¿Acaso es una pieza estratégica?

Durante el proceso de concesión del Muelle Norte del Callao, se intentó forzar una asociación entre Enapu y el operador al que se adjudicara esa concesión. El intento –con el fin, según el IPE, “de agradar a la tradicional dirigencia aprista de los trabajadores portuarios”– fue reducido a un costoso 17% de las utilidades de APM Terminal, operador que obtuvo la concesión. Con estas utilidades se buscaría pagar las pensiones que Enapu debe a sus trabajadores.

No obstante, esta solución no ha sido suficiente para los dirigentes de Enapu, quienes continúan reclamando que la concesión no era necesaria. Incluso, por esta razón, Mario Arbulú renunció a la presidencia en julio, y aún no tiene reemplazo. Los reclamos son claros: con la concesión, Enapu perdió el 90% de sus ingresos, con lo que subsidiaba a los otros 11 puertos del país, los cuales pasarán a manos del Estado.

Por otro lado, es conocida la ineficiencia de Enapu, que –según cifras del IPE– cobra 60% más por el uso del muelle que el promedio cobrado en puertos de DP World, Buenaventura, Valparaíso y Guayaquil. El nuevo gobierno –según lo que se infiere del plan de gobierno “La gran transformación”– entiende el problema de los elevados costos portuarios sólo como falta de infraestructura necesaria “para atender y/o atraer los megacarriers, que transfieren la carga de los contenedores al sur, norte y oriente del subcontinente”. Para Gana Perú, Enapu es una empresa estatal estratégica y, entre las acciones de política señaladas, se lee: “Modernizaremos Enapu y transformaremos el Callao como megapuerto continental competitivo. Recuperaremos la infraestructura de Paita y Matarani de sus ilegales privatizaciones (…)”. Queda por definir a quién se nombra para liderar tales aspiraciones.