Los fondos de pensiones

Sobre la base de programas ensayados en Prusia y Sajonia desde 1840, el canciller Otto von Bismarck –el gran unificador y estadista de su país– constituyó en 1889 el primer sistema nacional de pensiones para jubilados. Junto a los seguros médico y de desempleo, las pensiones fueron implantadas desde un conservadurismo revolucionario como el de Bismarck, quien aspiraba a debilitar con tales reformas el impacto político de los grupos socialistas, los cuales votaron en contra. Así, Bismarck introdujo los cimientos del Estado de Bienestar en el Imperio Alemán, lo que le permitió conseguir el respaldo de sus trabajadores, quienes redujeron su significativa emigración a América, donde si bien podían recibir mayores sueldos, la seguridad social era inexistente. Gran Bretaña siguió el ejemplo en 1911. Y el resto de Europa en los años sucesivos.    

          En un discurso de 1884, Bismarck afirmó: “la gran preocupación del trabajador típico es la inseguridad que tiene en su existencia: no tiene garantía de empleo ni de salud. Teme a la vejez y a la consecuente incapacidad física para trabajar. Y la sociedad aún no reconoce obligación alguna para con él, incluso si ha trabajado fiel y diligentemente por muchos años, salvo la general para con los pobres que es, especialmente en nuestras ciudades, insuficiente”.     

         El programa estableció en 70 años la edad para jubilarse. Eran pocos los que, por entonces, alcanzaban esa edad en Europa. La medida resolvió, a bajo costo inmediato, una de las causas de tensión laboral. En 1889, con una alta mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer era cercana a 36 años (cuando hoy supera 75 años). Posteriormente, en 1916, como parte de presiones políticas, la edad de jubilación fue disminuida a 65 años. Luego, en Alemania al menos, se mantuvo inalterada durante todo el siglo XX. Sólo recientemente, una comisión oficial de este país ha recomendado la elevación gradual de dicha edad en función de la creciente longevidad de las personas.    

         En 1900, la distribución poblacional en todo el mundo podía visualizarse como una pirámide chata con muchos jóvenes y pocas personas muy mayores. Para 2000, en cambio, la distribución poblacional –en los países europeos, especialmente– se transformó en un cilindro rectangular cada vez más alto. Hay tantos viejos como jóvenes y las personas viven cada día más. El  porcentaje de personas que supera los 100 años aumenta en todas partes.

            El mecanismo tradicional de la seguridad social es uno que todos conocen. Los trabajadores pagan su contribución a un fondo común, de donde se obtienen los recursos para las necesidades de salud y para las pensiones, las cuales son definidas en un proceso político. Corresponde casi a un esquema piramidal Ponzi, ya que las salidas se pagan con nuevas entradas. Tal sistema requiere de una base creciente de nuevos entrantes, ya que las salidas aumentan sostenidamente. Como hay un límite a ello, porque gradualmente la pirámide poblacional chata se ha vuelto un cilindro alto, el sistema está condenado tarde o temprano a estallar. Y, entonces, el Estado tiene que asumir una contingencia y deuda que no se encuentra registrada en sus cifras oficiales. La explosión se adelanta en sociedades con debilidad institucional cuando sus grupos políticos ofrecen generosas ofertas pensionarias a grupos de interés específicos, comprando votos con dinero ajeno. Ello genera injusticias y privilegios. En su visita más reciente a Lima, José Piñera tituló su charla “El sistema de pensiones que tienen Perú y Chile y quisieran tener Grecia y España”. En estos últimos países, por ejemplo, hay trabajadores que pueden acceder a la jubilación a los 50 años. Dichas pensiones vitalicias pueden tener un valor presente de US$1 millón cada una, para la cual es raro que exista una reserva. Por ello, la deuda pública de muchos de los países europeos no es la que exhiben en sus cifras oficiales, sino una mucho mayor por estas contingencias no debidamente previstas. Piñera sostiene que la de Grecia es 875% del PBI y la de España 244% del PBI.  

         Por tanto, el sistema estatal de pensiones se dirige en todo el mundo a una bancarrota eventual. La razón es que –según Piñera– el sistema estatal de reparto “separa el nexo entre contribuciones y beneficios, entre esfuerzos y responsabilidades”. Para los administradores de los sistemas estatales de pensiones, los recientes e importantes avances de la medicina son una pesadilla. El envejecimiento a escala global constituye un problema económico y político cada vez más relevante. En el caso del sistema privado de pensiones, en cambio, la adaptación resulta más fluida porque cada individuo puede escoger y ajustar, con adecuada flexibilidad, el plan que mejor le convenga. El sistema no se impone desde el gobierno. El Estado se limita a la regulación, a la supervisión técnica, a ofrecer garantías limitadas y a una red de pensiones básicas.

         También el sistema privado de pensiones ha resultado mucho más rentable y menos corrupto que el estatal. De acuerdo con tasas de retorno históricas, una cuenta individual que invierta conservadoramente 70% del portafolio en bonos y 30% en acciones puede generar un capital bastante superior al que le genera la seguridad social. El sistema privado también resulta uno más justo. Un estudio de la Corporación Rand sobre la seguridad social en EEUU concluyó que, debido a diferencias relativas en las expectativas de vida entre los diversos grupos étnicos y sociales, la seguridad social en ese país terminaba transfiriendo recursos de grupos marginales pobres afroamericanos a grupos blancos de clase media.  

         En Chile –afirmó Piñera–, el sistema privado de pensiones se ha mantenido incólume en todo lo esencial en seis gobiernos. Los fondos han acumulado US$200,000 millones (80% del PBI) para más de 9 millones de trabajadores propietarios, sin que se pierda un centavo por fraude o corrupción. La rentabilidad ha sido superior a 9% anual (se apuntaba a 4% cuando se creó el sistema).

         Su mensaje final fue que los ajustes que puedan hacerse en el Perú no debieran afectar lo esencial del sistema.