El Ejecutivo a discreción

Son dos las principales variables que afectarán el camino de estas instituciones: el contexto internacional y las prioridades nacionales. Es decir, tanto el Banco Central de Reserva como la Superintendencia de Banca y Seguros tendrán que enfrentar escenarios económicos harto complicados a nivel internacional. Tranquiliza que las personas a cargo sean Julio Velarde y Daniel Schydlowsky, ambos con credenciales que hablan por sí solas.

Junto con la ratificación de Velarde en el BCR, está también la de Jorge León Ballén en ProInversión, lo cual muestra un clima de continuidad en los proyectos de inversión. Aunque, por otro lado, se ve cómo Fonafe –holding de las empresas públicas– será de alta relevancia con lo expuesto por el gobierno: crear una línea aérea de bandera o de fortalecer Enapu.   

El objetivo principal del nuevo gobierno será –como ya ha sido anunciado– la inclusión social; ahora bien, el reto primordial, entonces, será optimizar la inclusión sin perjudicar el crecimiento económico del país. Según cifras de APOYO Consultoría, si los programas sociales son eficientemente focalizados, no debería significar ningún sobrecosto y el presupuesto necesario no será difícil de alcanzar –7% de los ingresos tributarios–. Debido a la alta importancia, ya ha sido anunciado el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, probablemente a cargo del actual ministro de la Producción, Kurt Burneo. Otros organismos directamente responsables del tema de inclusión social serán el Viceministerio de Mypes e Industria, el Banco de la Nación y Cofide; y por anuncios previos del gobierno se teme por el camino que sigan los dos últimos. 

Otro aspecto medular serán conflictos sociales. El gobierno ha dejado claro que priorizará el cuidado del medio ambiente y el respeto a las comunidades nativas y campesinas. De hecho, hace pocos días, ya se aprobó la Ley de Consulta Previa, mecanismo que prometen utilizar para defender a las comunidades. Sin embargo, hay una alta probabilidad de que el mal uso y entendimiento de esa ley traiga consecuencias negativas y alimente los conflictos sociales, mucho más que resolverlos. Los organismos a cargo del polémico tema son el Viceministerio de Interculturalidad –ente dependiente del Ministerio de Cultura y no del Minam como se hubiera pensado–; Osinfor, a cago de optimizar el uso forestal; la nueva OEFA, que debido al reordenamiento del Ejecutivo ahora será la organización que se encargará de autorizar los estudios de impacto ambiental, y el regulador de la inversión en energía y minas Osinergmin, el cual ha perdido facultades. Por su parte, la tarea de Osinfor será optimizar el uso forestal. Por último, la Autoridad Nacional del Agua, Perupetro y Petroperú dependerán también del uso y (des)uso de la nueva ley.

También está en la mesa la reforma tributaria prometida por Gana Perú –alcanzar el 18% de presión tributaria–, que estará a cargo del Viceministerio de Economía, pero también de la Sunat, aunque ésta aún no cuente con autonomía presupuestal ni funcional. De aquí lo importante del nombramiento de Laura Calderón, ex directora de la Sunat –ahora a cargo de Tania Quispe– como viceministra.   

Por último, el éxito de la seguridad ciudadana estará sujeto al nuevo jefe de la Policía Nacional del Perú, persona que deberá tener mucha maniobra política para poder trabajar. Asimismo, la batalla contra el narcotráfico será primordial, la que empieza bastante polémica con el nombramiento del ex asesor cocalero Ricardo Soberón como presidente de Devida, quien a menos de un mes ha expuesto que la erradicación de los sembríos de coca ahora sólo se hará con el consentimiento de los cocaleros.