Violencia y corrupción amenazan:

Por Beatriz Boza

Directora ejecutiva de Ciudadanos al Día

 

En el terremoto de Pisco del 2007, el personal de la Sunat regresó a sus oficinas al tercer día del sismo y reestableció la completa operatividad de todos sus servicios en esa ciudad al quinto día. Ninguna información se perdió. Cuatro años después, los disturbios sociales del 26 de mayo en la ciudad destruyeron el Centro de Servicios al Contribuyente de Puno y la Intendencia de Aduanas; esta última aún hoy se encuentra destruida, pues fue víctima del vandalismo. No obstante ese ataque, la Sunat logró la absoluta continuidad ininterrumpida de sus operaciones en los aspectos aduaneros e informáticos, y le tomó hasta julio rehabilitar y, en su caso, implementar los locales donde actualmente operan estas dos dependencias. En un país de terremotos, huaicos, inundaciones, y ahora bloqueos, ataques y sabotajes, el Estado peruano tiene que estar preparado para no parar y poder seguir brindando servicios a los ciudadanos. La Sunat lidera las entidades estatales que cuentan con planes de continuidad de negocio ante un desastre.

 

Los primeros

Por la naturaleza de sus funciones regulatorias, el Osinergmin aborda dos tipos de riesgos para los cuales ha establecido procedimiento para asegurar que los diferentes operadores privados de energía, hidrocarburos y gas implementen planes de contingencia, a fin de atender cualquier desabastecimiento y garantizar la continuidad del servicio, así como cubrir daños a terceros. Para ello ha desarrollado un panel de indicadores de riesgos, internos y externos, que le permite mitigar los riesgos identificados.

 

El Reniec, en cambio, maneja un plan de contingencia a dos niveles para asegurar la operatividad de la entidad en materia de infraestructura institucional que soporta los servicios y la información que brinda contenido a los usuarios. El BCR, a su vez, tiene un completo plan de continuidad de negocio y la Defensoría del Pueblo no se queda atrás. Todas estas entidades cuentan con sistemas de gestión maduros, comparables con aquellos que caracterizan a las empresas más modernas del sector privado.  Así, de alguna manera, la Encuesta del Poder 2011 refleja la solvencia de estas entidades públicas, con un BCR que lidera largamente la lista.

 

Contar con una política de recuperación que permita continuar con la actividad de la organización en caso de una interrupción involuntaria supone un sistema eficaz de gestión de los procesos que componen la organización. Refleja una gerencia profesional que ha trascendido del mero procedimiento legal y del discurso de política para ocuparse de la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos de la organización (sean éstos económicos, de personas, información o regulación). Ello le permite a la gerencia, entre otros factores, analizar, potenciar, medir y controlar todas las interacciones e intercambios de recursos en la organización, y, sobre todo, garantizar la operatividad institucional.  En estas instituciones, los expedientes “no salen de vacaciones”, los trámites “no se paralizan por enfermedad” y los servicios “no descansan”, sino que siguen su curso, así el funcionario encargado esté de licencia, pues cada proceso siempre tiene a un responsable, y el espíritu del servicio al ciudadano se abre paso.

 

Haríamos bien en poner especial atención a este tema en un país de creciente inseguridad y latentes conflictos sociales, que han demostrado su efectividad para violentar no sólo la propiedad privada, sino también los activos en la administración pública. En ese sentido –como se desprende del caso de la Sunat en Pisco y en Puno–, un plan de continuidad de negocio permite proteger el acervo documentario del sector público, que resulta más importante que las edificaciones y equipos de la entidad, pues sin información no es posible comparar ni saber si estás mejorando ni menos aún rendir cuentas y luchar contra la corrupción.

 

Muchas de las entidades a las que nos hemos referido, con el BCR a la cabeza, cuentan, además, con personal profesional técnico y capaz que hace carrera en la entidad. A la par de contar con una gestión eficaz de sus procesos, estas entidades gestionan el clima laboral buscando aportar condiciones de desarrollo profesional a su personal. Nuestra legislación, sin embargo, no dota de todas las herramientas de gestión ni de la necesaria flexibilidad a estas entidades. Así, por ejemplo, muchas de estas “islas de modernidad” están agobiadas por personal poco idóneo para el cargo y del que no están en libertad de prescindir para el bien de la organización. Y jueces inescrupulosos ordenan reponer a trabajadores pese a haber sido cesados por causas justificadas. Ello claramente afecta su operatividad, y bien haríamos en encontrar maneras de permitir a estas entidades que han logrado desarrollar sistemas maduros de gestión (pienso en el BCR, la Sunat, el Osinergmin y la Reniec) que hagan una reingeniería eficaz para el bien de todos. Para ello se requerirá de una ley del Congreso.

 

No sorprende, pues, que, en la Encuesta del Poder 2011, el desempeño futuro de estas entidades, junto con la SBS, la otrora Conasev, el Indecopi y las reguladoras, sea percibido por los líderes de opinión en el sentido de que favorecerá la competitividad de nuestra economía en este quinquenio.

 

Los rezagados

Lo anterior contrasta con la situación de nuestros sistemas de seguridad, justicia y anticorrupción que están rezagados clamorosamente en la Encuesta del Poder 2011 y en la percepción generalizada de la población medida en otras encuestas. Una amplia mayoría de líderes considera que en este quinquenio el desempeño futuro del Poder Judicial (84%) y de la Policía (79%) desfavorecerá la competitividad de nuestra economía. Devida (60%) y el Tribunal Constitucional (56%) tampoco son percibidos con desempeño favorable, no obstante tratarse de entidades más jóvenes y, como tales, con menos lastres del pasado. 

 

Sin un sistema de administración de justicia que sea predecible y justo, el cumplimiento de lo pactado depende cada vez más de conocer bien y, sobre todo, llevarse bien con la contraparte. Sin integridad en la gestión pública, los escasos recursos del Estado nunca llegarán a los más necesitados, y la inclusión social terminará como una promesa desgastada y otra expectativa ciudadana frustrada. Y sin tranquilidad para movilizarnos seguros por las calles se debilita aún más la confianza ciudadana en el principio de autoridad. Todo ello afecta el clima de negocios, impacta negativamente en la competitividad de nuestra economía y aleja aún más la generación de nuevos puestos de trabajo para más peruanos. Y así lo perciben los líderes encuestados.

 

El problema de nuestra administración de justicia y de la seguridad ciudadana es claramente uno de personas, pero también del sistema en sí; esto es de la cultura institucional que constituye, en última instancia, un tema de personas también. Para comenzar, al igual que en las islas de modernidad, en estas entidades se deben repensar los procesos institucionales, buscando estandarizar formatos, articular sistemas de registro de información, desarrollar indicadores y mecanismos de control, de manera que los empleados públicos tengan claridad en qué y cómo hacer lo que les corresponde. Y toca invertir en trabajar con los funcionarios para capacitarlos, incentivarlos y orientarlos a resultados. Ésa es la gran tarea pendiente.

 

Según criterio de los líderes encuestados, sin embargo, no veremos mayores cambios en estos tres temas cruciales para desarrollar el país: justicia, seguridad y lucha contra la corrupción. De ellos, 64% considera que al final del gobierno del presidente Humala la situación de la administración de justicia estará igual que ahora, con porcentajes que se neutralizan entre sí: los que creen que estará mejor y peor. 49% cree lo mismo del control de la corrupción y 44% respecto de la seguridad ciudadana, aunque en este último caso el porcentaje que considera que la seguridad estará mejor (34%) es superior que el de los pesimistas (22%).

 

La esperanza

Los líderes de opinión que responden la Encuesta del Poder creen que la pobreza y la educación estarán mejor al final del gobierno de Ollanta Humala. ¿Deseo o anticipo de realidad? Ello depende, en gran parte, de factores internos y externos a nuestra economía, pero, en cualquier caso, resulta imprescindible contar con una gestión eficaz y orientada a resultados.

 

Es interesante que el puntaje más alto de percepción de mejoría al concluir el gobierno actual (50%) lo registren la infraestructura para el desarrollo y la situación de los más pobres. Esto evidenciaría que, para los líderes encuestados, la inversión en infraestructura es una herramienta de lucha contra la pobreza. Muy vinculada a esa ecuación (más inversión en infraestructura = menos pobreza) está la percepción favorable que registra el desempeño futuro de dos entidades de promoción, ProInversión (81%) y PromPerú (88%), y de la entidad reguladora del mercado de valores (89%).    

 

Para que la promesa de reducción de la pobreza se traduzca en realidad se requerirá de eficacia en la gestión de los programas sociales. La conformación del nuevo ministerio podría ser la clave para esto. Y la fusión de las distintas iniciativas de lucha contra la pobreza puede resultar un búmeranen cuanto a comunicación política. ¿Cómo así? Para comenzar, la mudanza y los cambios de personal, de sistemas de registro y de ubicación de archivos resultantes de la fusión dificultan considerablemente cualquier esfuerzo de sistematización y aprendizaje de mejores prácticas, identificación de oportunidades de mejora y generación de conocimiento práctico. Con ello es altamente probable que perderemos en el proceso una parte significativa de conocimiento operativo. Y no sólo eso, sino que también se imposibilitará cualquier comparación de costos unitarios con la gestión anterior e incluso el proceso de auditoría de la gestión anterior.

 

Más allá de los desafíos de la fusión, necesitamos pensar en la importancia de planes de negocios en entidades que brindan servicios básicos, como las entidades del sistema nacional de salud. Aquí el desafío es uno de gestión. Necesitamos mejores gestores públicos que lideren la gran transformación social del Estado. Hoy podemos encontrar a esos gestores en los sectores económicos del Estado, y quizás la nueva ministra de la Inclusión Social deba buscar jalarse a varios de ellos. ¡Gente capaz hay en el Estado peruano! 

 

El flagelo de la corrupción

El gran tema sin solución a la vista sigue siendo uno que atraviesa la médula estatal: la necesidad de garantizar la integridad en la gestión de los recursos del Estado. Esto es particularmente grave en un país donde más de la mitad de sus ciudadanos vive en condiciones de pobreza, pues la corrupción en el Perú, como acaban de demostrar Gustavo Yamada, de la Universidad del Pacífico, afecta más a los más pobres. Las coimas que tienen que pagar los más pobres pueden llegar a representar el 11.8% de sus ingresos, según estos investigadores, frente a un costo equivalente a menos del 3% en el caso de los no pobres.

La corrupción no es sólo una promesa electoral, sino también un pacto ético de convivencia en el país. A nuestros líderes, públicos y privados, les toca demostrar energía, convicción y pasión para desterrarla, y tienen que ser implacables con ella, caiga quien caiga.

A su vez, la creciente ola de violencia que experimentamos en las ciudades puede poner en jaque todo nuestro sistema democrático. O nos ordenamos y combatimos la delincuencia, o podemos terminar al igual que México entre un fuego cruzado.
 

En una sociedad donde el cumplimiento de la ley no es la regla y en la que los líderes de opinión anticipan que en estos cinco años la legitimidad de la democracia estará igual o peor que en la actualidad, el flagelo de la corrupción es una amenaza seria para la convivencia pacífica. Si dejamos que se nos escape de las manos, no habrá continuidad de negocios posible.