Para evitar más conflictos entre comunidades y empresas

Como resultado de la negociación entre el gobierno aprista y el Partido Nacionalista en el proceso de la creación del Ministerio de la Cultura, la función de velar por el cumplimiento en el Perú del Convenio 169 de la OIT fue a parar dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Esto incluye el tan mencionado proceso de consulta previa a los pueblos indígenas. Es decir, que antes de que una empresa instale una operación en una zona en la que afecte a comunidades nativas tenga que consultarles previamente siguiendo un procedimiento definido. Esto, que según la Confiep no sería un problema, pues las empresas responsables siempre lo han hecho, ha sido malinterpretado en el Perú por algunos como un pedido de permiso a las comunidades afectadas, cuando ése no sería el objetivo de la norma. Primero, se trata de una consulta que queda registrada para luego, de haber conflictos, la pueda usar el Estado como punto de partida para mediar y resolverlo. Segundo, solamente incluye a las comunidades nativas y no a las comunidades campesinas, como pareciera que es la creencia en algunas zonas de la Sierra.

En ese sentido, el puesto de Clemente Vicente Otta, quien ha formado parte del grupo Ciudadanos por el Cambio (agrupación que también incluía a Félix Jiménez, Sinesio López y Nicolás Lynch, entre otros), como viceministro de interculturalidad es clave, porque dependiendo de cómo interprete el Convenio 169 puede ser un importante aliado de la empresa privada para evitar y resolver conflictos de distintos tipos o, por el contrario, ser un peligroso obstáculo para la instalación de cualquier operación nueva en una zona que afecta a una comunidad cualquiera. En sus declaraciones ha definido la consulta previa como “un instrumento jurídico para que se relacionen los estados y los pueblos indígenas” y que “va a permitir la presencia del Estado como un organismo que arbitra y pone orden”.