Renovación de la concesión de Telefónica: definiendo prioridades

Leyes, valorizaciones y hasta controversias tributarias se mezclan aún sin definir las prioridades del gobierno en la explotación del espectro radioeléctrico

Han pasado más de dos años desde que se inició el proceso de renovación de las dos concesiones de Telefónica Móviles (TM) para prestar el servicio público de telefonía móvil en Lima y Callao, y aún no sale humo blanco. Por el contrario, el panorama continúa muy nublado.

Pese a que el MTC ha optado por guardar silencio en los últimos días, se tiene conocimiento de que el ente público ha contratado por lo menos dos consultorías para definir su posición. La primera de ellas evaluaría el régimen jurídico aplicable a la renovación. La segunda consultoría tendría que ver con la valorización económica del derecho de renovación, es decir, ¿cuánto tendría que pagar TM por el derecho a seguir participando en el mercado?

En ese orden, la negociación habría seguido el procedimiento previsto en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y el contrato tipo de concesión única. De hecho, el gobierno precedente culminó con la negociación el 24 de julio del 2011, por lo que el verdadero motivo de la suspensión sería el económico: ¿cuánto se debe pagar por la renovación?

La legislación actual no prevé un monto a pagarse por la renovación de un contrato de concesión, como sí lo hace en el caso del derecho de concesión inicial. Así, un operador que recién ingresa al mercado debería pagar 0.25% de la inversión a realizar durante el primer año, aunque, en el caso de los servicios móviles, este monto ha sido fijado ad hoc en las bases de los concursos públicos realizados.

Frente al silencio normativo, caben dos alternativas: 1) la renovación no debería estar sujeta a un pago, más allá de los compromisos asumidos con el Estado durante la negociación (valorizados por el MTC del anterior gobierno en US$650 millones entre servicios y compromisos de inversión), como señala Dennis Fernández, vicepresidente de Telefónica del Perú (TdP); o 2) se debería efectuar una valorización del derecho a la renovación, opción que parecería reflejar la postura actual del MTC, y que explicaría la consultoría económica.

La posición de TdP es compartida por Liliana Ruiz, presidenta de la consultora Alterna Perú, quien se muestra escéptica de que el Estado pida dinero por el derecho de renovación, debido a que ni el contrato ni la legislación en telecomunicaciones condicionan la renovación de la concesión al pago de un derecho. Una opinión distinta y más cercana a la postura del MTC es la de Carlos Huamán, director de negocios de DN Consultores, quien manifiesta que los 50 Mhz de espectro radioeléctrico en juego tienen un valor de negocio para TM que debería ser retribuido.

En el escenario de la valorización también hay dos alternativas. Osiptel utilizó el método de flujo de caja descontado para valorizar la banda concesionada en US$831 millones. Por su parte, DN Consultores efectuó un análisis de transacciones comparables. Para ello –explica Huamán– se consideró lo que se pagó al Estado ecuatoriano en el 2008, cuando se renovaron las concesiones de Claro y Movistar, y se ajustó ese monto por la mayor banda de frecuencia en juego y el mayor número de usuarios en el Perú, razón por la cual el cálculo arrojaría un monto cercano a US$1,000 millones.

A la espera de los resultados de las consultorías del MTC, surge la duda acerca de cuál debería ser el propósito estatal al reactivarse la negociación: ¿garantizar la inversión y explotación del espectro radioeléctrico, o asegurar mayores ingresos a las arcas públicas con miras a una posterior redistribución? Geoffrey Cannock, socio de APOYO Consultoría, privilegia el primer objetivo. “No se trata de negociar por negociar. Hay espectro por asignar y no hay una cola de gente que pugne por entrar al mercado”, acota. Sin duda, las demandas del gobierno en este proceso de renovación podrían evidenciar sus prioridades no sólo respecto a TM o al espectro radioeléctrico en particular, sino también frente a la explotación privada de recursos naturales en general.