Comida gravada

Causó interés y revuelo la propuesta de lanzar un impuesto a la comida basura como una estrategia que busque desincentivar su consumo en la población; esto ante la preocupación por la obesidad en el Perú.  Si bien esta propuesta tiene varios problemas de aplicación práctica, entre los que sobresalen la dificultad para establecer una definición funcional de “comida chatarra” y la presencia de un extenso sector informal que ofrece comida de baja calidad a la población y que definitivamente no sería afectado por este nuevo impuesto, vale la pena comentar la lógica microeconómica detrás de ella.

En teoría se trataría de una especie de impuesto selectivo al consumo que elevaría el precio de los productos que serían definidos como “chatarra”.  Para esto habría que previamente definir técnicamente qué es “comida chatarra”.  Por supuesto, esto debe hacerse bajo parámetros medibles y reproducibles.  En los medios se han comentado distintas opciones que tienen que ver con el contenido de la comida.  Si esto no se puede hacer, cualquier discusión adicional sería un mero ejercicio académico.

En todo caso, la lógica del incremento del precio para desincentivar el consumo de un producto no es una práctica nueva ni novedosa.  En el Perú se propuso aplicar cambios –y se supone que gradualmente estamos yendo en esa dirección– para corregir el hecho de que los combustibles más contaminantes sean los más baratos.  Con un impuesto selectivo al consumo se pretendía alterar esa situación, de tal manera que los precios al consumidor de ciertas gasolinas fuesen más caros y de esa manera la gente prefiriera utilizar los que contaminan menos. 

El caso de los combustibles

La idea detrás de esto es que comprar la gasolina más barata (y más contaminante) puede ser la decisión más eficiente a nivel personal (gasto menos por más kilometraje).  No obstante, esto se da porque hay un costo que el individuo le genera a la sociedad, y no lo paga él solo.  La fracción del costo que él paga es tan pequeña que no es suficiente para alterar su conducta y evitarle ese valor a la sociedad.  Al introducir el impuesto selectivo al consumo, se pretende incorporar ese importe al proceso de decisiones del individuo.

En el caso específico del ISC a los combustibles, lo que se definió fue un monto fijo a ser pagado por galón. La última modificación data del 2011, cuando el MEF alteró los plazos definidos para los cambios graduales, y postergó el incremento del ISC a los combustibles más contaminantes para el 2014.  De esta manera, se vuelve a patear los plazos introducidos en el 2008, cuando se implementaron los criterios de proporcionalidad al grado de nocividad por los contaminantes que contengan los combustibles en detrimento de la salud.  En el 2007, antes de que se introdujera este concepto, el precio de la gasolina de 97 (una de las menos contaminantes) estaba compuesto en 27% por el ISC, mientras que el precio del diésel 2 (uno de los más contaminantes) lo presentaba en 17%.  Esto porque los criterios para definirlos no consideraba la variable del daño que generaban.

Para el 2011 se han ido dando algunos cambios, pero la estructura sigue beneficiando a los más contaminantes.  La gasolina de 97 paga más de S/.2.20 por galón, mientras que el diésel B2 paga menos de S/.1.45. 

Pérdida de eficiencia social

Existe un segundo efecto de esta medida: la captación de más recursos que el Estado puede utilizar para distintas obras o programas que en teoría incrementen el bienestar social de la población en general o de específicamente la gente afectada por la decisión del individuo de persistir en consumir el producto en cuestión.  Este efecto es un elemento distinto del análisis, pero es un detalle que hay que considerar.  Por ejemplo, en la discusión del cambio de la estructura del impuesto selectivo al consumo a los combustibles rara vez se mencionó qué se haría con el dinero adicional que se captaría por el cambio.  El objetivo es simplemente desincentivar el uso de un combustible y fomentar otro.

Todo esto lleva a que la inclusión de un impuesto de este tipo requiera de un análisis que en su versión más simple sopese lo que se gana versus lo que se pierde. Es decir, la pérdida de eficiencia social que se genera por interferir con los mecanismos de mercado que permiten que la oferta y la demanda determinen su propio precio de equilibrio y su propia cantidad demandada y ofrecida tiene que ser menor que el incremento en bienestar social que se genera en reducción de problemas médicos, de gastos en tratamientos, etc.  Si esa condición no se cumple, no tiene sentido la aplicación de la medida. 

Nadie discute que la obesidad sea un problema grave y que preocupe mucho. Pero hay muchas maneras de enfrentarla. No sale a cuenta encasillarse en una de las muchas formas que hay de abordar este mal. Desde fomentar mayor formalización en el sector en general hasta implementar campañas de educación sobre correcta alimentación.