No hay punto medio

Desde hace casi dos meses se discute en el Congreso el Proyecto de Ley 43/2011-PE, que busca eliminar retroactivamente los beneficios tributarios a favor de las instituciones educativas privadas (IEP). De prosperar este proyecto, por un lado, se eliminarían los beneficios tributarios a futuro y, por otro lado, la Sunat estaría facultada a cobrar los millonarios tributos que se dejaron de pagar entre el 2000 y el 2008, debido a la Ley 29766. En un frente están el Poder Ejecutivo, que sostiene que el beneficio expiró en 1999, y la Sunat, que exige el pago de la supuesta deuda. En el otro extremo, está la férrea defensa de la validez del beneficio tributario por parte la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), presidida por Luis Bustamante Belaunde.

Desde que se inició el debate, no se ha podido llegar a un punto medio conveniente para ambas partes y probablemente ni siquiera se haya intentado hacerlo. Y es que ambas partes no están diferenciando en su discurso las consecuencias del cobro retroactivo y las del cobro a futuro. El cobro retroactivo sería de una suma mayor a S/.150 millones, según la Sunat. Por un lado, cobrar esa suma ayudaría a que el gobierno cumpla con todas las obras sociales que se han venido prometiendo desde épocas electorales; por otro, cobrar esos impuestos a futuro estaría de acuerdo con la promesa del gobierno de ampliar la base tributaria. La Fipes, desde el otro extremo, sostiene que la cancelación del beneficio tributario y la obligación de un pago retroactivo –sin diferenciar las consecuencias de ambos casos– conllevarán a un aumento de las pensiones en las universidades privadas. Como argumentos en su defensa frente a la Comisión de Economía del Congreso, Bustamante Belaunde indicó que las IEP no estarían en capacidad de pagar y que cerrarían, pero no especificó si se refería sólo a la deuda retroactiva o si estaba incluyendo también los pagos a futuro.

Como se recuerda, el asunto, que empezó en 1996 (ver la cronología), permitió que las IEP con elevada rentabilidad financiaran sus proyectos reinvirtiendo sus utilidades, en lugar de pagar impuestos. Con esta ayuda, las IEP llegaron a invertir cerca de S/.611 millones entre el 2000 y el 2008. Lo anterior no sólo es muestra de la elevada rentabilidad que pueden tener las empresas educativas bien gestionadas, sino también de que hoy el sector no necesitaría subsidios estatales para desarrollarse.

Finalmente, cabe destacar que la ley que se pretende derogar (Ley 29766) fue aprobada el 23 de julio de este año por el Congreso saliente, sin pasar por la comisión respectiva ni someterse a segunda votación. La última información recogida por esta publicación es que se conformaría una subcomisión especial en la Comisión de Educación del Congreso para evaluar el proyecto derogatorio. Por lo pronto, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ya lo evalúa.