Microfinanzas: memoria selectiva

En el contexto de la aprobación de la Ley de Consulta Previa se volvió a poner sobre la mesa una de las propuestas electorales menores de la plataforma nacionalista: que el Banco de la Nación otorgue créditos directamente a microempresarios, como una iniciativa que supuestamente busca ayudarlos a que tengan acceso a préstamos a tasas de interés más favorables que las que brinda el mercado actualmente. El ministro de la Producción, Kurt Burneo, cuya trayectoria más sobresaliente quizás haya sido precisamente en el Banco de la Nación, ha insistido en esta propuesta. En alguna de sus últimas versiones comentó que el Estado debería dar créditos a las microempresas y pequeñas empresas (mypes) si en el mercado no había oferta, de tal manera que se aborden “las brechas de competitividad entre grandes empresas y mypes, para que estas últimas no tengan una alta mortalidad”. Por su lado, el congresista Javier Diez Canseco aprovechó para pedir mayor intervención del Estado en este mercado, y alegó que una mype solamente tiene la opción de pedir préstamo a alguno de los cuatro bancos que dominan el mercado. Y que eso justifica que el Banco de la Nación otorgue créditos directamente. 

Con respecto a esta propuesta y las justificaciones que se manejan hay que hacer varias aclaraciones. Primero, actualmente el Banco de la Nación ya tiene una función en el proceso de facilitar a las mypes el acceso al crédito, dado que trabaja con las entidades financieras que a su vez han estado penetrando en este mercado: cajas municipales, cajas rurales, edpymes. Participa otorgando líneas de crédito a estas instituciones y permitiéndoles usar sus ventanillas para que atiendan a las mypes en lugares en los que no opera la banca privada. En ese sentido, ya interviene, lo cual desmiente parte del discurso que algunos de los promotores de la iniciativa manejan.

Segundo, la función del Banco de la Nación es ser el agente financiero del Estado y no cuenta con la organización ni el recurso humano necesario para atender el sector del microcrédito. De hecho –según la ley de bancos vigente–, existen límites a la participación del Estado en la actividad bancaria, a excepción de Cofide, del Banco de la Nación, del Banco Agropecuario y de Mivivienda. Tampoco debemos olvidar que durante el gobierno de Alejandro Toledo se identificaron irregularidades en el funcionamiento de Agrobanco, al punto que la SBS tuvo que intervenir. Ni qué decir del reciente escándalo de corrupción en el Banco de Materiales. De hecho, la experiencia de la banca de fomento ya ha sido probada en el Perú en varias oportunidades con malos resultados. Por eso a inicios de la década de los noventa se vio como necesario liquidar las instituciones que había: Banco Agrario, Banco Minero, Banco Industrial, Banco de Vivienda y el Banco Central Hipotecario. No solamente no fueron efectivos en cumplir con el objetivo para el cual intervinieron en el mercado, sino que además perdieron dinero.

Tercero, la justificación de la teoría económica para la intervención del Estado en un mercado debería tener que ver con la corrección de una distorsión o ineficiencias de un mercado, siempre que la acción del Estado alivie el problema (ya que a veces no es posible). En ese sentido, se suele recomendar su intervención por medio de la regulación del mercado financiero. Considerando que el Perú ocupa el primer puesto de entorno para las microfinanzas, según el BID y la CAF, se hace difícil sostener que falta competencia en ese mercado.  Lo que debe atenderse son las razones de que esa tasa de interés que le preocupa al gobierno sea tan alta.

Cuarto, definitivamente hay razones para que la tasa de interés que estas entidades financieras ofrecen sea alta. Por eso la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito también se manifiesta en contra de la intervención del Banco de la Nación. Lo que se necesita es una regulación más flexible, que baje los costos de las financieras para evaluar a los clientes y que permita a su vez cobrar una tasa de interés menor. A su vez que simplifique el proceso por el cual los bancos puedan ingresar a este mercado y así fomentar más competencia. 

En todo caso, si se va a persistir en esta iniciativa, sería bueno que por lo menos la aten a la formalización de las microempresas y pequeñas empresas, de tal manera que la intervención del Estado en un mercado competitivo se justifique alegando que fue lo que hizo falta para reducir la informalidad en el que operan la mayoría de las mypes.