Brechas (infra)estructurales

 por RODRIGO SALAZAR

Existe una relación directa entre la ejecución de proyectos de infraestructura, el crecimiento del PBI y la competitividad de un país y de sus regiones. Por ello, los retrasos de los proyectos salen muy caros al país.

Según el Banco Mundial, entre el 2009 y el 2010, el Perú alcanzó un puntaje de 2.91 (sobre un máximo de 7), que lo ubica en el puesto 97 a nivel mundial sobre un total de 133 países, y con el quinto índice más bajo de América Latina en su índice de competitividad de infraestructura.

El sector con mayor brecha de infraestructura es transportes (con 37%), seguido de electricidad (22%) y saneamiento (16.7%), de acuerdo con el documento El aporte de la inversión privada en la infraestructura, realizado por ESAN para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN). Según el IPE, al 2008, la brecha de inversión en infraestructura en puertos, ferrovías y energía superaba los US$14,000 millones.

No es sorpresa para la mayoría la demora de varios importantes proyectos de infraestructura. Dos ejemplos actuales son la concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco, suspendida a inicios de mayo, y también la reciente postergación de la construcción de la hidroeléctrica y represa de Inambari (ver recuadros), en el límite entre el Cusco, Madre de Dios y Puno.

Los efectos

Además de los motivos de atraso relacionados a conflictos sociales, varias de las regiones no ejecutan sus presupuestos de inversión por no contar con suficientes funcionarios, técnicos ni recursos humanos. De hecho, entre el 2004 y el 2009, el presupuesto de inversiones de los gobiernos regionales aumentó de S/.1,065 millones a S/.7,129 millones, según el estudio Competitividad, infraestructura y desarrollo regional de Luis Felipe Zegarra, investigador principal y profesor en el área académica de finanzas de Centrum Católica, con cifras obtenidas del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, entre esos mismos años, la ejecución del presupuesto bajó de 93% a 80%. Zegarra, no obstante, estima que este descenso se debe al notable crecimiento de los presupuestos y a que ello ha sucedido a un ritmo mayor de la capacidad de gasto. Pese a ello, se reconoce que los proyectos de infraestructura se retrasan, en parte, por las deficiencias en las capacidades de gestión de los gobiernos regionales, además de la escasez de mano de obra calificada.

Ello impacta directamente en el potencial de crecimiento del PBI de las regiones. Una región que crece a un ritmo de 5.2% anual sin proyectos de inversión en infraestructura podría subir de 5.6% con un proyecto a 6% con dos y a 7% con tres, según cifras del INEI. De hecho, si no se hubieran realizado inversiones en infraestructura entre el 2000 y el 2008 en el Perú, el crecimiento promedio del PBI no habría sido de 5.6%, sino más bien de 3.2%.

Entre las soluciones para evitar este bajo gasto en proyectos de infraestructura, y poder así aumentar el crecimiento y competitividad de las regiones –y, por consiguiente, reducir la pobreza– están la implementación de una carrera pública, un mayor salario para funcionarios y técnicos para atraer a profesionales más eficientes y transferir recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, no solamente funciones de inversión, según el estudio de Zegarra.

El caso Inambari

Éste es un caso aún más emblemático, ya que no es la primera vez que se posterga la construcción de la hidroeléctrica y su represa. En mayo de este año se volvió a postergar –cuando ello ya había sucedido en abril del 2010–. El propio presidente del proyecto, Evandro Miguel, declaró que “la realidad social y económica en el sur andino-amazónico obliga a adaptar la obra al ritmo de los procesos sociales y locales”. La negativa ha venido principalmente desde Puno (aunque el proyecto también abarca el Cusco y Madre de Dios), que se opone a la construcción de una represa que, para ser edificada, tendría que inundar cerca de 45,000 hectáreas de bosque, según el comité de gestión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, y afectaría a más de 3,200 personas, de acuerdo con datos del censo del INEI del 2007.