Si no hubiera habido autogolpes en la vida tan fuertes

El reloj marcaba las 10:36 pm del 5 de abril de 1992 cuando las diferentes señales televisivas del Perú difundieron un mensaje a la Nación grabado horas antes por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. El Poder Ejecutivo había decidido disolver el Congreso de la República y declarar en reorganización el Poder Judicial. Fuerzas militares tomaban el control de los principales medios de comunicación y cercaban las casas de los principales líderes políticos de oposición al régimen. Una encuesta de APOYO Opinión y Mercado efectuada dos días después del anuncio reportaba que el 71 por ciento de los limeños apoyaba el cierre del Parlamento y el 89 por ciento, la reestructuración del Poder Judicial. Lo llamaron casi coloquialmente “autogolpe de Estado”, y como tal quedó acuñado para la posteridad.

Aunque el horizonte temporal que permite analizar el hecho no es amplio, los más de 15 años desde entonces ya han permitido, por ejemplo, conocer con alto grado de convicción que las decisiones anunciadas por el gobierno de Fujimori esa noche de 1992 habían sido tramadas con antelación y, posiblemente, como parte de un bien urdido proyecto de régimen de larga duración. Lo que difícilmente arrojen como respuesta certera los calendarios venideros es qué habría ocurrido con el devenir político, económico y social del país si el autogolpe no hubiera sido ejecutado. Para ensayar ese abstracto, pero interesante ejercicio, abren espacio las siguientes líneas.

 

Desde el punto de vista político

El principal móvil explícito del régimen fujimorista para ejecutar el autogolpe fue su supuesta imposibilidad de gestionar de modo eficiente debido a la poca celeridad que el parlamento le transmitía para ejecutar sus políticas de Estado. “Dicho con absoluta franqueza, Fujimori sí habría podido gobernar con mayoría en el Congreso. Libertad, Acción Popular y el PPC se hubieran podido inclinar para gobernar con lo que entonces era Cambio 90 con algo más de diálogo porque las relaciones eran cordiales y nada tirantes”, opina Felipe Osterling, presidente de la Cámara de Senadores en la fecha del autogolpe.

El jurista recuerda, también, que fueron dos los temas legislativos que aparentemente provocaron el quiebre. El primero fue el cuestionamiento a la capacidad presidencial de observar la Ley de Presupuesto para el año 1992, y el segundo –y más agudo– la llamada ley de control de los actos del Poder Ejecutivo, que limitaba la promulgación de los conocidos decretos supremos de urgencia. Para José Luis Sardón, director ejecutivo de la Sociedad de Economía y Derecho de la UPC, este último aspecto es clave ya que limitaba, por ejemplo, las facultades de declarar el estado de emergencia o establecer regímenes de excepción, “algo que constituiría una clarísima invasión de los fueros institucionales de la presidencia en cualquier lugar y no sólo en atención a la coyuntura de violencia que vivía el país”. El catedrático apunta, además, que hasta aquella época ningún gobierno sin mayoría parlamentaria había conseguido culminar su mandato sin algún tipo de ruptura del orden constitucional –ello sólo lo ha logrado luego el gobierno de Alejandro Toledo–, lo que haría imposible asegurar que un régimen con 21 por ciento de presencia parlamentaria como el de Cambio 90 hubiera llegado a 1995.

 

Desde el punto de vista social

En opinión de Sardón, si bien el autogolpe no sirvió para echar bases institucionales sólidas en el Perú de Fujimori, sí fue necesario para crear las condiciones políticas necesarias para que las fuerzas del orden actuaran de manera eficaz en la lucha antisubversiva. “Esto es un juicio político, basado no sólo en lo que se ha pensado sino también en lo vivido. No se puede ser historiador del presente”, acota el politólogo. Carlos Basombrío, sociólogo y analista político, tiene una visión opuesta: “Creo que se podría suponer con certeza que la derrota de Sendero Luminoso se habría producido con o sin autogolpe porque su desencadenante fue la captura de Abimael Guzmán, algo que está demostrado que ocurrió sin participación de Fujimori ni (Vladimiro) Montesinos”.

En esa línea, no puede perderse de vista que los principales argumentos reeleccionistas de Fujimori en 1995 ante la masa fueron el control de la inflación heredada del primer gobierno de Alan García y, justamente, la derrota del terrorismo. Y aunque estos acontecimientos de éxito podrían haber ocurrido sin autogolpe de por medio, ello tampoco habría sido una carta de éxito asegurado para algún candidato sucesor del partido de gobierno. “Con la derrota de Jaime Yoshiyama en las elecciones municipales de noviembre de 1995, en plena cúspide de la popularidad del fujimorismo, quedó claro que éste siempre tuvo incapacidad de endose”, señala Basombrío.

 

Desde el punto de vista económico

De lo último se desprende que un gobierno no autoritario de Fujimori podría haber visto complicada la continuidad, cuanto menos, de algunas de las reformas estructurales que planteó, sobre todo en materia económica.

“Me da la impresión de que habría sido una reforma mucho más paulatina, gradual. No estoy diciendo que hubiera sido algo positivo o negativo, pero es muy probable que todos los cambios que el régimen económico de Carlos Boloña planteó desde el autogolpe hasta 1994 hubieran requerido hacerse de a pocos hasta el año 2000”, indica Jürgen Schuldt, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Para el catedrático, un factor decisivo en este sentido está relacionado con la apertura a flujos de inversión extranjera directa, “lo que haría que el país no tuviera un boom minero como el que hoy experimenta, por ejemplo”.

Sea como fuere, es también cierto que la tendencia global hacia una mayor apertura económica post-Consenso de Washington hubiera terminado arrastrando al país de alguna forma durante los noventa, salvo alguna reversión absoluta de políticas que ha estado, en cambio, cercana de producirse en coyunturas electorales más recientes. La década pasada dejó su huella, y a ella la marcó un profundo autogolpe que, para mal o bien, determina mucho de lo que es el Perú de estos días.

Roberto Castro Lizarbe

* Analista de Perú Económico