando los EIA que elaboren las empresas interesadas en el proyecto cuenten con la licencia social de la población aledaña”. Se espera que vencer las inquietudes y reticencias que despierta el polémico proyecto no tome 35 años más.