Abriendo espacios públicos

En el Perú, los espacios de trabajo conjunto público privado, en el mediano plazo, podrían ir mucho más allá de los grandes proyectos de inversión en marcha. A partir de recientes decisiones políticas y de posibilidades constitucionales usualmente pasadas por agua tibia, representantes de organizaciones privadas tienen la oportunidad de ganar mayor protagonismo en áreas que han pertenecido tradicionalmente al dominio público.

Diversos actores, diversos fines

La reciente decisión del canciller Rafael Rocangliolo relacionada con la conformación de un consejo consultivo de la sociedad civil para las relaciones exteriores (Coscirex) ha sido considerada un importante paso en la inclusión directa de diversos estamentos en las decisiones políticas. El consejo estaría integrado por representantes de la CGTP y demás organizaciones sindicales, la Asamblea Nacional de Rectores, la Confiep, la Asociación Civil Transparencia, Proética, el Consorcio de Investigación Económica y Social, la Confederación Campesina del Perú y otras agrupaciones. En el marco proporcionado por Torre Tagle, estas organizaciones privadas debatirían asuntos “como los vinculados a temas como democracia y derechos humanos”, con el fin de conciliar una agenda nacional común de cara al frente externo. En tanto, el gobierno se mantendría como el responsable de asuntos como las relaciones bilaterales multilaterales, seguridad, defensa y fronteras. “Debe diferenciarse entre política exterior, que compete exclusivamente al gobierno, y las relaciones exteriores, que son el espacio en que puede y debe participar la sociedad”, dice Roncagliolo.

Aun con estas aclaraciones, la iniciativa no está exenta de críticas debido, en primer lugar, a las dudas que se ciernen sobre la eficacia de un organismo con actores que poseen agendas de acción tan disímiles, y, en segundo lugar,  debido a la falta de precisión en las competencias del nuevo consejo. Y es que la idea no es exclusiva de la Cancillería peruana, sino que ha sido implementada ya en otros países de la región con resultados controvertidos. En Argentina, por ejemplo, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, promovido por la Cancillería de ese país durante los primeros meses de gestión del ex presidente Néstor Kirchner en el 2003, fue fundado inicialmente con el objeto de fomentar la participación de “organizaciones comunitarias, empresas, sindicatos, ONG, universidades, movimientos sociales, cooperativas y entidades intermedias” en la integración regional, sin debilitar o interferir en los asuntos de política exterior. Este consejo, sin embargo, ha ido ganando terreno en los debates públicos de diversa índole y eventualmente habría resultado una buena plataforma para que actores con intereses privados puedan ejercer presión política en temas internacionales como los vinculados con el comercio exterior. Más allá de la diversidad de los integrantes del Coscirex, delimitar de manera oportuna y clara las competencias del ecléctico consejo no parece una mala idea ante las evidencias regionales.

Un par más, por favor

Existe un segundo espacio en el que agentes privados podrían eventualmente ganar mayor protagonismo de cara a la arena pública. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –cuyo fin es seleccionar, nombrar y ratificar a los jueces y fiscales de la nación– está integrado por siete miembros elegidos entre los representantes del Poder Judicial, los fiscales supremos, los colegios profesionales y las universidades públicas y privadas del país.

Sin embargo, el artículo constitucional mencionado y el artículo 17 de la Ley Orgánica del CNM contemplan, además, la posibilidad de ampliar el número de miembros a nueve a través de la incorporación de un representante de los trabajadores y de uno de los empresarios –quienes en la práctica podrían ser seleccionados por organizaciones como la CGTP y la Confiep, respectivamente–. Previamente al cambio de gobierno del presente año, se supo que las centrales sindicales y patronales se encontraban negociando directamente con los miembros del CNM su posible inclusión. No obstante, el proceso se frustró debido a que, de acuerdo con representantes del CNM, la participación de trabajadores y empleadores no estaba considerada como parte del presupuesto del 2011.  Con el anteproyecto de reglamento ya listo para inclusión de ambos actores y la nueva partida presupuestal del 2012, se podría esperar que el próximo año se haga efectiva la ampliación en el número de miembros, lo que daría un espacio más para que representantes privados participen directamente en las instituciones públicas.