Cuestionada autoridad

Aunque no es tan mediática como el MTC, se podría decir que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) tiene tanta injerencia como aquél, ya que su expertise es más técnico. Ocurre que la APN da el visto bueno a todas las concesiones portuarias y al uso de las áreas marítimas en cualquier tipo de puerto, sean estos de tipo público o privado.

APN saltó al ojo de la tormenta cuando la empresa emiratí DP World (operadora del Muelle Sur en el Callao) pidió revisar el contrato de concesión del Muelle Norte del terminal del Callao aduciendo competencia desleal por parte del ganador, APM Terminals. Pese a que su institución fue la gestora de esta concesión, el vicealmirante (r) Frank Boyle, presidente de su directorio, no dudó en indicar que se podría renegociar el contrato si el actual gobierno evalúa que hay alguna cláusula negativa para los intereses del país. A causa de ello, Boyle no se librará de las declaraciones del sindicato Fentenapu sobre indicios de corrupción en esa institución.

Sin perjuicio de lo anterior, Boyle ha mostrado preocupación por incluir a las autoridades regionales y locales en el proceso de concesión de muchos puertos en los últimos años, como el Terminal Portuario (TP) de Salaverry y el Terminal Portuario de Paita. Se espera que se siga con este canal de promoción de la creación de megapuertos a lo largo del litoral peruano iniciado con el boom del desarrollo portuario en el 2007. Los compromisos de inversión superarían los US$3,000 millones, cifra sólo comparable con Panamá en América.

Otros temas que debe supervisar la APN en los próximos meses son la construcción del nuevo terminal de embarque de concentrados de minerales en el Callao y la concesión del TP General San Martín en Pisco.