Los municipios soberanos

por DIEGO MACERA

En febrero del 2008, la Defensoría del Pueblo presentó un informe defensorial titulado ¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local. En él se exponían de manera detallada los problemas generados a raíz de una mal entendida libertad municipal. Entre las principales trabas que el documento consignaba se contaban los cobros y los trámites excesivos que varias municipalidades exigían a los inversionistas que deseaban extender los servicios de su empresa en la localidad. Resulta que –aunque el tema no sea tan publicitado como otros conocidos cuellos de botella a nivel de infraestructura– lo cierto está en que –a juicio de varios especialistas– la provisión de los principales servicios públicos a la ciudadanía a través de obras de infraestructura urbana la vienen limitando seriamente disposiciones municipales antojadizas.

“Sin duda es el problema más grave de nuestros asociados, pues les ocasiona un dolor de cabeza al momento de ampliar sus redes”, refiere Julio César Bustamante, jefe de Asuntos Económicos de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN). Como ejemplo de la situación, el citado informe de la Defensoría del Pueblo consignaba el caso de la denuncia presentada por Edelnor en contra de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. A pesar de que la Ley de Tributación Municipal dispone que las tasas por derecho de tramitación de los procedimientos administrativos destinados a la autorización de obras en áreas de uso público no deberán exceder el costo que origina la prestación del servicio, las autoridades municipales del distrito determinaban el monto a cobrar a la empresa en función de la cantidad de postes, buzones, tuberías y cables aéreos a instalarse. “La determinación del monto de las tasas de tramitación resulta ilegal y desvirtúa la naturaleza jurídica de éstas, y las convierte en un impuesto encubierto que estaría gravando la realización de obras en el distrito de Carabayllo”, concluye al respecto el documento.

De hecho, no sólo la Defensoría del Pueblo se ha ocupado del asunto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Indecopi son, por mandato, las instituciones llamadas a revisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa municipal vinculada a la promoción ­–o ausencia de trabas desmedidas– de la inversión. Sobre el particular, el Indecopi llama la atención acerca del hecho de que, en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), la gran mayoría de los municipios de Lima y Callao sólo contempla una autorización para instalar conexiones domiciliarias de agua y desagüe, mas no la posibilidad de autorizar la instalación de otros servicios públicos regulados, como la electricidad, el gas natural y las telecomunicaciones. Si la situación en la capital del país es ésta, será difícil esperar mucho mayores facilidades en las provincias del interior. No debería sorprender entonces que, de acuerdo con declaraciones recientes de Orlando Olaya, presidente mundial de mercados emergentes de Microsoft, el Perú sea uno de los países con peor desempeño en lo que respecta a implementar infraestructura digital.