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Hasta el cuello

Edición de Mayo 2011

En algunos casos, la infraestructura nacional queda corta y se requieren de nuevas inversiones para evitar la saturación. A continuación se dan algunos ejemplos.

por DIEGO MACERA

Centros penitenciarios Si bien la infraestructura penitenciaria no forma parte directa de la infraestructura con impacto directo en la economía nacional, es justo reconocer que la inversión en establecimientos penitenciarios es una deuda largamente atrasada en el país. A la fecha, las cárceles disponen de una capacidad para albergar a 27,521 reclusos cuando en realidad son 47,164 los confinados, lo que da un hacinamiento de 46%. Según el IPE, éste agrava los ampliamente conocidos problemas de inseguridad y mala calidad de vida de los reos, así como los efectos nocivos de encarcelar en un mismo recinto a presos primarios y criminales veteranos reincidentes. Sólo en el penal de Lurigancho se tiene a 282 policías encargados de supervisar a aproximadamente 8,500 reos: 30 reos por policía. No está demás mencionar que el 59.5% de los reclusos no cuentan con sentencia firme. Actualmente existen diversas iniciativas para solucionar la alarmante situación. Aparte de la norma aprobada el año pasado, que permite que los procesados por delitos menores usen grilletes electrónicos, en marzo del presente año se adjudicó el primer penal a una firma privada, la que deberá encargarse de diseñar, financiar, construir, equipar, operar y mantener el nuevo establecimiento penitenciario ubicado en Huaral por un período de 25 años. El ganador de la buena pro fue el Consorcio Montealto –Exeteco– Eulen, de capitales españoles. Sin embargo, dadas las proporciones, hacen falta 13 centros penitenciarios adicionales de esta misma magnitud para solucionar el problema nacional hoy. Según el Ministerio de Justicia, la población penal en el 2016 será de 62,781 reos –un incremento del 33% con respecto a la población actual–, lo que vuelve imperativo continuar de manera diligente con un cronograma de aplicaciones y nuevos centros penitenciarios que permitan atender a los reclusos.

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Gas natural

Estimar la demanda interna y externa de gas natural no ha sido fácil para las empresas involucradas en su extracción y distribución ni para el gobierno. Desde que en el 2000 Transportadora de Gas del Perú (TgP) firmara con el Estado los contratos de concesión del transporte de gas natural, las inversiones y los proyectos que demandan esta fuente de energía no han parado. Actualmente, el sistema de transporte de TgP tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), capacidad que no satisface la creciente demanda: sólo entre el 2010 y el 2011, la producción de gas natural se habría duplicado, en gran parte gracias a la entrega de gas a la planta de gas natural licuado (GNL) de Pampa Melchorita, operada por la empresa Peru LNG.

Recientemente TgP ha presentado una nueva propuesta para ampliar el ducto de Camisea (proyecto pospuesto el año pasado debido, entre otros temas, a que podía afectar el Santuario Nacional Megantoni), que permitirá a la empresa movilizar hacia Lima 920 mpcd. Se estima que el proyecto estaría completo hacia finales del 2013, aunque –según Ricardo Ferreiro, gerente general de TgP– la fecha dependerá de la rapidez de la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) por parte del Ministerio de Energía y Minas. Proyectos a la espera –como los 1.5 millones de conexiones domiciliarias a gas natural que espera concretar Cálidda en la ciudad de Lima en los próximos 12 años y para lo cual invertiría US$1,000 millones– no faltan.

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